Reforma Constitucional y torpeza política

Alejandro Boscarol (*)

La convocatoria a una sesión extraordinaria por parte de la Cámara de Diputados para el día 29 de agosto con el fin de darle un tratamiento “express” a la Reforma Constitucional, además de constituir un exabrupto institucional, representa un eslabón más en la cadena de errores políticos cometidos por el gobernador en torno a dicho proceso.

Ya nadie duda que la Constitución Provincial debe ser reformada, que está “desactualizada” y que sus “vacíos normativos” no se comparecen con nuestra Constitución Nacional. Esto es así porque la realidad política, social e institucional ha cambiado enormemente. El mundo ya es otro y existen renovadas modalidades y prácticas democráticas que requieren de formatos institucionales innovadores que representen los valores de la participación pluralista, la construcción de consensos y el equilibrio de poderes. Cabe recordar que fue la Reforma del ‘94 la que incorporó nuevos derechos individuales de los ciudadanos y nuevos derechos colectivos de los pueblos; creó modernas instituciones y estableció nuevas formas de participación ciudadana; además de incorporar la autonomía municipal y dar jerarquía constitucional a los acuerdos y pactos internacionales sobre derechos humanos. Todos aspectos ajenos a nuestra Constitución Provincial actual.

Sin embargo, el debate y acuerdo político sobre el sentido más profundo de realizar una Reforma Constitucional para Santa Fe, a mi entender, aún no ha comenzado. Porque se pueden discutir muchas cosas, pero un proceso de reforma no puede evadir un debate serio sobre el poder, cómo se distribuye el poder y -en términos republicanos- cómo se lo controla y se le pone límites.

Todos sabemos que el gobernador es la persona con más poder en la provincia: designa jueces, fiscales, jefes de policías, directores de escuelas, profesionales de la salud, directivos de empresas de servicios públicos y entes reguladores, entre otros. Y lo hace con una gran cantidad de recursos que tiene a su disposición.

En este sentido, el principio de no reelección es prácticamente el único mecanismo efectivo que tiene la Constitución Provincial para ponerle límites a ese ejercicio de poder. Una reforma que modifique esta regla fundamental de convivencia, sólo lleva a pensar que sirve para consolidar un proyecto personal y la continuidad de las mismas personas en el poder.

Y esto no es un detalle, porque si no se explicita claramente, la sensación que queda entre los distintos actores políticos es que detrás de las intenciones reformadoras se esconde solamente, o principalmente, la necesidad de ampliar el poder del gobernante de turno. Motivo suficiente como para convertirse en el detonante más efectivo para clausurar el proceso constituyente. No es casual que en los 25 años de gobiernos justicialistas, no pudo concretarse la reforma de la Constitución Provincial, siendo la reelección del gobernador el factor más irritativo en el conjunto de las fuerzas políticas y de la ciudadanía en general.

Reformar la ley fundamental de los santafesinos es una apuesta a una renovada forma de convivencia democrática que requiere del acuerdo y el compromiso de la gran mayoría. Por ello, es incomprensible que no se convoque a los partidos políticos para debatir seriamente sobre los temas nodales a modificar. No se entiende el desinterés por lograr consenso político cuando se necesitan dos tercios de ambas Cámaras para lograr su aprobación. Y lo peor, es insalvable que el gobernador no se excuse firmemente de la reelección como lo hicieron sus dos predecesores del Frente Progresista, con el serio argumento de que habían jurado por una Constitución que se los prohíbe.

Un importante dirigente político de esta provincia caracterizó esta actitud de “torpeza política”. Y yo la comparto, porque sobran elementos para intuir que la propuesta de reforma es sólo una excusa para ocultar el verdadero objetivo que la motiva: la reelección del gobernador.

(*) Diputado provincial.

El debate y acuerdo político sobre el sentido más profundo de realizar una Reforma Constitucional para Santa Fe, a mi entender, aún no ha comenzado. Porque se pueden discutir muchas cosas, pero un proceso de reforma no puede evadir un debate serio sobre el poder, cómo se distribuye el poder y -en términos republicanos- cómo se lo controla y se le pone límites.