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Miércoles 30.05.2018 - Última actualización - 7:26
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Tribunal Oral Federal

Se aguarda el veredicto en el juicio contra el Zurdo Villarroel

La última audiencia está prevista para este miércoles, cuando los imputados tendrán la posibilidad de decir las “palabras finales” ante de la lectura de la sentencia, que podría conocerse cerca del mediodía. El fiscal pidió penas que van entre 4 y 14 años de prisión para los cinco imputados.

La sentencia estará a cargo del tribunal que integran los jueces María Ivón Vella, Luciano Lauría -presidente- y José María Escobar Cello. Foto: Flavio Raina




Tribunal Oral Federal Se aguarda el veredicto en el juicio contra el Zurdo Villarroel La última audiencia está prevista para este miércoles, cuando los imputados tendrán la posibilidad de decir las “palabras finales” La última audiencia está prevista para este miércoles, cuando los imputados tendrán la posibilidad de decir las “palabras finales” ante de la lectura de la sentencia, que podría conocerse cerca del mediodía. El fiscal pidió penas que van entre 4 y 14 años de prisión para los cinco imputados.

El Litoral | sucesos@ellitoral.com

 

Este miércoles a las 8.30 de la mañana fueron citadas las partes a lo que podría ser el último día de audiencias, previo al dictado de la sentencia, en el juicio oral que se sigue contra el “Zurdo” Sergio Norberto Villarroel y otros cuatro imputados, por el manejo de una red de tráfico de drogas de alcance internacional.


El Tribunal Oral Federal que integran los jueces Luciano Homero Lauría -presidente-, María Ivón Vella y José María Escobar Cello, deberá resolver si condena o absuelve a los miembros de la supuesta organización criminal que comenzaron a ser juzgados el 17 de mayo último.


Tras dos semanas de debate, el tribunal tomó declaración testimonial a 49 personas, de las 71 que habían sido citadas de antemano. Entre ellos pasaron una veintena de miembros de Prefectura Naval, dos gendarmes y policías de la provincia; así como testigos de actuación y de concepto.


Pedido de penas


Como resultado, el fiscal general Martín Suárez Faisal pidió 14 años de prisión para Villarroel, considerado “organizador” de los delitos de “comercio” y “tenencia con fines de comercialización” de estupefacientes, agravado por la participación de tres o más personas.


Para el Ministerio Público Fiscal, el empresario del Video Cable y dirigente deportivo del distrito costero de Alto Verde, era el líder de una banda de alcance internacional dedicada al comercio de estupefacientes, que articulaba con otros miembros de menor jerarquía. Entre ellos su pareja, Débora Vanina Flores, para quien se solicitó a los jueces, siete años de prisión, en carácter de autora del delito de “comercio y tenencia de estupefacientes con fines comercialización agravado por la participación de tres o más personas”. La misma pena -siete años de prisión- fue reclamada para dos estrechos colaboradores del “Zurdo”, Luis Alberto González y Cristian Leonardo Gamarra, considerados autores de “comercio de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas”.


Por último, el fiscal Suárez Faisal pidió cuatro años de prisión efectiva para Martín Andrés Beilis por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y que se disponga su inmediata detención, en tanto es el único de los cinco que atraviesa el proceso en libertad -Flores está en domiciliaria y los tres restantes permanecen alojados en Coronda-.

 

 


Alegatos defensivos

 

En tanto este martes fueron los alegatos finales de la defensa, que se iniciaron con la exposición del Dr. Claudio Torres del Sel, quien junto a su colega Natalia Giordano, defienden a Villarroel, Flores y González.
“En primer lugar planteo la nulidad de dos resoluciones que ordenan, una interceptar los mensajes de texto y la segunda intervenir el primer teléfono de Villarroel, porque considero que se violaron principios constitucionales”. Es decir, “no había elementos suficientes para intervenir los teléfonos”, dijo el letrado al término de la audiencia.


Para el abogado, a esa altura de la investigación (abril de 2014) “sólo se contaba con una denuncia anónima y chequeos de Gendarmería que habían tomado fotos de Villarroel, del cable, su casa y el club de Alto Verde”, agregó.


Por otra parte, la defensa solicitó “la absolución de culpa y cargo de Villarroel, González y Flores, porque considero que las escuchas telefónicas son siempre indicios que no se complementaron con pruebas objetivas que las acrediten, como el secuestro de cargamento, tomas fotográficas, cortes, etc”, se explayó. 


Por las voces


“Lo más importante, y lo resalté muchísimo, fue que uno de los testigos -un oficial de inteligencia que tuvo a su cargo la investigación después de gendarmería-, cuando fue consultado sobre si habían logrado acreditar lo que surgía de las escuchas dijo que no, no se logró acreditar nunca ningún tipo de transacción comercial con estupefacientes”, destacó Torres del Sel.


Además criticó la actuación de los fiscales, que “como encargados de la acusación debieron hacer pericias de voz para determinar que aquellos que dicen que hablan son mis defendidos; y como González y Villarroel niegan ser los que hablan en las escuchas y las líneas no fueron secuestradas no existe certeza para condenarlos”, remarcó.


Por otra parte, la defensa planteó disidencias con la “calificación de los hechos empleada” ya que la imputación de “organizador” trae consigo la participación de personas. “Digo que se le está aplicando doble sanción” porque “si es organizador debe tener personas que respondan a él y si se lo agrava por el número de persona se lo está condenando dos veces por lo mismo”, explicó.


Para los demás defendidos -González y Flores- “pido que no se aplique el agravante del número de personas porque los que declararon dijeron que no había organización y que todos actuaban en forma independiente”, cerró.


Por último solicitó en forma subsidiaria y ante una inminente condena, que “la única figura penal aplicable podría ser la de confabulación (29 bis de la Ley 23.737) que se utiliza cuando hay escuchas y no se puede acreditar su contenido”.

 

 


Aguardan sentencia


Su colega Federico Scarinci, a cargo de la defensa de Beilis, solicitó “la inconstitucionalidad del articulo 14 ya que sostuvo que la droga que le secuestraron (17 gramos de cocaína) la tenía para consumo personal y que no se había podido acreditar maniobra relacionada con el comercio; y por ende pidió el sobreseimiento.


Por su parte las defensoras de Gamarra -Hilda Knaeblein y Patricia Burgos- insistieron con la historia de un hombre de trabajo, comerciante, dedicado a la venta de pollos en dos locales de la zona norte de la ciudad. A diferencia de sus coimputados, Gamarra y sus abogadas reconocieron las escuchas, por lo que trató de justificarlas y puso de relieve que su pupilo no creció patrimonialmente, ni tiene una casa lujosa, como sus consorte de causa Villarroel.


Una vez finalizados los alegatos, el tribunal hizo lugar a las réplicas y dúplicas, y tras agotar dicha instancia fijó audiencia para este miércoles a las 8.30 en la que los imputados podrán decir las últimas palabras previo al dictado de la sentencia que podría conocerse cerca del mediodía, aunque no fue confirmado oficialmente.


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