La justicia ordenó a policías llevar a un detenido a jugar al fútbol

Belén Fedullo | [email protected]

Luego del pasado fin de semana largo salieron a la luz dos oficios en los que la jueza María del Luján Giorgio indicaba que accedía a un pedido del abogado de un joven con prisión domiciliaria, para que la policía cumpla con el mandato de trasladarlo dos veces por semana a practicar deportes en el Club Pesca, ubicado en la zona de la costanera de Concordia, y también a los encuentros que se realizan de lunes a viernes en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, lugar al que asiste para tratar su adicción a las drogas. En ambos casos, la orden judicial tiene una sugerencia resaltada en negritas que indica que el detenido debe estar “bajo severa custodia” por lo que, además del traslado, los efectivos policiales debían vigilar al detenido durante sus actividades.

El detenido en cuestión es Kevin Berguñán, un joven de 18 años a quien le dictaron prisión domiciliaria luego de ser imputado por los delitos de “Robo Agravado en grado de Tentativa, Hurto, Hurto Agravado en grado de tentativa y Robo Agravado”, según reza la carátula de las causas en las que estuvo involucrado. Vive alejado del centro, en la zona de Benito Legerén, y para practicar deportes el patrullero que estaba obligado a trasladarlo debía recorrer 26 kilómetros en total (13 de ida y 13 de vuelta) todos los martes y jueves.

La justificación del abogado que hizo el pedido

Daniel Cedro, abogado y también concejal de Concordia, es el representante de Berguñán. Tras la repercusión de la noticia de los traslados, explicó por qué hizo el pedido para que el detenido practicara deportes y cuál es la razón para que a la rehabilitación la haga en una iglesia.

“Kevin tiene que concurrir a una iglesia todos los días en cierto horario para tratarse por su adicción y también pedimos la práctica deportiva como para ayudar a ese tratamiento”, dijo Cedro y aclaró: “La práctica deportiva no empezó a hacerla, al tratamiento sí”.

“Nosotros no podemos pedir nada por fuera de lo que es la norma de procedimiento. Él no está condenado, por lo tanto, es inocente hasta que haya una condena firme y todas estas medidas tienen como objetivo que él comparezca y esté a derecho”, explicó y reafirmó: “Estos no son beneficios para él en particular. Esto está previsto en la norma, si tenés arresto domiciliario a cualquier posibilidad de hacer un tratamiento la podés solicitar y el juez decide darte los permisos o no”.

Sobre la situación de Berguñán, explicó que se trata de un caso del que ya se conocían antecedentes de una adicción por la que incluso ya estuvo en una institución, por esa razón le pareció correcto pedir el tratamiento en la iglesia, que lo hace ahí porque no tiene acceso a un centro privado y en Concordia no hay lugares de atención gratuita. También creyó que por medio del deporte el joven podría volver a formar parte de la sociedad de manera sana.

“Si no buscamos la posibilidad de que un joven de 18 años se rehabilite y tenga una vida útil, lo que depara el futuro para Kevin es una carrera delictiva. Si no intentamos procurar la posibilidad de una reinserción social y una rehabilitación hay un cierto fracaso del sistema punitivo que tenemos. No se trata solo de sancionar, sino de buscar que quienes toman este camino se reinserten”, concluyó.

El fiscal concordiense Germán Dri, en consonancia con el abogado defensor, explicó que el joven no está condenado, sino que la justicia está investigando aún y que por eso está detenido bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Marcha atrás con la disposición

La orden judicial que obligaba a la policía a trasladar a Berguñán hacia el Club Pesca fue dada a conocer en la mañana del martes. Poco tiempo de exposición pasó hasta que fue suspendida por el juez de feria Darío Perroud, que recibió una nota elevada por el jefe de la Departamental de Policía de Concordia, Marcelo Den Daw.

Según consigna el diario El Entre Ríos, que tuvo acceso a la misiva, el jefe de policía, en la nota, coincide con los argumentos que dio el jefe de operaciones para pedir que la medida dispuesta por la jueza Giorgio no sea aplicada.

Desde la fuerza indicaron que la policía no cuenta con el personal capacitado para trasladar a una persona que sufre adicciones. También sostienen que el uso de patrulleros significa una faltante, ya que utilizan medios destinados a la prevención.

Argumentaron también que hay escasez de recursos, ya que no cuentan con “bonos de combustible” suficientes como para gastar en hacer 26 kilómetros (ida y vuelta) cada martes y jueves; ni tampoco con el personal necesario para la custodia en el club.

Atento al detalle enviado desde la Policía, Perroud hizo lugar al pedido, sin dar opinión acerca de la medida tomada por la jueza Giorgio.

La insólita orden de traslado de un detenido para jugar al fútbol fue revocada, en menos de un día. El abogado defensor de Kevin Berguñán aseguró que procura que su cliente pueda seguir con el tratamiento para dejar las drogas.

La postura del intendente

En medio de la repercusión por la publicación de la orden judicial, el intendente de Concordia, Enrique Cresto, hizo público un escrito en el que consideró que “los beneficios no deben tornarse en abusos”.

“En tiempo de crisis hay que actuar con inteligencia, lógica, sentido común y haciendo utilización razonable de los recursos humanos y económicos con los que cuenta la comunidad. También la justicia debe conocer con precisión los mismos, para dar ejemplos y, si no lo hace, se podrán tildar sus resoluciones de descabelladas, no siendo más que desventuras jurídicas”, señaló el intendente.

“Creo que el llamado garantismo le hizo demasiado daño al tejido social, y que, llevándolo a extremos, se cometieron injusticias. Como consecuencia fueron dejados en libertad personas con frondosos prontuarios o sea delincuentes que nuevamente tuvieron oportunidad de engrosarlos, cometiendo nuevos delitos. La sociedad, harta hace tiempo, dijo basta”, destacó Cresto.

Al mismo tiempo, aclaró que una persona imputada de varios ilícitos contra la propiedad, “que mantuvo en vilo a un barrio con sus presuntas fechorías y que goza de un beneficio como es la prisión domiciliaria, tenga que utilizar a la policía para ir a realizar una actividad física en un club, dos veces por semana como si fuese una suerte de taxi o remís es realmente un despropósito, una irracionalidad que no resiste un mínimo análisis y que merece nuestro enérgico repudio. Y que por esa razón haya menos personal policial avocado a la prevención y represión del delito es aún más inentendible e inexplicable”, concluyó.