Luis Rodrigo | [email protected]
Avanza la adhesión a la Ley Nacional 27.328, sancionada en noviembre de 2016. El tema pasó a Diputados, donde el oficialismo tiene la mayoría.
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Con el voto de todos sus integrantes, la Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó una ley que convalida los contratos de vinculación entre el sector público y los privados que se atiene al modelo creado a nivel nacional, hace casi dos años atrás.
Santa Fe no ha adherido aún a la Ley Nacional 27.328, e incluso la Casa Gris ha hecho algunas advertencias respecto de esa norma, en pos de cuidar al Estado de brindar algún tipo de garantías a los privados que les licúe el llamado “riesgo empresario”.
El tema fue extensamente discutido en comisiones y su principal impulsor fue el senador Alcides Calvo (PJ-Castellanos). Procura la creación de un mecanismo que permite, con inversores privados, desarrollar “proyectos de suma importancia en diversas áreas” del ámbito público.
Enumera la posibilidad de celebrar estos contratos para desarrollar “obras de infraestructura, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada, innovación tecnológica y servicios conexos”, define el senador en los fundamentos.
La iniciativa había logrado el despacho de Comisión de Presupuesto y Hacienda (que preside ese legislador) y se trató en la sesión de este jueves 17 entre los asuntos con tratamiento preferencial. La semana pasada no estuvo entre las prioridades de los senadores, con lo que la iniciativa pasó al Orden del Día. Como se sabe, la aprobación de cualquier proyecto es mucho mayor cuando se encuentra en este último cuadernillo.
Desde su banca, Calvo dijo que si los santafesinos quedan fuera de este nuevo modelo nacional de integración para obtener inversiones “perderían posibilidades de competitividad con relación a otras provincias”.
Observaciones
La Casa Gris también ha expresado su voluntad de avanzar con una legislación similar que hable de la articulación público-privada”, pero no envió ningún mensaje a la Legislatura.
El gobierno santafesino rechaza de plano la idea de incluir algún tipo de garantía de rentabilidad al inversor, o de admitir que los eventuales juicios por los contratos se resuelvan fuera de los tribunales del ámbito provincial. Se trata de una objeción de fondo a la norma nacional, que el proyecto con media sanción del Senado ha procurado contemplar a partir de “fuertes controles del Estado”, según la definición de Calvo en su banca.
Señaló que el texto legal que ha propuesto “incorpora algunas particularidades que le son propias a la provincia de Santa Fe, como la necesidad de que los proyectos cumplan con las disposiciones de la Ley Provincial Nº 11.717 de Medio Ambiente y las preferencias locales para la adquisición de bienes y servicios”.
Ventajas
“Este esquema asociativo prevé que el inversor privado en asociación con el Estado, construya y obtenga la financiación para llevar adelante un proyecto definido de antemano y que el Estado o el mismo proyecto realicen el repago de la obra con una utilidad razonable en el largo plazo. El marco legal que se propone permite que quienes tengan las mejores capacidades técnicas lleven adelante las obras asegurando la debida transparencia en los procesos de adjudicación y control, garantizando el cumplimiento de los plazos previstos”, expresó.
El legislador del departamento Castellanos destacó que la participación público privada puede definirse como “un contrato a largo plazo entre una entidad privada y un gobierno, para proporcionar un bien o servicio público, en el que la parte privada asume riesgo significativo y una responsabilidad de gestión, y al mismo tiempo la remuneración está vinculada con el desempeño”.
Incentivos
“La provincia de Santa Fe debe propiciar incentivos para la inversión privada y simultáneamente la concreción de importantes acciones de intervención en obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de una actividad económica sustentable que fomente la generación de empleo, por lo que, entendemos que la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.328 de regulación del funcionamiento general del sistema de participación público-privada va en esa dirección y por ende es necesario el acompañamiento a la iniciativa nacional”.
Lista
Las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Neuquén y Chaco cuentan con una legislación de adhesión a la ley nacional que consagra los acuerdos entre privados y el Estado.
Pasantías en la Justicia
Con cambios de fondo previos a su aprobación, el Senado dio media sanción por unanimidad a un proyecto de ley de Guillermo Cornaglia (PJ-Belgrano) que prohibe las pasantías, practicantías y ayudantías sin pagos en el Estado. La iniciativa se enfoca especialmente en el Poder Judicial, donde abundan esas prácticas.
Enojo con el jefe local de la DNV
Cumple un año el pedido de audiencia de la Cámara de Senadores con el jefe del 7mo distrito de Vialidad Nacional, con asiento en Santa Fe.
El tema que desde hace varias sesiones se menciona casi al pasar en el Senado, esta vez mostró una catarata de muestras de indignación, en todos los bloques y líneas internas.
Hasta el senador radical Hugo Rasetto (Iriondo), que forma filas en Cambiemos, admitió que no es correcto que un funcionario de tercer orden de un organismo nacional no le de curso a un pedido de reunión del Senado santafesino, más allá de defender al gobierno nacional de las críticas de sus pares del oficialismo santafesino, así como de la oposición justicialista.
Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) inició el rosario de quejas, seguido por su correligionario Rodrigo Borla (UCR-San Justo) y de Alcides Calvo (PJ-Castellanos).
El jefe del bloque del oficialismo apuntó que “nunca había vivido como senador una situación así”, y lamentó la demora en tener “al menos una respuesta del funcionario de la DNV”.
Por su parte, el presidente de la Cámara, el vicegobernador Carlos Fascendini, informó que la respuesta de la oficina local de la dirección nacional fue que el pedido se tramite ante la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prensa de Vialidad Nacional. Toda una definición de la burocracia.
En medio de las quejas por el “ninguneo”, los senadores apuntaron que la Nación ha recortado las obras en ejecución en la Ruta Nacional 34 y se demoran o directamente se caen los anuncios y promesas sobre la Ruta Nacional 11.
En tanto, Rasetto aseguró que el programa de inversiones recientemente anunciado por el gobierno nacional incluye a sólo 4 provincias, entre ellas Santa Fe, con programas de mantenimiento de la Circunvalación de Rosario y la construcción de un tercer carril en la autopista entre esa ciudad y Buenos Aires, entre otras obras.