Luciano Andreychuk | [email protected] | @landreychuk
El Concejo le encomendó al Ejecutivo la reelaboración de los pliegos de bases para la licitación pública de una prestación fundamental para los vecinos. Se deberá contemplar la erradicación de microbasurales y la llegada a los nuevos sectores urbanizados de la ciudad. Una deuda pendiente empieza a saldarse.
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El servicio de recolección de residuos a cargo de dos empresas contratadas tuvo un giro inesperado para muchos: el Concejo dispuso que el Ejecutivo local deberá proceder a la rediscusión y reelaboración de los pliegos de bases y condiciones (generales y particulares) para el llamado a licitación pública que dé lugar a la contratación de esa prestación, incluido el barrido y limpieza de calles. Los pliegos estaban aprobados por Ordenanza Nº 11.549 (de 2008), pero la licitación nunca se realizó. La recolección funciona desde hace años mediante una suerte de concesión precaria.
En la resolución —sancionada por unanimidad— se determina que el Ejecutivo, al momento de reelaborar los pliegos, deberá considerar cuestiones puntuales: por ejemplo, la eliminación de microbasurales y la verificación continua de los espacios públicos y privados para evitar que aquéllos se generen; incorporar el barrido manual de calles para las arterias de la ciudad en las que no sea eficiente el barrido mecánico; nuevas frecuencias y horarios para la recolección de residuos húmedos y secos, y la efectiva prestación del servicio en las nuevas urbanizaciones dentro del ejido urbano.
También, incorporar maquinaria de menor porte para la limpieza de los espacios públicos; evaluar el sistema de contenedores urbanos, respetando la diferenciación entre residuos húmedos y secos, respetando en las condiciones de diseño y ubicación parámetros de accesibilidad y con maquinaria adecuada para su funcionamiento; crear un sistema de cestos públicos que sean atendidos por la empresa que resulte concesionaria; implementar un sistema de recolección específica para viviendas colectivas; y adecuación del servicio a la recolección de ramas y escombros.
Para el diseño y evaluación conjunta de los pliegos, el Ejecutivo “deberá garantizar una instancia de diálogo y participación ciudadana, diseñar e implementar un sistema de recepción de sugerencias de vecinos e instituciones de la ciudad. Tendrá un plazo de 120 días (cuatro meses) para enviar los pliegos elaborados al Concejo, que los deberá tratar.
Qué implica para el vecino
“Esta resolución implica que el Ejecutivo deberá elaborar en un plazo determinado un nuevo pliego de bases y condiciones —paso previo a una licitación pública— para todo el sistema de recolección domiciliaria de la ciudad. Esto no sólo abarca al camión que pasa y recoge los bolsas de basura, sino también a los barrenderos, la limpieza de espacios públicos, microbasurales. Todo lo que afecta a la mayor o menor limpieza que tenemos en la ciudad”, declaró a El Litoral Leandro González (FPCyS), impulsor de la iniciativa.
El proyecto se había presentado hace unos 10 meses, y avanzó en comisiones hasta llegar al recinto. “Entendemos que (esta sanción) es el primer paso para intentar mejorar la calidad del servicio. Hoy es una de las principales demandas de la ciudadanía; por su ineficiencia, por recorridos que no se cumplen, los vecinos critican este servicio”. El costo de su mantenimiento “está estimado en más de $ 700 millones, y que se maneja mediante un contrato entre la empresa y el Municipio”.
El último pliego es de 1996, hace 22 años. “La ciudad ha cambiado enormemente, incluso con dos inundaciones en su historia más reciente, con procesos de relocalización de vecinos, con nuevos barrios que se construyeron y con migraciones internas dentro del ejido urbano”. Ese pliego anacrónico “de ninguna manera representa las demandas sociales de la actual capital provincial”, opinó González.
Resaltó la posibilidad de que en la elaboración de los pliegos se abra un proceso de participación, con presencia de las organizaciones civiles y las propias vecinales, con el sector gastronómico, de la pequeña empresa y de la economía informal, y hasta de las universidades locales. “Se trata de llegar a tener los mejores pliegos posibles para que luego los tratemos los concejales en el recinto”, agregó.
Contratos de concesión
En 2008, se sancionó la ordenanza N° 11.549, que aprobaba los pliegos para la licitación pública del servicio. “Hoy seguimos con un servicio precario porque el Ejecutivo nunca culminó el proceso licitatorio”, dijo en el recinto Ignacio Martínez Kerz (PJ - Santa Fe es una Sola), quien también requirió “abrir” los datos sobre los contratos de concesión municipales.
El edil trajo a colación otra norma vigente, del 17 de abril de 2016, donde se exhortó al Ejecutivo a que cumpla que la ordenanza N° 10.839, donde se creó el Registro Público Municipal de Contratos de Concesiones celebrados por el Ejecutivo, y donde se inscribirán todos los contratos de concesión realizados. “Todos los vecinos debieran acceder a los contratos de concesión y también nosotros, los concejales. Pero no: no hay acceso. Al menos conoceríamos las condiciones a las que se encuentra sujeto (es decir las obligaciones) en las que está hoy la recolección domiciliaria”, pidió.
En este sentido, se preguntó en el recinto: “¿Por cuáles normas se rigen las prestaciones recíprocas entre los prestatarios del servicio de recolección y el Municipio? Desconocemos las negociaciones y renegociaciones de contratos que se realizan mediante una concesión o un permiso precario. Estamos hablando de la precariedad en un servicio público. Y por el impacto económico que tiene sobre las arcas municipales, es la actividad que más reglas claras necesita”.