Un golpe donde más duele

Germán de los Santos | [email protected]

La ley de extinción de dominio permanece trabada en el Senado de la Nación, casi dos años después de haber sido aprobada en la Cámara de Diputados. La iniciativa que impulsaron en su momento Elisa Carrió y Graciela Camaño está a punto de perder estado parlamentario. Ese proyecto se acopló a otras iniciativas que habían presentado el entonces senador socialista Rubén Giustiniani (sobre narcotráfico), su par radical Gerardo Morales (aplicable cuando la acción prescribe o fallece el imputado) y tres iniciativas de los diputados Manuel Garrido y Ricardo Alfonsín (patrimonio de funcionarios) y Carrió (hechos de corrupción).

Es una normativa vital para darle herramientas al Estado para recuperar bienes antes de que termine el proceso penal. Ése es uno de los puntos más conflictivos del proyecto, que fue votado en junio de 2016, como parte del remezón que generó el escándalo que protagonizó el ex secretario de Obras Públicas José López cuando tiró los bolsos con 9 millones de dólares dentro de un convento. Es difícil que la ley sea sancionada por el Senado como llegó de Diputados. Los cambios que se plantean destruirían su espíritu y quedaría como un mamotreto legislativo más.

Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, de México, y uno de los principales especialistas en materia de crimen organizado en América Latina, quien asesoró al gobierno de Santa Fe, es uno de los principales impulsores de la aplicación automática de la extinción de dominio, es decir la confiscación de los bienes de las organizaciones criminales y el inmediato traspaso para resarcir a las víctimas. “La ley de reasignación social de los bienes decomisados es fundamental. En Sicilia permite la recuperación de miles de jóvenes y lo mismo podría ocurrir aquí en Santa Fe”, dijo el especialista en una entrevista con El Litoral en 2014.

Mientras persisten las discusiones en el Parlamento nacional y la ley de extinción de dominio tambalea, esta semana el gobierno de Santa Fe puso en marcha un mecanismo para administrar y subastar los bienes decomisados en causas ligadas al crimen organizado. Se creó la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes Decomisados (Aprad) a través del decreto 276/18 que reglamentó la Ley 13.579 presentada como proyecto en octubre de 2016 y promulgada en marzo pasado por el gobernador Miguel Lifschitz.

En dos depósitos en Alvear y en Santo Tomé fueron derivados los bienes, unos 80 autos y 500.000 autopartes, que serán rematadas. El secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, sostuvo a este diario que si no se actúa con rapidez todo será en vano. Por ejemplo, un Peugeot RCZ secuestrado en el partido de Moreno, en el oeste del conurbano bonaerense, será rematado en breve. Ese vehículo tenía pedido de captura por la causa 913/12, conocida como la de Los Monos. Figueroa Escauriza contó también que cuatro inmuebles que pertenecían a una organización vinculada a la explotación sexual y trata de personas en Melincué serán utilizados por el Estado para fines sociales.

“Se busca atacar a las organizaciones criminales donde más les duele, que es el poder económico que tienen”, dijo el funcionario a cargo del área.

El secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, sostuvo a este diario que si no se actúa con rapidez todo será en vano.