El juez estadounidense Thomas Griesa falló a favor del reclamo de dos fondos buitres -entre otros acreedores-, al resolver que Argentina debe pagarles, el 15 de diciembre próximo, U$S 1.330 millones a los bonistas que no entraron en los canjes.
Se trata de un nuevo revés para el gobierno de Cristina Fernández, que el martes, a través del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, había anticipado que apelaría ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en “caso de ser necesario”. Esa vía sin embargo podría dificultarse, ya que el tribunal con sede en Washington sólo atiende casos federales que amenazan la seguridad de ese país.
La medida del juez neoyorquino dispone que la Argentina debe pagarles a los <IC>holdouts<XC>, incluidos los fondos buitre, el total de lo que se les debe -1.330 millones de dólares- el 15 de diciembre próximo.
“En diciembre de 2012, hay pago de intereses a los tenedores de bonos reestructurados por aproximadamente 3.140 millones de dólares. Presumiblemente, la Argentina tiene pensado pagar el 100% de lo que debe. Hay actualmente deudas que se les debe a los demandantes”, sentenció Griesa.
Advirtió el magistrado que “esto es lo que se debe actualmente, no deuda sobre un período de tiempo futuro”, según los reportes de agencias de noticias internacionales. “Para poder cumplir con la orden judicial, la Argentina tiene que pagarles a los demandantes el 100 por ciento de esos 1.330 millones, al mismo tiempo o antes de que les pague a los tenedores de bonos reestructurados”, en un depósito o cuenta de garantía, sostuvo el juez en su escrito.
“La República Argentina tiene permanentemente prohibido realizar acciones que evadan las directivas de esta orden”, agregó el fallo. También, Griesa rechazó el pedido de Argentina para que se suspendieran las órdenes judiciales hasta tanto se haya terminado el proceso de apelaciones.
La decisión de Griesa llega después de 10 años de iniciado el litigio de NML Capital Ltd -filial de Elliot Management Corp- y Aurelius Capital Management. Si la Argentina no paga y no encuentra recursos legales para postergar la decisión, Griesa podría inhibir el pago de la deuda canjeada y pondría al país en una “moratoria técnica” por unos U$S 24.000 millones emitidos tras el canje.