Polémica en España por un "sindicato de trabajadoras sexuales"

El Litoral

Mientras asociaciones del sector y colectivos feministas pidieron mantener el nuevo sindicato para garantizar derechos laborales a las prostitutas, Madrid intentó aplacar la tormenta que desató su error y aseguró que dará marcha atrás cuanto antes.

Lo ocurrido reactivó así una vieja polémica: ¿Se debe legalizar la prostitución? ¿Hacerlo es un modo de proteger a quienes la ejercen o, por el contrario, de blanquear su explotación? El gobierno del socialista Pedro Sánchez tiene clara su postura.

"No avalaremos un sindicato de una actividad que no es legal y que vulnera los derechos de las mujeres. No lo hará un gobierno socialista y feminista", zanjó esta semana la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que se mostró "sorprendida" por lo ocurrido.

La ministra quedó en el ojo de la tormenta cuando se supo que su cartera había autorizado a principios de agosto la creación del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), un paso que Valerio atribuyó a "un mero acto administrativo".

"Me han colado un gol por la escuadra", admitió con inusual franqueza Valerio, que dijo desconocer "por completo" la creación del sindicato y ordenó a la Abogacía del Estado dar los pasos para impugnar y revertir la situación de inmediato.

La oposición del conservador Partido Popular (PP) consideró "vergonzoso" que Valerio no supiera lo que pasa en su cartera y el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que salir en defensa de la ministra para mostrarle "toda su confianza".

La prostitución se encuentra en una suerte de limbo legal en España, donde no está regulada ni prohibida. El Código Penal sí castiga la trata y el proxenetismo, mientras que ayuntamientos como el de Barcelona multan tanto a clientes como a prostitutas.

La situación es similar en Italia y Portugal. En cambio, otros países de Europa como Holanda, Suiza, Austria o Grecia sí cuentan con regulaciones de diverso tipo y Alemania reconoce a las prostitutas como prestadoras de un servicio con los derechos correspondientes.

La organización OTRAS defendió por eso la necesidad de su sindicato. "Merecemos todo el reconocimiento y respeto por parte de las instituciones, les guste nuestro trabajo o no", reclamó en un comunicado difundido en redes sociales.

"Nosotras no somos sujetos pasivos, sino mujeres adultas que sabemos luchar por lo que queremos, dentro de la legalidad establecida y buscando el bienestar de todas aquellas personas que insisten en estigmatizarnos, criminalizarnos y mantenernos en los márgenes".

La secretaria general del nuevo sindicato, Concha Borrell, tachó de "absoluta locura" la marcha atrás del gobierno de Sánchez, que precisamente se presenta como "feminista" y está integrado por 11 mujeres -incluyendo la vicepresidenta Carmen Calvo- y seis hombres.

"No se puede coartar los derechos de todo un colectivo que actualmente carece del más mínimo derecho laboral. No hay contratos, con lo cual no hay pagas dobles, no hay vacaciones, no hay bajas por enfermedad ni laborales y, por supuesto, no hay jubilación", ilustró.

La idea sumó también el apoyo de políticos de diverso signo. Elgobierno de la izquierdista Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, apoyó el sindicato como un medio de "luchar contra la estigmatización, la precariedad y la marginalidad".

Incluso la portavoz del PP en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vio "lógico" que las trabajadoras del sexo quieran legalizar su actividad. "Lo que no es lógico es que el gobierno casi haya legalizado la prostitución sin darse cuenta", remató.

Pero no todas las voces feministas apoyan regular la prostitución. Al igual que el gobierno de Sánchez, también el partido Izquierda Unida (IU) pide luchar por la abolición esa actividad y rechaza cualquier paso que avance a legitimarla.

"Esta autorización resulta inaceptable en una sociedad democrática y feminista que apuesta por la erradicación de la explotación sexual y la trata de mujeres", criticó la portavoz parlamentaria de IU en materia de Igualdad, Isabel Salud.

Es posible que el gobierno de Sánchez logre revocar en breve la legalización del sindicato. El debate, por el contrario, no ha hecho más que empezar.

Con información de dpa.