Amplían el procesamiento por lavado a Delfín Zacarías

La Justicia Federal de Rosario amplió el procesamiento por lavado de activos proveniente del narcotráfico a Delfín David Zacarías, a quien acusa de tener 17 vehículos, 20 cocheras, departamentos e inmuebles, mientras es juzgado en estos días por producción y tráfico de cocaína, informaron este viernes fuentes judiciales.

Zacarías (52), acusado de administrar la mayor cocina de cocaína del país cuando fue detenido en septiembre de 2013 con 300 kilos de esa droga y 1.000 litros de precursores químicos, es juzgado ante el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario por narcotráfico junto a su esposa, sus dos hijos y otras siete personas, entre ellas dos policías.

Paralelamente, el juez federal 3 de Rosario, Carlos Vera Barro, instruye una causa por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico, en la que amplió el procesamiento de Zacarías y otros imputados.

Según la resolución a la que accedió Télam, Zacarías fue procesado, al igual que su hijo Joel, su hija Flavia y Néstor Fernández (operador de una remisería de la familia) por administrar y disimular bienes provenientes de las ganancias recibidas por el tráfico de estupefacientes con el fin de que adquieran apariencia de origen lícito.

Además, el juez consideró en el fallo que ese delito estuvo agravado por su “habitualidad de formar parte de una banda organizada a realizar dichas actividades de forma continuada”.

En la causa también están procesados una hermana y un cuñado de Zacarías como presuntos testaferros, ya que tenían a su nombre seis cocheras ubicadas en el centro de la ciudad de Rosario.

La resolución señala que “la modalidad empleada por el jefe de la organización en el lavado de activos consistía en que los imputados adquirían bienes a sus nombres, o a nombre de terceras personas pero dentro de la esfera de su disposición, uso y disfrute; principalmente el uso era de Delfín Zacarías y de su familia”.

Alta gama

Según la investigación, Joel Zacarías (hijo de Delfín), tenía 10 automóviles a su nombre, entre ellos un Alfa Romeo y una camioneta Ford Ranger.

Por su parte, la hija, Flavia Leilén, registraba nueve vehículos, entre los cuales se encuentran un semirremolque Helvética y un camión Mercedes Benz.

Con información de Télam.

De acuerdo con el fallo, la chica administró 1,5 millón de pesos entre 2008 y 2013, mientras que se le secuestraron 50.000 pesos, dólares y euros cuando fue detenida ese último año.

También registró a su nombre seis inmuebles en Rosario, siete en la ciudad de San Lorenzo y uno en la localidad santafesina de Granadero Baigorria, donde funcionaba la remisería Frecuencia Urbana, propiedad de su padre.En tanto, la esposa de Zacarías, Sandra Inés Marín, tenía 19 automóviles, dos motocicletas y dos inmuebles a su nombre o “en cabeza de testaferros”.

Según el juez Vera Barros, “no se puede justificar la masa considerable de bienes que disponían” los acusados, “que tampoco se corresponde con la situación económica-financiera registrada ante los organismos pertinentes, teniendo en cuenta la ocupación que dicen haber desempeñado durante esos años”.

“Falta de tiempo”

En su descargo ante el juez, Zacarías buscó exculpar a sus familiares del delito de lavado o de recepción de bienes para disimular recursos de origen ilícito.

Aclaró que las cocheras que estaban a nombre de su hermana y su cuñado son suyas aunque aparecen registradas por ellos “por una cuestión de falta de tiempo y de ser práctico, porque trabajaba todo el día”.

“Entonces, le pedí a mi familia que ellos hagan los trámites y las cosas que yo iba comprando y vendiendo, que ellos hagan el papelerío”, sostuvo Zacarías.

Lo mismo dijo sobre los bienes registrados por su hija Flavia: “Lamentablemente soy un papá chapado a la antigua, donde yo le ordenaba y ella tenía que cumplir”, declaró. Y agregó: “Aparte yo trabajaba todo el día y no tenía tiempo de hacer trámites y colas, ni tampoco entiendo de papeles”.

Sin embargo, el juez consideró que los familiares formaron parte del entramado de registración de bienes con el fin de ocular el origen ilícito del dinero, supuestamente proveniente del narcotráfico.