El Litoral / [email protected]
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La Legislatura de Santa Fe avanzó en la aprobación de un reglamento, necesario para que ese poder ejerza su nueva facultad de evaluar de manera directa el desempeño de los fiscales y los defensores de la justicia penal.
La Asamblea Legislativa santafesina -tras cuatro intentos fracasados- volvió este jueves 9 de agosto a sesionar, para aprobar por unanimidad siete pliegos de fiscales que se desempeñarán en Rosario, Venado Tuerto y Cañada de Gómez.
Antes, también con el acuerdo de todos los legisladores, se puso a consideración del pleno que forman los diputados y lo senadores provinciales el reglamento necesario para que no se convierta en letra muerta la Ley 13.695, aprobada el 30 de noviembre de 2017, sobre tablas y sin debate, para quitarle a la cabeza del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa Penal esa potestad.
La norma señalada se trató durante la última sesión ordinaria del año pasado y desde entonces -precisamente por la ausencia del reglamento de marras- había dejado en una suerte de limbo el tema del control de los fiscales y los defensores.
En estos 9 meses desde su sanción, la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Asamblea Legislativa recibió más de 60 expedientes respecto del desempeño de fiscales en causas que involucran a dirigentes políticos provinciales y municipales e incluso a algunos defensores.
La demora para acordar la letra del reglamento obedeció a dos motivos. Por una parte hubo algunas diferencias entre los integrantes de la mencionada comisión en cuanto a las garantías que deben existir para que fiscales y defensores puedan llevar adelante su defensa. Por otra, el tema se pospuso una y otra vez porque el oficialismo optó por no darle el quórum -faltazo mediante- a la Asamblea Legislativa. Así ocurrió en tres de los cuatro fracasos consecutivos de la convocatoria al cuerpo.
Los diputados socialistas y radicales frentistas optaron por esa vía -habilitada por la Constitución de Santa Fe- para asegurarse la llamada sanción ficta (de hecho) de los pliegos propuestos por el Ejecutivo que generaron duras críticas de la oposición, para cubrir dos vacantes en el Tribunal de Cuentas.