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Edición Online | 29-10-2012 | 17:45 - Última actualización | 30-10-2012 | 7:40

A los 85 años

Murió el represor Albano Harguindeguy


 Foto:Archivo - Telam
Foto:Archivo - Telam

Albano Eduardo Harguindeguy, el poderoso ex ministro del Interior de la última dictadura militar, murió hoy, a los 85 años, mientras cumplía arresto domiciliario por crímenes de lesa humanidad.

Exgeneral de división, aficionado a la caza mayor y gélido ideólogo del régimen que usurpó el poder en el país desde 1976 hasta 1983, Harguindeguy tenía que rendir cuentas en la Justicia por haber escoltado al dictador Jorge Rafael Videla desde la cartera política durante cinco años, cuando se produjo la mayoría de los crímenes del terrorismo de Estado.

Nació en Villa Valeria, una localidad de Córdoba, el 11 de febrero de 1927, y murió hoy en una casa de la calle Eva Perón 1331 de Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas, donde estaba recluido por sus problemas de salud, según confirmó DyN.

Harguindeguy ingresó a la carrera militar en 1943 -en el Liceo Militar fue camarada de Raúl Alfonsín, el primer presidente de la democracia restaurada en 1983- y fue jefe de la Policía Federal designado en 1975 por la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón. Dos años antes había comandado las brigadas militares que realizaron junto con grupos guerrilleros, como los Montoneros, el ‘Operativo Dorrego‘, de efímera duración, para asistir a sectores sociales afectados por inundaciones.

Con la llegada del golpe militar, Harguindeguy asumió como ministro del Interior, cargo que ocupó entre el 29 de marzo de 1976 y los mismos día y mes de 1981. El exgeneral de división de ojos claros y mirada intimidatoria, era considerado uno de los ‘cerebros‘ de la dictadura y el amplio radio de influencia de su cartera -bajo cuya órbita se movían las fuerzas de seguridad- le permitía dominar extensas jurisdicciones del poder de entonces y tomar decisiones fundamentales, incluso, literalmente, de vida o muerte.

Un año antes de irse tuvo la misión de encarar lo que se llamó ‘diálogo político‘, sin futuro posible en medio del apogeo de la represión ilegal y de ya fuertes internas entre los jerarcas de la dictadura por quedarse con el poder.

Harguindeguy no volvió a las estructuras del poder formal pero siguió siendo un referente para la dictadura en su conjunto y, en particular, el Ejército de entonces. Poco después de 1983, ya recuperada la democracia, tomó cuerpo la decisión de la Justicia de castigar los crímenes perpetrados por el autodenominado ‘Proceso de Reorganización Nacional‘ y se llevó adelante el llamado ‘Juicio a las Juntas‘. Se cuenta que poco antes del inicio de ese histórico proceso Harguindeguy habría participado de una operación, junto a algunos sectores de la UCR, para convencer al entonces fiscal Julio Strassera de aceptar un trato para que un grupo de militares admitiera la responsabilidad en los hechos, pero a cambio de no ser juzgado ni que se escucharan testimonios de las víctimas.

Harguindeguy no fue acusado durante el Gobierno de la UCR, pero desfiló como testigo en aquel juicio, donde admitió que a sus manos llegaban los pedidos para que algún detenido en la clandestinidad pasara a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y fuera enviado a una cárcel común.

En 1989, la llegada a la Presidencia de Carlos Menem -con el antecedentes de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dictados por Alfonsín- conllevó la firma de dos decretos de indulto para los condenados en aquellos históricos juicios y para otros que no habían llegado a ser sentenciados, pero tenían investigaciones en curso. Esos perdones también alcanzaron a distintos estamentos de la organización guerrillera peronistas Montoneros.

A Harguindeguy lo complicaba, al igual que al exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz (su antiguo compañero de safaris hoy también preso en su casa), la denuncia de los empresarios Gutheim, padre e hijo, por el secuestro que sufrieron en 1977 y durante el cual los obligaron a firmar acuerdos comerciales a los que se oponían. Su situación judicial se complicó en 2004, cuando fue arrestado en el marco de la megacausa del Plan Cóndor, el proyecto de las dictaduras del Cono Sur para eliminar opositores; y con la anulación de los indultos, la Justicia pudo seguir investigándolo por su participación en el secuestro de los dos empresarios.

A partir de ese momento, otras causas por crímenes de lesa humanidad en distintos puntos del país también comenzaron a requerirlo como imputado. Por ejemplo, los hechos en la conocida como Area Concordia (Entre Ríos), aunque su condición física le impedía estar en el juicio oral que se sustanciaba allí. También había sido procesado por el secuestro y la desaparición del dirigente guerrillero Roberto Quieto en diciembre de 1975, aún en el Gobierno de ‘Isabel‘ Perón.

Asimismo, en La Rioja, el juez Daniel Herrera Piedrabuena, dispuso procesarlo con prisión preventiva -igual que a los represores Videla y Luciano Benjamín Menéndez- por ‘homicidio calificado y asociación ilícita‘ por la muerte del obispo Enrique Angelelli, en 1976.

Siempre se lo vinculó a los famosos papeles que, se dice, la dictadura guardó bajo siete llaves con los registros de los procedimientos que llevaron adelante. Incluso en la búsqueda infructuosa de encontrar esos documentos se llevó adelante un allanamiento en su casa, en la que murió en las últimas horas.

DYN
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