Consulta popular: gobierno y TEP firmarían convenio de cooperación

El gobierno provincial podría firmar un acuerdo de cooperación con el Tribunal Electoral (TEP) para que, finalmente, la consulta popular sobre la reforma de la Constitución convocada por el Poder Ejecutivo, se pueda realizar de manera conjunta con las elecciones generales de junio. Así lo manifestó la presidente del organismo, María Angélica Gastaldi, ante la consulta de El Litoral.

—¿Qué suerte corre la consulta popular?¿Se va firmar un convenio de cooperación con el gobierno?

—Estamos en eso. Nosotros fijamos algunas pautas y estamos encaminados hacia una actitud de colaboración.

—¿Se va a hacer, entonces?

— Creo que sí. El gobierno la tiene establecida.

—¿Se firmará ese acuerdo de cooperación? -se le insistió.

—Tenemos que seguir conversando; total esto es para junio, no para ahora.

—¿Se podría usar el mismo personal que trabaje para la elección general? -consultó este diario.

—Habrá que ver... Sinceramente, eso es parte operativa de la Secretaría (Electoral). Nosotros siempre dijimos que no puede haber confusión electoral; que tiene que haber autoridades de control y de escrutinio, distintas. Y eso creo que está garantizado.

—El gobierno le pidió al Tribunal que revea la resolución en la que se expidió sobre la consulta. ¿Lo hará?

—No, no pidió que se reviera. Salió así en los diarios pero en realidad, fijamos pautas.

Antecedentes

La historia de la consulta comenzó el año pasado cuando, tras el fracaso legislativo que impidió avanzar con el proceso de reforma constitucional, el gobernador Miguel Lifschitz anunció que convocaría a una consulta popular no obligatoria ni vinculante para que los santafesinos opinaran sobre el tema. Y firmó el decreto para que el plebiscito se hiciera de manera simultánea con las elecciones generales del 16 de junio.

Ese aspecto -la simultaneidad- terminó siendo uno de los puntos objetados. Después de una reunión convocada por Gastaldi para abordar el tema con los apoderados de todas las fuerzas políticas a comienzos de año, el partido Pais -con el patrocinio de Domingo Rondina- presentó una impugnación a la decisión del Ejecutivo, y planteó la presunta inconstitucionalidad de la medida por ser un instituto no reglado en la provincia.

A ese escrito, el TEP respondió diciendo que no podía resolver sobre la cuestión de fondo -la presunta inconstitucionalidad-, pero advirtió -a la vez- que no podía hacerse cargo de la organización de la consulta, ya que como tribunal sólo puede entender en elecciones convocadas por ley. De ese modo, le sugirió al gobierno que de persistir en la idea de hacer el evento, debía disponer de personal y hasta de mesas separadas y diferenciadas de las que estuviesen afectadas a la elección general.

Ese posicionamiento redundaría en una duplicación del personal afectado, y de los recursos económicos necesarios. Por eso, el gobierno entendió que en función de las condiciones impuestas por el TEP, la consulta sería prácticamente irrealizable. Y le pidió al organismo que reviera su decisorio. Gastaldi aclaró ante la consulta de El Litoral que el tribunal “sólo fijó pautas”, por lo que dejó entrever que no habrá respuesta a la solicitud del gobierno. En todo caso, lo será el convenio de cooperación que se firmaría próximamente.

Prórroga para el Banco

Se postergó la apertura de sobres de ofertas para la licitación del agente financiero de la provincia. El acto estaba previsto para el próximo jueves y fue pospuesto para el 2 de mayo. Según pudo saber El Litoral, uno de los interesados -el Banco Nación- requirió una serie de aclaraciones para participar del proceso, que no se llegarían a evaluar antes de la fecha fijada originalmente para la apertura.

En tanto, la precandidata a gobernadora María Eugenia Bielsa sostuvo que “no es el momento” de reprivatizar el Banco ahora “porque el contrato con el grupo Eskenazi termina el 30 de junio”. Planteó que Lifschitz “debería postergarlo para que el nuevo gobierno fije las nuevas condiciones”.

“Nosotros tenemos otra idea sobre el rol que debe tener el Banco de Santa Fe, que es superavitario porque da créditos a empleados públicos y tiene una masa de activos que viene de la mano de la provincia”, añadió la ex vicegobernadora.

“Aún en términos de que el banco siga en la esfera privada, la provincia podría tener representantes en el directorio y disponer que una parte de los créditos se destinen a las pequeñas y medianas empresas. Porque ahora parece que hay que hacer lo que nunca hicieron en 12 años (del Frente Progresista), que es crear un banco de fomento. Sí, claro que hace falta un banco de fomento y tomar créditos a tasa subsidiadas. Pero me parece que este adelantamiento tiene alguna otra intencionalidad”, señaló la ex vicegobernadora.