Galdeano: "Las coincidencias planteadas nos permiten acompañar el proceso de reforma"

Guillermo Dozo

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—¿Hace unos días ingresó el mensaje del Ejecutivo, que propone la reforma parcial de la Constitución de la provincia. ¿Cuáles son las primeras impresiones que se tiene del proyecto?

—La primera lectura es que el tema de la reforma de la Constitución tiene un nivel de instalación interesante, tanto en la opinión pública, en los medios de comunicación, como en la dirigencia política. Eso no es un hecho menor. Creo que en eso el gobernador ha logrado superar la primera barrera y es que, por lo menos, haya una mirada interesada sobre cómo va el derrotero del propio proyecto de la posibilidad de modificar la carta magna. Todos los partidos nos hemos manifestado reformistas. Eso no significa que estemos acompañando este mensaje, pero sí que, al menos, todos entendemos que es necesaria una actualización constitucional en Santa Fe. El mensaje de alguna manera recepta los trabajos que se habían hecho en algún momento en el marco del Frente Progresista dentro de una comisión que funcionó en la gestión de Hermes Binner, integrada por Raúl Lamberto, Santiago Mascheroni y Hugo Marcucci que derivó en el mensaje que el gobernador Binner envió a la Legislatura. También incorpora otras cuestiones no sólo la reelección del gobernador o la limitación de otros cargos electivos sino, también, el balotaje, la neutralidad religiosa del Estado, la intransferibilidad de Servicios Públicos y Caja de Jubilaciones, la paridad de género tanto en las listas como en los cuerpos parlamentarios, en fin, una serie de temas que necesariamente habían sido conversados en el seno de los partidos políticos o sobre los cuales los partidos no habían tenido un debate interno y, por lo tanto, una posición pública o sintetizada.

El proceso comenzó como debe ser, que es con la consulta a las diversas fuerzas políticas y también en algunas iniciativas que tienen más que ver con la sociedad civil, pero la mayoría calificada que requiere la Constitución para declarar la necesidad de reformarse no es sencilla de obtener. Toda reforma constitucional, además del contenido o alcance de la misma, requiere un proceso electoral. En un proceso electoral intervienen los partidos políticos, y en ese proceso hay quien gana una elección y hay quien pierde; ergo, tiene un impacto en las expectativas políticas de las fuerzas democráticas y eso también puede implicar que haya quienes vean con mayor interés, al menos en la oportunidad de la reforma y otros que prefieran dilatar este proceso hacia adelante.

—Desde el primer gobierno de Obeid para acá todos los gobernadores han intentado reformar la Constitución, que era muy moderna en la década del 60 pero que quedó desactualizada, fundamentalmente a partir de la reforma de la CN del 94. Todos los partidos políticos se manifiestan reformistas pero aparentemente siempre surge alguna traba política para alcanzar la reforma...

—Creo que, en parte, tiene que ver con que, en general, siempre se termina planteando sobre el filo de los tiempos políticos. No recuerdo, al menos, un planteo de reforma constitucional primero que no incluya a quien ejerce la magistratura en ese momento y segundo que sea, por lo menos, a mediano plazo. Si es un año electoral para hacerlo en conjunto con las elecciones que vienen en ese ejercicio, y si no es un año electoral para que se haga lo más rápido posible en un año. Y creo que eso acota las posibilidades de tener éxito. Por eso no ha habido un resultado positivo en toda esta etapa democrática...

—Sin embargo hay que reconocer una ronda de diálogo sobre la reforma constitucional al inicio de la gestión del gobernador Miguel Lifschitz...

—Sí, pero esa ronda que fue a mediados de 2016 de alguna manera fue congelada en función de que se dio una coyuntura muy compleja con el tema de violencia e inseguridad debido a que la ciudad de Rosario se vio atravesada por las marchas de Rosario Sangra, por lo que aparecía como muy inoportuno intentar proseguir.
Entonces, de alguna manera lo que hubiera sido inédito, que en 2016 se comenzara a hablar de una reforma para ser tratada en el 2018, se vio truncado por esta realidad. Obviamente que no es responsabilidad de nadie, pero fue la decisión política de ese momento de no continuar con el proceso de diálogo que habíamos iniciado las fuerzas políticas, dado que no era políticamente correcto hacerlo. No es sencillo que la sociedad comprenda la dimensión y la jerarquía institucional que tiene una reforma constitucional. Ese proceso podría haber tenido otro éxito si se pensaba a dos años vista como se pensó, pero bueno, se frustró por estas cuestiones que hay que ir midiendo el termómetro social sobre este tema y la marcha de las decisiones políticas. No es fácil. Por eso valoro mucho que el gobernador haya logrado instalar este tema en la opinión pública santafesina, sabiendo que hoy las urgencias del ciudadano pasan por la inseguridad, la violencia, la inflación, el empleo... Son otros temas y sin embargo, sin un retroceso en su imagen pública ha logrado instalar este tema. Creo que la sociedad todavía no lo dimensiona en su total magnitud y eso le quita algo de legitimidad al proceso de reforma, pero, por lo menos, se está conversando y algunos temas de la reforma constitucional ya están en la discusión.

