La puerta giratoria de las adicciones

Germán de los Santos

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El problema de las adicciones nunca se instaló en la agenda pública, a diferencia de lo que ocurre con los problemas de seguridad que provoca la venta de drogas y la violencia que genera el narcomenudeo en las principales ciudades de la provincia como Santa Fe y Rosario.

Aunque parezca increíble, el Estado dejó durante esa especie de apagón estadístico, que ocurrió durante la gestión de Cristina Fernández, de tabular esa realidad atada a las adicciones. El único estudio serio que se realiza sobre el tema es el que desarrolla el Observatorio de la Deuda Social, dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA), cuyos datos son demoledores.

En el último informe de 2015, la UCA advierte que el 22,1% de los jóvenes de entre 17 y 25 años que viven en asentamientos informales consume sustancias ilegales, al menos mensualmente. La mayor vulnerabilidad de esa franja etaria frente a este flagelo está dada por su particular contexto de exclusión social y por la notoria ausencia del Estado.

Esa realidad está ajena a toda agenda política, tanto del oficialismo como de la oposición. A muy pocos parece interesarles ese problema de salud. Sólo importa el problema de seguridad. Esta semana un grupo de jueces trató de ponerlo en agenda al elevar un pedido al gobernador Miguel Lifschitz y a los sendos presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados provinciales para que agilicen los dos proyectos que sancionó la Legislatura el año pasado, los cuales prevén el abordaje de jóvenes que están en conflicto con la ley por problemas de “consumo problemático” de drogas.

El juez penal Luis María Caterina fue uno de los magistrados que encabezó esta reacción. Y fue muy claro al explicar los motivos del pedido al gobernador. “Lo que necesitamos es que hagan algo urgente porque vemos que uno de los pilares del problema de la inseguridad es la cantidad de adictos con consumo problemático, para lo cual no tenemos lugares de internación ni sistema para abordar esta problemática, la cual es vital”, apuntó el magistrado.

“Si a ese joven no le solucionamos el consumo problemático, no le ofrecemos un trabajo ni tampoco la educación, ¿para qué sirve todo el gasto que se realiza en el sistema carcelario y policial? Si no, terminamos en que necesitamos más policías y más patrulleros, cuando en realidad tenemos que prevenir un montón de situaciones, por eso estamos preocupados por este tema”, cuestionó.

Caterina aseguró que “no hay coberturas en los lugares de detención, donde se encuentran muchos chicos con niveles de consumo problemático, lo cual se transforma en un círculo vicioso sin solución”.

Caterina y Gustavo Pérez de Urrechu explicaron que a fines del año pasado, la Legislatura sancionó una ley que establecía la creación de centros de tratamiento de adicciones para personas con consumos problemáticos en los 19 departamentos. Pero el Poder Ejecutivo lo vetó y decidió mandar otro proyecto.

El magistrado calculó que de las 40 ó 50 audiencias diarias no menos de la mitad es por chicos o jóvenes con consumo problemático. “No tenemos dónde ponerlos si quedan detenidos, o como tratarlos si necesitan un tratamiento ambulatorio” explicó.

Esa realidad está ajena a toda agenda política, tanto del oficialismo como de la oposición.

Uno de los pilares del problema de la inseguridad es la cantidad de adictos con consumo problemático.