Silberstein: "Acorralado, el narcotráfico ataca con violencia"

Mario Cáffaro | [email protected]

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, observa que los nuevos ataques al Centro de Justicia Penal y al edificio de los Tribunales de Rosario son la reacción de sectores acorralados por la agresiva política del gobierno provincial y del nacional en materia de combate al tráfico de drogas.

Desparrama datos por doquier sobre la inversión realizada durante lo que va de la gestión de Miguel Lifschitz tanto en su área como en Seguridad, pero además destaca la tarea de inteligencia criminal que realiza Santa Fe y es allí donde marca diferencias con el gobierno nacional especialmente a la hora de extremar controles sobre sectores que se dedican al lavado de activos.

- ¿Los tiroteos son consecuencia de los avances del Estado?

- Estamos viendo que hay sectores que están acorralados. No significa que se crean derrotados. El problema de afrontar la persecución de la droga desde el paradigma de la guerra habría que repensarlo. Suiza, Francia, muchos estados de Estados Unidos lo están revisando de otra manera. El problema de la droga tiene dos problemáticas muy serias: la salud y la comercialización minorista que al operar en forma ilegal tiene un problema de enorme violencia porque cuando no se cumple un contrato se resuelve matando.

Es horrible que se tirotee a los Tribunales pero es síntoma de que el Ejecutivo y el sistema judicial los están persiguiendo; es evidencia de que hay efectividad en la persecución. Se los persigue desde diversos ámbitos: el allanamiento de esta semana a un supuesto bar vinculado a Los Monos significa que hay inteligencia criminal. El Ejecutivo investiga donde se invierten los dineros del narcotráfico, la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia mantiene los controles sobre las sociedades off shore. Santa Fe tiene una política integrada lo que no quiere decir que hay que hacer mucho más. Se los va cercando en inversiones, en sociedades, en la prevención con la policía en la calle, castigando a los policías que no cumplen con su tarea ante la capacidad económica que tienen las bandas y la posibilidad de corromper a algunos integrantes.

- Hubo ataques anteriores con detenidos y procesados. ¿Por qué la vuelta en estos días?

- Hipótesis puede ser cualquiera. Hemos ya dado golpes económicos a los grupos, allanamos lugares donde se lava el dinero; las inversiones del dinero de la droga. Apenas acontece esto, llega la respuesta violenta. Repito, no solamente perseguimos el tráfico, sino también las inversiones. Hay inteligencia criminal, manejo de datos. Los lavadores de dinero generalmente no usan sociedades anónimas sino sociedades de responsabilidad limitada (SRL) para no presentar estados contables a las autoridades de control. Esto también lo permite las sociedades anónimas simplificadas (SAS) que es una figura dinámica. favorece mucho a la parte lícita de los negocios, también es instrumento muy eficaz para lavar. El descontrol que hubo en los fideicomisos especialmente inmobiliarios... El fideicomiso es un instrumento importante de desarrollo económico pero también es clave para el lavado de dinero en la provincia. Este gobierno busca favorecer el desarrollo económico, pero el Estado debe controlar.

- ¿Usted entiende que los atentados son la reacción de alguien que se siente cercado?

- Le doy datos de porqué pasa esto. Se los ha ido cercando, se ha puesto en evidencia el gran ducto que es el río Paraná; se puso en evidencia la situación de las localidades limítrofes desde Paraguay hacia abajo con medidas que ha hecho Nación; también en Santiago del Estero donde los aviones tiraban allí la droga o en el norte santafesino. El problema de la droga no es un problema de Rosario que si tiene un mercado de consumo importante como lo tienen CABA y varias ciudades de Buenos Aires. Pero Santa Fe debe ser la provincia que trabaja de manera más articulada con la Nación, con un sistema judicial acusatorio ordenado, con inversión enorme. Por eso los tiroteos. No nos deben llamar la atención. Debe conmovernos pero nos debe llevar a redoblar los esfuerzos de protección. Se cuestiona la protección especial a jueces y fiscales.

Hay que darle seguridad a toda la ciudadanía, pero si los jueces y fiscales no actúan, toda la sociedad queda inerte porque es el sistema de juzgamiento penal, la gente a la que le pedimos que los acusen y los juzguen.
Nos encontramos con un problema de dimensión nacional e mundial. Santa Fe está en la buena senda, está trabajando bien, hay mucho por hacer, hay que capacitar más, hay que mejorar el funcionamiento del MPA, etc. Pero los ataques también muestran que se los está acorralando. Se los persigue no solo en el tráfico, sino también en los bienes. Santa Fe es la única provincia que tiene ley de decomiso con una Agencia de Decomiso que le remató coches y propiedades a narcos. Esto no es solo un problema de dinero, es simbólico. El narcotráfico lo que pretende es desafiar al poder. No es nada el auto, el problema es que el Estado les secuestró y le remató el auto; el Estado le cierra los negocios, el Estado les cierra negocios vinculados al transporte; el Estado les complica la constitución de las sociedades y los obliga a ir a otras provincias más benignas en materia de recaudos. Hemos hecho mucho, falta mucho. Hay provincias donde no tienen estos ataques, pero se puede sospechar de la connivencia.