—La UCR ¿qué decisiones está asumiendo?

—Tal como las otras fuerzas políticas, somos reformistas. Creemos que gran parte de lo que está planteado en el mensaje nos permite acompañarlos, porque estamos en un marco de coincidencias. Sí, tenemos dudas de algunos temas nuevos que se han incorporado, o al menos yo tengo algunas dudas sobre el alcance que puedan tener. El proceso ideal, al menos en mi juicio, sería con un núcleo de coincidencias que hoy no está planteado en el mensaje. Hay coincidencias respecto de los artículos a reformar en el proyecto de ley de necesidad, pero no hacia dónde se direcciona esa modificación. También tiene su lógica porque la voluntad popular es la que elige a sus representantes y son ellos los que determinan, pero ahí vienen los intereses partidarios o de los precandidatos de las fuerzas políticas y puede haber una actitud más conservadora respecto de la reforma, si esto se plantea solamente de esta manera. Y en algunos temas habría que direccionar el sentido de la modificación constitucional que se busca.

—Esto anticipa un fuerte debate del proyecto en las Cámaras.

—Y sí. Dentro del radicalismo no tenemos quienes estén acompañándolo tal cual como ha ingresado. Sí quienes tienen expectativa o tenemos expectativas de acompañarlo pero con algunos cambios. Un ejemplo es la paridad de género en la Constitución. Hay quienes sostienen que no debería estar la cuestión de la paridad. Y hay quienes tienen duda respecto de que la estatuyente no pueda establecer la paridad de género en los cuerpos. Entonces si un senador que tiene expectativas de continuar con otro período y que tiene como obligación llevar a una mujer de suplente, pero a resultas de las elecciones al cuerpo llegan 19 varones puede ocurrir que terminen sorteándose qué departamentos tienen que invertir la fórmula y el suplente pasar a ser el titular. Esta situación a algunos les puede gustar a otros nos puede no gustar, pero lo que seguramente no va a tener es el consenso de los senadores para que lo voten. Entonces esas cuestiones hay que ir conversándolas para ver qué temas se modifican pero, en definitiva, tenemos voluntad para que haya una posibilidad de acompañamiento.

—Otro tema que surge como duda es el tema de los tiempos...

—Los tiempos son altamente complejos. No hacer Paso acorta los plazos de la elección, pero dificulta la selección de los candidatos en los partidos. Puede haber una lluvia de impugnaciones en algunas fuerzas políticas por el proceso que se dé para la elección de candidatos... no va a ser sencillo.

Autonomía de municipios y comunas

—El radicalismo siempre ha sido un fuerte defensor del municipalismo, ¿qué opinión tiene de las modificaciones que se introducen?

—En general estamos de acuerdo. No se le da un alcance pleno a la autonomía municipal en el mensaje, pero sí se plantea el tema. La autonomía municipal sin la autarquía y sin la administración de recursos en un entendimiento con la provincia es muy difícil de materializar; ergo, podremos declamar la autonomía, pero si no estamos dispuestos a darle los recursos que correspondan no va a ser sencillo de llevar adelante. Creo sí que es un buen momento para instalar la autonomía plena de los municipios, dado que estamos con un proceso de reforma tributaria importante que viene del Consenso Fiscal firmado con Nación. O sea, para ponerlo en claro. Si vamos a no tener más ingresos brutos en cinco años, o no tener más impuestos a los sellos, tales los compromisos asumidos en el Consenso Fiscal, entonces vamos a financiar al Estado provincial con impuestos que hoy se coparticipan prácticamente en su totalidad hacia los municipios, como lo son Inmobiliario y Patente Automotor. En conclusión, es un buen momento para plantear realmente la autonomía de los municipios y, si fracasara este proyecto, creo que habría que hacerlo por ley, a la brevedad. No puede ser que Córdoba hace 20 años tiene consagrada la autonomía de sus municipios y nosotros todavía estamos discutiendo esto... Personalmente creo que la autonomía podría operar en pleno derecho por efecto de la CN de 1994, pero siempre se utiliza como un elemento que justifica la reforma constitucional en la provincia. Pero si se logra la autonomía, bienvenido sea. Hace unos días me llamaba el intendente de Las Rosas, indignado porque una repartición provincial lo había multado por podar un árbol sin autorización. Ocurre que por la Ley de Arbolado Público provincial, el intendente tiene que pedir permiso a la provincia para cortar un árbol o para controlar a un negocio en lo que hace a bromatología o salubridad. Son todas cuestiones arcaicas que no hacen al funcionamiento moderno ni de un municipio ni de un Estado. Y ese diseño del Estado habrá que adaptarlo a los tiempos que corren.

En otro tramo de la entrevista, Julián Galdeano abordó varios temas vinculados a la administración de Justicia, jury de enjuiciamiento y funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, entre otros temas.

—Uno de los temas incluidos en el mensaje tiene que ver con el Consejo de la Magistratura...

