Los desplazamientos masivos de poblaciones por conflictos armados privan a millones de niños refugiados de la posibilidad de recibir una educación de calidad, señaló hoy el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2011, que fue publicado por la Unesco.
El informe titulado "Una crisis encubierta: conflictos armados y educación", que se presentó en forma conjunta en Nueva York, Santiago de Chile y La Habana, advirtió que el mundo no va por buen camino para lograr en 2015 los objetivos de la Educación para Todos suscritos por 160 países en Dakar en el año 2000.
Irina Bokova, directora general de la Unesco, sostuvo que "los conflictos armados siguen representando un importante obstáculo para el desarrollo humano en muchas partes del mundo, pero hasta ahora se ignoró ampliamente sus repercusiones en la educación".
Bokova opinó que "la originalidad del informe estriba en que expone documentadamente la magnitud de esta crisis encubierta y sus causas subyacentes, al tiempo que presenta propuestas bien argumentadas para efectuar los cambios que se imponen".
El trabajo realizado por un equipo independiente para la Unesco reclamó una mejor evaluación de las necesidades educativas de las poblaciones desplazadas, un refuerzo de los derechos de los desplazados internos y una distribución más equitativa entre los países pobres y las naciones ricas de la carga financiera que suponen los refugiados.
También, solicitó una mejor coordinación de la labor de los organismos de las Naciones Unidas, para facilitar a las poblaciones de refugiados un acceso más amplio a la educación.
En todo el mundo hay más de 43 millones de personas desplazadas, principalmente en países afectados por conflictos armados, pero la ONU estima que la cifra real es mucho más elevada.
Se calcula que casi un 45% de los desplazados -esto es, unos 19,5 millones- tienen menos de 18 años y la mayoría de ellos tienen que afrontar en su condición de refugiados la pobreza extrema, la marginación y la pérdida de su independencia.
El informe indicó que el hecho de que su condición no sea reconocida jurídicamente supone a menudo que los refugiados por conflictos armados se vean privados de la posibilidad de acceder a servicios básicos, como la educación.
Aunque los refugiados gozan de la protección jurídica que les otorga la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, los datos de 2008 en 127 campamentos administrados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ponen de relieve los importantes obstáculos con que tropiezan para tener acceso a la educación.
El trabajo difundido por la Unesco precisó que apenas va a la escuela un 69% de los niños refugiados en edad de cursar la enseñanza primaria.
En promedio, hay unas ocho niñas escolarizadas por cada diez varones en la enseñanza primaria y en la enseñanza secundaria esa proporción es incluso menor.
Señaló que en un tercio aproximadamente de los campamentos de refugiados el número de alumnos en cada aula es muy elevado -50 por maestro, o incluso más- y una gran parte de los docentes carecen de formación.
Indicó que en muy pocos campamentos de refugiados se ofrece la posibilidad de cursar estudios de secundarios y eso se debe a que la condición de refugiado se considera "provisional" y, por lo tanto, esta situación no incita a que se hagan inversiones en los niveles de enseñanza superiores a la primaria.
Solamente uno de cada tres refugiados vive en un campamento y la mayoría de ellos se asientan en zonas urbanas, por lo cual se sabe poco de su situación en el plano educativo.
Los datos sobre la educación de los desplazados internos son aún más escasos, pero los elementos de información que se disponen indican que el fenómeno del desplazamiento provoca graves interrupciones en la escolaridad y que los más perjudicados son los niños de familias pobres, las muchachas y los niños que pertenecen a poblaciones indígenas.
El informe puso de relieve que la firme resolución manifestada por las familias para dispensar a sus hijos una educación debería corresponder una voluntad igualmente resuelta de los gobiernos y los países donantes para mejorar el acceso a la educación de los refugiados y desplazados internos.
Consideró que en las evaluaciones de las necesidades educativas de los refugiados y desplazados se debe incluir sistemáticamente una estimación del volumen de financiación que se precisa para alcanzar los objetivos de la Educación para Todos.
La mayoría de los refugiados encuentran asilo en países pobres que reciben escasa ayuda inanciera y los gobiernos de los países donantes, según la ONU, deberían incrementar sus contribuciones al ACNUR y prestar más apoyo a los poderes públicos de las naciones que dan lugar a los refugiados, a fin de que se les pueda facilitar una prestación de servicios educativos más eficaz.
Los especialistas que colaboraron con la Unesco insistieron en que el derecho a la educación de los desplazados internos no se reconoce suficientemente y los servicios educativos que se les ofrecen son muy limitados.
Fuente: Télam