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El gobernador dijo que es “indispensable” constituir una mesa de conversación que permita encontrar “un punto razonable e intermedio” sobre toda la situación económica. Advirtió sobre problemas en la cadena de pago de sectores productivos y empresariales de la provincia.
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El gobernador Miguel Lifschitz le reclamó “mayor diálogo” al gobierno nacional, sobre todo, con los mandatarios de la oposición. En declaraciones a la prensa y tras ser consultado sobre el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación para congelar tarifas, Lifschitz lamentó que no haya sobre el tema un mayor grado de apertura desde la Casa Rosada.
“Yo lamento que no haya diálogo entre el gobierno (nacional) y la oposición. No es bueno como metodología en general que el Congreso fije el régimen tarifario, pero tampoco es bueno que un gobierno no escuche las voces de la oposición, de la sociedad civil, de los usuarios; y en este caso en particular de los propios gobernadores que hemos manifestado varias veces nuestra preocupación por la modalidad con la que se vienen actualizando las tarifas en la Argentina”, manifestó.
El mandatario consideró que “sería indispensable una mesa de diálogo para encontrar un punto razonable e intermedio, incluso no sólo en las tarifas -advirtió-, sino sobre todo el contexto económico. Si fuera sólo las tarifas -sostuvo-, se podría resolver más fácilmente. Pero estamos hablando de tarifas en un escenario económico muy complicado”. Y sobre esa base reveló que “hemos recibido el llamado de muchas empresas y productores del interior de la provincia, porque el Banco Nación no está tomando los cheques diferidos como era habitual. Éste era un mecanismo de financiamiento de corto plazo que muchos sectores usaban de manera frecuente, y ahora no se está haciendo o el banco lo concede pero con tasas exorbitantes, lo cual genera interrupción de cadenas de pago”. Lifschitz sostuvo que “en una situación compleja como ésta, el impacto de tarifas es mucho más grave y debiera ser considerado por el gobierno”.
Deuda
A propósito del nuevo escenario económico, de las negociaciones con el FMI y de la advertencia de Nación de que frente a la actual coyuntura paralizará las obras públicas, Lifschitz también se refirió a las conversaciones que mantiene con el gobierno central para intentar acordar un plan de pago de la deuda de coparticipación federal. Como se sabe, la Casa Rosada propone pagar parte en bonos y parte en obras. Qué sucederá, entonces, con la oferta para Santa Fe. Ésa fue la pregunta para el gobernador, quien respondió que a su criterio, una situación no debería “interferir” en la otra.
“No debiera interferir una situación con la otra. Lo que está planteando el gobierno es un requerimiento de financiamiento de corto plazo para atender el gasto corriente, el déficit fiscal y los compromisos de la deuda. Y el acuerdo con Santa Fe -explicó- es a mediano y largo plazo, y tampoco implica desembolsos inmediatos. Por lo tanto creo que una cosa no debería incidir en la otra”, insistió.
Respecto del riesgo de negociar obras, Lifschitz sostuvo que “las que se van a recortar no son justamente las que estarían incorporadas dentro de ese acuerdo. De todas formas, la negociación no está cerrado. Seguimos discutiendo y conversando. Vamos a ver si podemos llegar a un punto razonable”, planteó.
Reforma: sigue el optimismo
Pese a que la Cámara de Diputados resolvió ampliar de tres a cinco el número de comisiones por las que deberá pasar el proyecto de reforma de la Constitución lo cual redundará en más tiempo de debate, el gobernador se mostró optimista respecto de su pronta aprobación.
“A nosotros lo que nos interesa es que haya debate, que haya discusión. Si hay voluntad de los legisladores como aparentemente la hay para analizar el proyecto, para hacerle correcciones o incorporaciones, nos parece que está bien. Ése es el objetivo que nos habíamos planteado”, aseveró.
El gobernador aseguró que su pretensión “no es un proyecto aprobado entre gallos y media noche o de un día para otro. Queremos que sean proyectos que se discutan, que se debatan; que la opinión pública o las instituciones de la sociedad civil puedan ser escuchadas y que podamos avanzar en una reforma de la Constitución que sea de cara la sociedad y abierta a todos los sectores”, concluyó.