Luciano Andreychuk
El Legislativo quiere saber cuánto aporta por mes el Municipio para sostener el servicio, las titularidades de las empresas prestatarias y cantidades de unidades en funcionamiento. Teléfono para el Órgano de Control, que estuvo en el centro del debate: debe informar datos finos sobre denuncias recibidas y sus tareas realizadas.
Luciano Andreychuk
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“Comunicamos que el resultado de la audiencia del día de hoy en Buenos Aires fue favorable para los compañeros (de la Unión Tranviarios Automotor, UTA). Se reconoció la pauta salarial homologada, y el porcentaje adeudado se hará efectivo a partir de (este viernes). No se descontará las horas de los días que duró la medida que se venía llevando a cabo. Se levanta la medida de fuerza y a partir de hoy se trabaja con absoluta normalidad”, informó el secretario adjunto del gremio de los transportistas, Marcelo Gariboldi.
Fueron diez días durante los cuales no hubo servicio de transporte de pasajeros por colectivos en la ciudad, de 22 a 6, en medio de un conflicto nacional entre los empresarios del transporte y el gremio por el pago de fondos paritarios adeudados. El Concejo recogió el “coletazo” que dejó este conflicto a nivel local y sancionó dos pedidos de informes requiriendo al Ejecutivo que informe “datos finos” sobre el funcionamiento del subsistema de transporte de pasajeros por colectivos en la ciudad, regulado por la Ordenanza N° 11.580.
El primero requiere saber —a través del Programa de Movilidad Urbana—, que el Ejecutivo local informe “de manera detallada” los montos de los aportes mensuales que realiza el Municipio al sostenimiento del transporte público de pasajeros por colectivos: la titularidad de las empresas prestatarias del servicio; la nómina completa de las unidades (coches) afectadas (marca, modelo, dominio y titularidad); la cantidad de denuncias recibidas, tipo y cantidad de sanciones aplicadas a las empresa concesionarias del servicio.
En el otro proyecto —del edil justicialista Juan C. Cesoni— va más al fondo y requiere que el Órgano de Control del servicio informe, dentro de 10 días, la cantidad de unidades que circularon y circulan por turno en cada una de las líneas (durante septiembre y octubre); todo tipo de inspección que el Órgano haya hecho sobre el cumplimiento de las frecuencias, recorridos y otras obligaciones de las prestatarias; la cantidad de reclamos recibidos por los usuarios del servicio, y las tareas de gestión que realizó el propio Ente. El conflicto del transporte fue uno de los temas de la sesión, y hubo cruces entre los bloque bastante fuertes respecto de la función de este Ente.
Necesidad de información
Quien presentó el primer pedido de informes fue Alejandra Obeid (PJ), compañera de bloque de Cesoni. En diálogo con la prensa, la edila insistió en la necesidad de contar con información fehaciente que hoy es “retaceada”: “Ante esta situación gravísima (que se ha generado tras el conflicto), requerimos saber cuáles fueron las medidas que adoptaron tanto el Ejecutivo como el Órgano de Control con respecto a las empresas”.
“Acá no se quiere castigar a un trabajador (los choferes), a quienes no les pagaban el aumento acordado en paritarias. Pero puntualmente queremos conocer qué hizo el Ejecutivo respecto de si labró multas y sanciones hacia las empresas que tienen un contrato, que deben ofrecer un servicio y que, en estos 10 días, no lo hicieron de 22 a 6”, dijo Obeid. “Necesitamos que se transparente la información sobre el sistema de colectivos, porque sabemos muy poco”.
—Más allá de que se trata de un conflicto nacional, a nivel local, ¿hay responsabilidades compartidas entre empresas que no pagan y, también, del Ejecutivo que otorgó las concesiones a las prestatarias locales?, preguntó El Litoral.
—Sí, absolutamente. Todas las responsabilidades hoy respecto de lo que pasa en el transporte público son de los empresarios y del Ejecutivo. Porque tanto los recorridos, las frecuencias, la cantidad de coches en calle como el valor de cada pasaje son decisiones que toman el intendente (José Corral) junto con los empresarios, adentro de un despacho. Por eso la insistencia de llamado a licitación, y que dejemos de tener un servicio de concesión precaria.
—Haciendo un lectura más fina, ¿puede verse este largo conflicto como la consecuencia de una “represalia” de empresarios locales ante la decisión del Concejo del congelar nuevos aumentos del boleto hasta final de año?
—No. Si fuera que este paro sólo hubiese ocurrido en la ciudad, ahí podríamos relacionar una cuestión con la otra. Pero acá debe hablarse de un conflicto a nivel nacional (ahora destrabado). De todos modos, habrá que ver qué argumentos darán los empresarios locales a fines de año con respecto a algún “retroactivo” que puede llegar a dejar el congelamiento de la tarifa...