—En eso no tenemos una posición uniforme en el Radicalismo. En particular a mí me preocupa más el mecanismo de enjuiciamiento de los jueces que el proceso de selección. Hoy, con la actual Constitución si bien existe un Consejo de la Magistratura sui generis, pero en definitiva, funciona y después la Asamblea Legislativa da el placet o los acuerdos. Me preocupa más que desde 1983 a la fecha hayamos vivido solamente dos procesos de destitución de jueces, y en una etapa donde hay una fuerte crítica al funcionamiento y la actuación de algunos magistrados, el mecanismo de defensa corporativa está muy instalado con amparo constitucional y termina siendo algo muy difícil, porque -aún en los procesos donde había prueba, culpabilidad y mal desempeño hasta hechos ilícitos en algunos casos- terminan renunciando algunos magistrados en la previa del jury. Ergo, termina siendo una pantomima. Sin que se produzca una caza de brujas, yo creo que el control en el desempeño de los magistrados es más relevante que perfeccionar el sistema de selección. Y si hay algo que es taxativo en la Constitución es este tema. Muchos de los otros podrían mejorarse por ley, pero en el caso del sistema de enjuiciamiento de magistrados, es imposible sin una modificación constitucional.

—También hay cambios en el Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa.

—Sí. Nosotros tenemos la figura del procurador que ha quedado sin funciones en la práctica, que fue el jefe de los fiscales y que hoy cumple con funciones, prácticamente decorativas. Además, con las disputas permanentes entre el Poder Judicial o la Corte y el MPA tanto por cargos, como vacantes o por infraestructura, termina inmovilizando el crecimiento de un instituto que es vital para la política de seguridad pública y de la prosecución penal como es el caso del MPA.

Un “no” para la EPE y la Caja de Jubilaciones

—Acerca de la intransferibilidad de los servicios públicos, ¿qué posición asumen?

—Personalmente no lo comparto. No porque el radicalismo o yo piense en este momento que hay que privatizar una empresa pública, pero creo que la generación de energía, como la tecnología en la generación de energía avanzan de modo vertiginoso por lo que no podemos saber cómo se va a generar energía en el país o en el mundo dentro de diez años. Ante ello, establecer un corset rígido y establecer para una empresa pública una característica más de otro tiempo no lo veo inteligente, ni dinámico. Me parece más una medida que busca la complacencia o de algún sector de la política o del gremialismo, más que una cuestión que ayude y sea sana en términos del derecho constitucional.

—¿Y sobre la Caja de Jubilaciones?

—En el caso de la Caja de Jubilaciones opino lo mismo. Vimos en el proceso de armonización previsional que llevó adelante el gobierno nacional luego de la ley de Reparación Histórica o de Sinceramiento Fiscal las dificultades que tuvieron provincias como Chaco, que tenían consagradas sus cajas de jubilaciones con algunas disposiciones en la Constitución Provincial. Esto no implicaba transferir la caja como quedó demostrado en Santa Fe, que hoy recibe el 60, 70 u 80 por ciento -según los cálculos- de su déficit por primera vez en 11 años de parte del gobierno nacional. Entonces hay una suma de dinero que varía según la haga el ministro de Economía de la Provincia o de la Nación, que financia nuestro déficit armonizado con la Nación y eso no implica transferir la Caja. Yo me inclino más por asegurar derechos en la Constitución. Una cosa es el derecho a percibir un salario, a recibir un beneficio social o jubilatorio que contemple los vaivenes de la economía y que garantice el nivel de ese beneficio social o jubilatorio, antes que una estructura rígida para la Caja de Jubilaciones que, además, no sabemos cómo va a evolucionar en un futuro. Porque sinceramente, sin perder derechos los santafesinos, resulta razonable la pretensión del gobierno nacional de que exista un sistema armónico en el país. Esto no va tanto hacia la provincia de Santa Fe que tiene, en general, lo puntos que deben armonizarse con el gobierno nacional en sintonía, sino con provincias que jubilan personal a los 50 años, que tienen sistemas especiales, que tienen una situación de cálculo actuarial muy desfasado. Eso en la práctica atenta contra la sostenibilidad del sistema. El debate previsional de un sistema sustentable en la Argentina incluya a las cajas provinciales es un tema que todavía no se terminó.

Lo mismo pasa con el balotaje. Hoy por la tecnología las cuestiones cambian en el mundo todos los días. La Constitución del 62 fue una constitución moderna y quizás hoy, a pesar de haber transcurrido tantos años, no nos genera dificultades. Puede ser mejorada y ése es el desafío.

La reelección y el conservadurismo

—¿El problema más serio, entonces, es la reelección del gobernador y vice?

—Sin dudas. Nadie incorpora un candidato nuevo en un escenario donde ya están definidas las candidaturas. En ese marco, el gobernador en ejercicio, sea Lifschitz como pudo ser en otro momento otro, obviamente que rompe el de relativa certeza de los potenciales resultados electorales. Más allá de esto, creo que hay un conservadurismo en la política santafesina sobre este tema. Hay una situación de mantener el status quo que se nota en la falta de capacidad para incorporar cambios que pueden afectar los intereses particulares de cada uno de nosotros, sin duda, pero que también pueden mejorar en el mediano plazo la calidad de vida de los santafesinos y de lo institucional.