Clausuran "el corralito" en la cárcel de Coronda

El gobernador, Hermes Binner, presidirá este lunes en la cárcel de Coronda el acto de cierre definitivo del pabellón psiquiátrico de esa unidad penitenciaria, conocido como "el corralito". La decisión fue comunicada por el gobierno santafesino y había sido saludada el jueves último en el recinto de la Cámara de Diputados por la oficialista Alicia Gutiérrez quien calificó a la medida "como una decisión política muy importante".

Binner irá al acto de Coronda con los ministros de Seguridad, Daniel Cuenca; de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti; y de Salud, Miguel Ángel Capiello.

"Su funcionamiento es violatorio de los derechos humanos y de las leyes de salud mental", destacó Gutiérrez, integrante de la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara y quien denunciara hace varios años la situación de esa dependencia donde en las últimas semanas estaban alojados no más de cinco internos. En tanto, el justicialista Alberto Monti también celebró el cierre del pabellón pero dijo que existe preocupación en la colonia siquiátrica de Oliveros por la posible derivación a ese lugar de los detenidos con problemas de salud mental.

El pabellón psiquiátrico de la cárcel de Coronda fue creado el 11 de enero de 1985, en el marco de un convenio celebrado entre los entonces ministerios de Salud y Medio Ambiente y de Gobierno de la provincia de Santa Fe.

Según el acuerdo, se trataba de un espacio para alojar y brindar asistencia a personas declaradas jurídico-penalmente inimputables en situación de cumplimiento de una medida de seguridad, como así también a aquellas personas consideradas penalmente imputables en situación de padecimientos en su salud mental.

Durante los 23 años de funcionamiento del corralito existieron múltiples proyectos e iniciativas de cierre definitivo motivados por innumerables reclamos y solicitudes de organismos gubernamentales, nacionales e internacionales y de derechos humanos, que denunciaron oficial y judicialmente la ilegalidad de este espacio y la situación de vulnerabilidad de los derechos fundamentales de las personas allí alojadas. No obstante, el pabellón psiquiátrico siguió funcionando y continuaron ordenándose judicialmente internaciones en él. 

Ahora los ministerios de Salud a través de la Secretaría de Salud y la dirección de Salud Mental, de Seguridad a través de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios y la dirección general del Servicio Penitenciario, y de Justicia y Derechos Humanos a través de la Secretaría de Derechos Humanos decidieron, en forma conjunta y coordinada emprender un plan estratégico dirigido al cierre definitivo del pabellón psiquiátrico.

El trabajo interministerial permitió poner en marcha un "protocolo de intervención de acciones inmediatas", consistente en la disposición de los recursos y acciones necesarias para alojar y asistir a los pacientes declarados inimputables, en el menor tiempo posible, en instituciones de la red de salud pública; la disposición de los recursos y acciones necesarias para asistir adecuadamente, dentro de las instalaciones del Servicio Penitenciario, a los pacientes procesados o condenados que se hallaban en el pabellón psiquiátrico; la conformación de un equipo interdisciplinario que tomará a su cargo la asistencia inmediata y evaluación, caso por caso, de la estrategia terapéutica pertinente para cada uno de los pacientes y el desarrollo de las acciones tendientes a coordinar y lograr la cooperación de los actores institucionales competentes en la materia, específicamente con el Poder Judicial, teniendo presente que las internaciones de personas en el pabellón psiquiátrico eran dispuestas y ordenadas judicialmente.

"Este proceso ha permitido insertar a los pacientes que se encontraban aquí alojados en una adecuada estrategia de salud mental, poniéndose así punto final, a un espacio de indignidad y violación de derechos", señala un comunicado conjunto de los tres ministerios intervinientes.