La Legislatura no logra aún ejercer su control directo sobre defensores y fiscales

Luis Rodrigo | [email protected]

Con el inicio del receso legislativo a la vuelta de la esquina, la Legislatura santafesina mostró esta semana que no ha logrado dar -tras más de medio año- los pasos necesarios para controlar de modo directo a los fiscales y defensores penales.

En noviembre del año pasado, durante la última sesión del período ordinario, ambas Cámaras sancionaron una ley que reformó las dos normas que rigen al Ministerio Público de la Acusación (13.013) y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (13.014).

La “reforma a la reforma” fue objeto de fuertes polémicas -y de algunas resistencias- dentro y fuera de ambos órganos penales. Se la interpretó como una suerte de avance de la política sobre las condiciones en que deben llevar adelante su trabajo los nuevos actores del proceso penal.

La facultad que agregó el Legislativo, en 2017, necesita que la Asamblea Legislativa vote un reglamento para fijar las pautas del proceso con el que se evaluará -y eventualmente juzgará- el desempeño de esos funcionarios. Podía hacerlo sólo con la cabeza de la Acusación y la Defensa.

Siete meses

El año 2016 contó entre los platos más fuertes del menú legislativo con el proceso contra el ex defensor general Gabriel Ganón, y el ex fiscal regional de Reconquista Eladio García. Pero hubo además, otras novedades indigestas: fiscales que investigaron gastos en el Senado y en la Municipalidad de Santa Fe, además de otras varias actuaciones de dudosa eficacia -en especial de fiscales- sobre las que los legisladores se han quejado públicamente.

La modificación fue madurando desde entonces, y resultó el corolario de un fuerte consenso legislativo. Bastaron unas pocas reuniones entre los distintos bloques de ambas Cámaras para redactar un proyecto que se aprobó a toda velocidad el 30 noviembre de 2017. Sin embargo, a la hora de ejercer esa nueva facultad el Legislativo ha mostrado bastante menos apuro. Ya pasaron más de siete meses.

Está claro que el paso necesario para que el tema avance se va a dar, pero la mora es -cuanto menos- digna de ser señalada.

“Se rompió el diálogo”

Fueron los legisladores de la oposición los que hicieron notar a los cronistas parlamentarios que los tiempos se habían estirado demasiado.

Los dos faltazos del oficialismo a sendas sesiones de la Asamblea Legislativa han creado un clima de acusaciones y tensiones poco frecuente. Es que radicales frentistas y socialistas eligieron dos veces no ocupar sus bancas para que proceda la sanción ficta de dos pliegos que no fueron defendidos por la mayoría. Hoy, por el mero paso del tiempo, son integrantes del Tribunal de Cuentas Sergio Beccari y Lisandro Villar.

La Comisión Bicameral de Acuerdos había recomendado su rechazo, y pesan sobre ambos objeciones de colegios profesionales y universidades. La oposición ya amenazó con llevar el tema a los tribunales, porque entiende que en el caso de Beccari se viola la ley, ya que no han pasado dos años desde que dejó la secretaría de Ingresos Públicos.

De la lista de legisladores opositores que criticaron duramente a la Casa Gris y al Frente Progresista, Cívico y Social por aprobar de esa forma dos pliegos para el principal órgano de control, se destaca una: “se rompió el diálogo”, dijo la diputada macrista Alejandra Vucasovich.

La solución, “próximamente”

El vicegobernador Carlos Fascendini, además de presidir el Senado, hace lo propio con la Asamblea Legislativa. Fue el único integrante del oficialismo presente en las dos últimas convocatorias que fracasaron, el 14 y el 21 de junio, por la ausencia de los legisladores radicales frentistas y socialistas (para producir la sanción ficta de ambos pliegos).

Fascendini eligió enfrentar ambas asambleas. En su última intervención dijo, luego de que se tomara asistencia: “Damos por fracasada la sesión y próximamente serán convocados para tratar el reglamento”.

Tras ese anuncio, Fascendini preguntó al presidente de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Asamblea Legislativa si le había pedido la palabra para explayarse sobre el tema, pero con un gesto, el senador Joaquín Gramajo lo negó (ya había dicho lo suyo). Quedan dos semanas para el receso de invierno.

Hay 62 sumarios en lista de espera

“Es una vergüenza”, bramó en la fracasada sesión de la Asamblea Legislativa del 14 de junio Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio), al referirse a la postergación del tratamiento del reglamento que necesita la Legislatura para poder controlar a fiscales y defensores.

En aquella intervención, el presidente de la Comisión Bicameral de Acuerdos expresó que el proyecto de reglamento está listo, pero como no ha sido votado, en dos oportunidades, por falta de quórum, siguen en lista de espera “los 62 legajos y/o sumarios” enviados por el Ministerio Público de la Acusación en febrero y algún otro sobre defensores.