La izquierda ataca a la producción agropecuaria

Néstor Vittori

El proyecto presentado por legisladores provinciales de Santa Fe que plantea un recargo del 100% en el impuesto inmobiliario rural a aquellos predios donde se utilicen agroquímicos en la producción agrícola, entraña por un lado una inmadurez rayana con la impericia y falta de idoneidad en la función de legislar, y por otro, un alto grado de desconocimiento respecto de la actividad productiva agropecuaria, en consonancia con prejuicios ideológicos respecto de la aptitud y capacidad de los productores para el desempeño de sus tareas, en el marco de la organización y conducción de su empresa.

La estabilidad histórica de nuestra producción agraria; su progreso en términos cuantitativos y cualitativos; su creciente incorporación de la modernización tecnológica han permitido la identificación mundial de la Argentina como una potencia agroalimentaria y ello ha ocurrido por la concurrencia de ventajas comparativas de clima y ecología, con una irrenunciable vocación emprendedora de nuestros hombres de campo, que han invertido y reinvertido constantemente el fruto de su esfuerzo, para producir más y mejor.

Los perimidos conceptos de tutelaje propios de las economías planificadas, están en constante retroceso en el mundo y prueba de ello son los avances de los países socialistas en pos del valor productivista de la iniciativa privada, en contraste con viejas estructuras estalinistas antieconómicas, que intentan desmontar aceleradamente.

La Argentina, y dentro de ella la actividad agropecuaria, no necesitan comisariatos políticos ni normativas represivas para saber y aprender lo que es mejor para sus producciones, con una mirada donde confluya la actualidad con el largo plazo. La sustentabilidad ha sido la constante de la tradición productiva, con una visión proyectiva en la cual, sin duda, es útil y deseable acceder a toda la información disponible a través de las instituciones privadas y organismos públicos que puedan tener competencia en las materias que intervienen en la producción, la comercialización y la logística de cada área productiva.

De ninguna manera resulta admisible la alegre intervención de legisladores con demasiado tiempo libre, que desconocen e irrespetan con pretensiones tutelares el histórico desempeño de nuestra producción agropecuaria -cuya calidad de producción es valorada en el mundo y cuyo respeto por todas las normativas de seguridad agroalimentaria, establecidas en una única jurisdicción nacional es innegable y sistemático- y pretenden erigirse sin pergaminos ni trayectoria en censores y fabricantes de normativas que están suficiente y responsablemente consideradas y aceptadas en la legislación nacional, que establece límites, restricciones y autoridades de aplicación.

Los legisladores que proponen el proyecto transpiran un manifiesto afán de erosionar la propiedad privada de los medios de producción, y con ello ganarse la consideración social y política de aquellos sectores que desconocen el esfuerzo que entraña producir, que rechazan el beneficio de ese esfuerzo y se anotan entre las minorías que de elección a elección pueden medir la incidencia electoral de sus representaciones en términos muy exiguos.

Después entran en la contradicción de pretender defender el empleo y el salario, cuando sus apelaciones y proyectos tienden a destruir a los emprendedores que son los dadores de empleo y pagadores de esos salarios.

Acaso también estén pensando en la generación de verdaderos puestos de peaje, a través de los supuestos futuros comisarios político-sanitarios, que como todos sabemos son ámbitos donde florecen la coima y la corrupción

El disparatado proyecto, en definitiva, se inscribe en la antigua lógica destructiva de las izquierdas más retrogradas, que apuestan en su desvarío a la histórica situación prerrevolucionaria de la Rusia Zarista como condición objetiva de la revolución, para lo cual las acciones destructivas se sintetizan en el viejo slogan de “cuanto peor mejor”.