Mario Cáffaro | [email protected]
Diputados revisó el proyecto iniciado por Senado. Hay reformas en la parte general y procedimental y actualizan algunas contravenciones. Urge la sanción de la norma desde los poderes Ejecutivo y Judicial.
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Con el voto afirmativo de las bancadas del Frente Progresista y de Cambiemos y en contra de las distintas bancadas justicialistas y del interbloque Igualdad, la Cámara de Diputados votó cambios en el Código de Faltas de la provincia y reenvió el expediente al Senado que es la Cámara de origen. La sanción de la nueva norma es urgida por el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ante el vacío jurídico actual generado tras la declaración de inconstitucional del Código por parte de la Corte Suprema de Justicia.
“En nuestra provincia la ausencia de un régimen constitucional para investigar faltas o contravenciones produce un vacío jurídico y un espacio de indefinición que afecta la seguridad pública” reconoció el diputado socialista Rubén Galassi. “Hoy cuando alguien quiere denunciar en la provincia un conflicto, que sin llegar a ser delito implica un problema de convivencia, es muy probable que su planteo no tenga una respuesta efectiva por parte del Estado, desembocando en algunos casos en situaciones más complejas que afectan le seguridad publica. Como se encuentra legislado hoy, el sistema de faltas fue reiteradamente declarado inconstitucional debido a que no rige el sistema acusatorio que divide las competencias entre un fiscal que investiga, y un juez que resuelve como sucede con el Código Procesal Penal que rige para delitos desde febrero de 2014”, explicó. El socialista explicó que el proyecto que llegó al recinto es fruto del consenso y diálogo entre la Cámara, representantes de los ministerios de Justicia y de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación. “Se pretende adecuar el proceso contravencional de la provincia al nuevo sistema de justicia penal incorporando la figura del acusador público”. El texto votado provocó reformas a la parte general y del procedimiento sustituyendo los libros I y II de la ley 10.703, y por otro, actualiza algunas contravenciones en la parte especial.
El justicialista Leandro Busatto lamentó no poder haber llegado a un acuerdo para consensuar un texto más allá de la necesidad de actualizarlo que tiene. “Tanto la Corte como las autoridades del MPA nos han pedido resolver el tema; llevamos dos años y no pudimos avanzar demasiado” se lamentó.
Luego, en la votación en particular, el radical Santiago Mascheroni intentó cambios en algunos artículos y no logró apoyo de la mayoría que votó el texto firmado por la mayoría de los integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
Los alcances
Galassi explicó a El Litoral que es imperioso constitucionalizar el proceso contravencional y para ello el paso ineludible es dotarlo de la figura del acusador público además se deben reformar la parte general y el procedimiento. Así el texto votado se estructuró en dos partes: una general y otra procedimental. En la parte general, establece que en el proceso contravencional resultan operativos todos los principios, derechos y garantías establecidos en el bloque de constitucionalidad federal. Consagran los principios de culpabilidad y de responsabilidad contravencional por el acto, estableciéndose asimismo que la forma culposa debe estar expresamente prevista en la ley, caso contrario, no será punible.
Para que los operadores del sistema puedan dar una respuesta más eficaz a la contravención, agregan al catálogo de penas existentes (multa, el decomiso, la inhabilitación, la prohibición de concurrencia o acercamiento y la suspensión del servicio telefónico), la suspensión del servicio de internet o dispositivos de comunicación con soporte tecnológico, la reparación del daño causado y el trabajo comunitario.
En cuanto a la parte procedimental, en el ejercicio de la acción contravencional, se entrega la investigación, persecución y acusación al MPA, lo que asegura una adecuada división de roles, garantizándose la imparcialidad del juzgador y un proceso respetuoso a la Constitución Nacional y los tratados internacionales que la integran. El proyecto habilita a letrados del MPA a intervenir en el proceso y prevé la participación del Estado provincial, municipal y/o comunal, como auxiliares del fiscal en aquellas faltas en las que hayan tenido intervención primaria directa, en cuyo caso se prevé que las actuaciones administrativas constituyan diligencias probatorias a los fines del proceso contravencional.
“Celebro que el obsoleto Código de Faltas pase a llamarse Código de Convivencia” resaltó el radical Jorge Henn quien destacó que el proyecto apunta a no incumplir con la Constitución Nacional. “Una de las diferencias entre los países más pacíficos y los que tienen alto grado de violencia como el nuestro, es que en los primeros el Estado está presente en las pequeñas hostilidades, y las personas en vez de pelearse con su vecino por ruido molesto o cualquier otra causa contravencional, hace la denuncia ante el organismo oficial e inmediatamente hay respuesta e intervención pública adecuada. Estos hostilidades se las llama faltas o contravenciones y su sanción por excelencia es la multa” explicó.
Para Henn, lo aprobado “permitirá trasladar el avance que hubo con el nuevo Código Procesal Penal -que introdujo la tríada fiscales-defensores y jueces en un juicio oral y publico- a las necesidades que se deriven de estas pequeñas hostilidades y sus faltas. Esto permitirá fundamentalmente la celeridad y el debido proceso ajustado ahora sí, a la Constitución. Hablamos de mayores garantías para el imputado, ya que asegura una investigación ágil y eficaz, a través de una unidad de investigación como es el MPA. Además delimita qué aspectos debemos tener en cuenta para la pena y esto lo hace más transparente”.
Autores
La Cámara de Diputados discutió el cambio en el sistema de faltas tomando como cabeza del expediente un proyecto votado por el Senado a instancias de Lisandro Enrico (UCR- General López) a los que se sumaron un Código de Convivencia Ciudadana presentada por el justicialista Leandro Busatto; otro de la bancada socialista y finalmente otro de Cesira Arcando (Cambiemos) donde propone incorporar al Código las faltas de tránsito.
Nueva convocatoria a Asamblea Legislativa
Para las 13 está nuevamente convocada la Asamblea Legislativa que debe votar los pliegos de Sergio Beccari y de Lisandro Villar como vocales del Tribunal de Cuentas. El dictamen de mayoría de la Comisión de Acuerdos aconseja rechazar ambos nombres pero la semana pasada el oficialismo no dio quórum y hoy repetiría el procedimiento.
Justicialistas de ambas cámaras y diputados de Cambiemos intentarán conformar el número para iniciar la sesión. Caso contrario, esta medianoche los pliegos quedarán aprobados de manera ficta.