Datos

Planillas en mano, Silberstein valida lo actuado por la gestión desde diciembre de 2015. Explica que de las 250 vacantes que cubrieron en el Poder Judicial, el 30% fueron fiscales penales. Se designaron 73 jueces penales de primera instancia y14 camaristas, quedando hoy solo dos vacantes. También abunda en detalles sobre la inversión realizada en bienes de uso, servicios no personales y bienes de consumo tanto en Seguridad como en Justicia.

Pros y contras del gobierno central

Silberstein observa una actitud dual del gobierno nacional en la cuestión de narcotráfico. Valora la tarea de Patricia Bullrich pero cuestiona algunas decisiones de otras áreas que podrían facilitar el lavado de activos. Con hechos destaca lo realizado por Seguridad de la Nación en Misiones, Corrientes y Entre Ríos donde incluso se comprobó la cercanía de las bandas con actores centrales de la política de esos estados. Subraya empresas de Paraná que funcionaban como frigorífico de pescados y que estuvieron involucrados en la Operación Langostino allá por los 90.

“Cuando se entra a ver Misiones, Entre Ríos, Corrientes evidentemente el ducto más importante del tránsito de la droga venía por el río Paraná y que el problema no es solo Rosario o Santa Fe. Los Monos venían haciendo monerías desde hace 20 años y se toleró que venga por ese ducto la droga. Mientras la justicia provincial metía preso a los Monos, la justicia federal de Rosario planteaba la nulidad de la investigación. Contextualicemos el epifenómeno que generó y la dificultad que generó desarticular esto. Afortunadamente ahora se cambió la dinámica, juzgaron a Los Monos, ahora se empezó la investigación con el Fantasma Paz, de Alvarado, etc”, afirma.

No deja de remarcar que pese a los golpes a las bandas y la inflación, el precio de la droga minorista no ha subido en esa proporción. Después destaca la tarea de Bullrich pero cuestiona las SAS o que la Inspección General de Justicia de la Nación no exige tantos requisitos de personas humanas en las sociedades off shore o que la Unidad de Información Financiera (UIF) no es tan activa y actúa más en función de los ROS. “A nivel nacional se observa una descordinación porque por un lado se persigue a los delincuentes y por el otro hay una baja en los estándares del control” resume.

Para referenciar la situación, toma datos del consultor Jorge Giaccobe quien puso en evidencia que el problema del narcotráfico no es solo de Rosario. Giaccobe señala que la gobernadora de Buenos Aires (María Eugenia Vidal) vive dentro de un regimiento pero muchos de los intendentes de provincia de Buenos Aires pueden caminar por la calle. El ministro santafesino recuerda además que los familiares de Pablo Escobar viven en Buenos Aires, que ‘Mi Sangre’ Londoño fue encontrado en Buenos Aires y no olvida el descontrol que fue durante años el Puerto de Rosario por una mala privatización y asegura que “hoy está ordenado”.

De la Corte Suprema de Justicia

Tras el acuerdo de esta semana, la Corte Suprema de Justicia de la provincia expresó “su más firme repudio con relación a los recientes ataques perpetrados” sobre el frente del edificio principal de los Tribunales de Rosario y sobre el Centro de Justicia Penal de dicha ciudad. Señala que “este tipo de episodios constituye una afrenta hacia la imparcialidad que debe primar en la administración de justicia, aunque también -y fundamentalmente- lo es hacia la ciudadanía toda, que válidamente confía en que los valores de la vida constitucional han de ser preservados por los poderes democráticamente conformados”.

Más adelante “la Corte hace saber a la opinión pública que estos sucesos, lejos de provocar el amedrentamiento que sus autores persiguen, hacen que se renueve entre quienes integramos este Poder Judicial el firme compromiso de seguir trabajando en pos de la realización de los valores de la vida republicana, a través de una administración de justicia guiada por el respeto al Estado de Derecho y a las garantías constitucionales”.

Por último y “más allá de las medidas desplegadas por el Poder Ejecutivo en orden a la dilucidación de los hechos referidos, la oportunidad es propicia para requerir que se adopten todas aquellas medidas que sean necesarias, a los fines de que los Tribunales -y, en general, la ciudadanía y todas las autoridades de la Provincia- puedan desarrollar sus respectivas actividades y funciones en el más adecuado marco institucional”.