El gobierno carga contra Telecom

Por Sergio Serrichio - CMI
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El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, afirmó ayer que el gobierno está dispuesto a reestatizar Telecom Argentina, una de las dos compañías surgidas de la privatización, en 1990, de la ex Entel, que desde entonces brinda el servicio de telefonía fija en el norte del país. La empresa brinda también servicio de Internet banda ancha (Arnet) y telefonía móvil, a través de Personal, que a su vez controla dos tercios de Núcleo, proveedor de telefonía móvil en Paraguay.

En rueda de prensa, De Vido anunció que el estado apelará un fallo de la Cámara Civil y Comercial, del 13 de enero, que ante una medida cautelar presentada por los accionistas de Telecom Italia, suspendió la orden de “desinversión” que a través de la Secretaría de Comunicaciones había dado el gobierno para que se desprendiese de sus activos en Sofora, la controlante de Telecom Argentina.

Esa directiva tomó forma concreta el 25 de agosto de 2009, cuando la secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, ordenó a Telecom hacer esas operaciones en un plazo no mayor a un año, y a presentar el cronograma de ventas a más tardar el 25 de febrero de 2010. Esa es la directiva gubernamental contra la que Telecom Italia presentó una medida cautelar, que tuvo respuesta positiva de la Cámara Civil y Comercial la semana pasada.

En ese contexto deben entenderse las palabras de De Vido ayer, cuando señaló: “Vamos a profundizar nuestra acción (ante la Justicia, mediante la apelación) y de no prosperar en sede judicial las pretensiones del gobierno, que son la defensa del justo derecho del Estado argentino y de los consumidores, vamos a enviar al Congreso la normativa necesaria para restituir al estado nacional, en principio, la operación y la licencia (de Telecom)”.

Según consignó la agencia oficial, Télam, De Vido advirtió: “No nos va a temblar el pulso para hacer lo que tengamos que hacer si continúan estas chicanas judiciales; no nos van a imponer ningún escenario que sea contrario al libre juego de la oferta y la demanda, ningún escenario que beneficie a monopolio alguno”.

Desde Europa, el presidente de Telecom Italia, Gabriele Galateri di Genola, respondió, citando al CEO de la empresa, Franco Bernabé: “Tenemos confianza que una parte al menos de las instituciones argentinas tenga efectivamente la capacidad y el equilibrio de juicio que es indispensable en estos casos”. El tono de muestra que los italianos están dispuestos a dar pelea.

Conflicto

El conflicto se inició en diciembre de 2008, cuando luego de que Telefónica Internacional compró una participación minoritaria en Telecom- la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia alertó sobre el riesgo de “monopolio” en el mercado local y bloqueó la opción que Telecom Italia tenía para comprar el 50 por ciento de Sofora, el holding controlante de Telecom Argentina. Esa parte estaba (está aún) en manos de los Werthein, una familia “amiga” del kirchnerismo.

La CNDC prohibió, además, vender la opción a un tercero, beneficiando a los Werthein o a quien el gobierno habilite a adquirir los activos. Además, la orden de “desinversión” y el exiguo plazo para realizarla, deprimen el valor de venta.

Tanto en el Congreso como en ámbitos empresarios, corre desde entonces la versión de que De Vido les indicó a los italianos “hablar con la gente de Aeropuertos” (por Aeropuertos Argentina 2000, empresa piloteada por otros dos empresarios filokirchneristas: Eduardo Eurnekián y Ernesto Gutiérrez) para proceder a “desinvertir” en el país.

Un ingrediente adicional es que a fines de 2009, según reportó el periodista Carlos Pagni en el diario La Nación, la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador bursátil de EE.UU., informó a Telecom Italia que investiga el supuesto proceso de venta de sus activos en Sofora. Las preguntas de la SEC apuntarían a determinar la naturaleza de las relaciones entre los Werthein, Eurnekián y Gutiérrez, de un lado, y el gobierno de los Kirchner, del otro.

También en ese contexto deben interpretarse las declaraciones de Arturo Valenzuela, subsecretario latinoamericano del gobierno de Barack Obama, que en diciembre pasado, en su paso por Buenos Aires, dijo que había escuchado preocupaciones acerca de la “seguridad jurídica” en la Argentina, lo que generó una airada reacción del gobierno argentino.

En Roma, ya la semana pasada Telecom Italia sugirió que recurriría al Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, según reportó el diario italiano Il Sole-24 Ore. La empresa aduce que la transacción con Telefónica no implicó ningún cambio de control y por eso no tiene incidencia en sus operaciones en la Argentina.

Si el gobierno recurre al Congreso para “re-estatizar” Telecom, el trámite se iniciará en la Comisión de Comunicaciones e Informática de Diputados, que presidirá la radical K Silvia Vázquez y donde el oficialismo ubicó a varias de sus primeras espadas, como Patricia Fadel, Diana Conti y Gustavo Marconato. La estrategia allí sería sumar votos de centroizquierda, como los de Alcira Argumedo, Miguel Bonasso y la cordobesa Cecilia Merchán, en principio receptivos a las propuestas re-estatizadoras.

Las privatizaciones de Entel y de Aerolíneas Argentinas fueron las más “emblemáticas” de los noventa. ¿Lo serán también sus “reestatizaciones”?