La Corte destrabó juicios de jubilados y retó al gobierno

De la redacción de El Litoral
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DyN

La Corte Suprema reconvino al gobierno por recusar “sin causa” a un camarista de la Seguridad Social y le advirtió que el “ejercicio masivo” de esa práctica es “un abuso del proceso que los jueces no deben tolerar”, pues deriva en un “problema institucional” y causa “perjuicios” a los jubilados que reclaman mejores haberes para poder subsistir.

Así, la Corte confirmó un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social que había rechazado un pedido de recusación sin causa efectuado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) contra el juez Luis René Herrero.

La medida fue dispuesta en el marco de una causa iniciada ante la Justicia federal de Salta por el reajuste de haberes de un jubilado llamado Emilio Aguilera Grueso, cuya sentencia fue apelada y recayó en la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social.

La utilización de la recusación “como lo plantea el organismo previsional, crea un problema institucional”, pues el fuero de la Seguridad Social está “abrumado por la litigiosidad” y “el efecto nocivo” provocado por estos planteos “afecta el apropiado funcionamiento del sistema de justicia, además de causar perjuicios a los demandantes en proceso en que se debaten cuestiones de naturaleza alimentaria”, dijo la Corte.

Cadena de dilaciones

Según informó ayer el diario Clarín, la Anses logró paralizar unos diez mil expedientes en donde se solicita la revisión de la liquidación de haberes. Es que la Anses recusó sin causa al camarista Herrero y lo denunció ante el Consejo de la Magistratura, lo cual generó que se frenaran durante casi un año y medio los planteos que llegaron ante su tribunal. Ahora, la Corte pareció buscar un final a esta cadena de dilaciones, en un fallo que lleva las firmas de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, aunque con la disidencia del juez Raúl Eugenio Zaffaroni.

La Corte se pronunció ante “la manifestación de voluntad de la demandada (Anses), expresada en el recurso extraordinario, de extender la recusación a todos los pleitos en los que resultare sorteada la Sala II del fuero de la Seguridad Social”.

“Tal intención, llevada a la práctica en 163 expedientes en la primera semana después de esta presentación y en miles de causas hasta la actualidad, resulta de importancia primordial para abordar el estudio de la cuestión, dado que podría exceder o desvirtuar los fines previstos por el legislador procesal y hacer colisionar las normas rituales con otros preceptos de rango constitucional”, entendieron los ministros.

Para la Corte, “no puede desconocerse que recusar al doctor Herrero en la totalidad de las causas sorteadas a la sala II traería aparejado el vaciamiento de la jurisdicción del magistrado, para cuyo ejercicio fue regularmente designado y que debe desempeñar en tanto dure su buena conducta, consecuencia que va mucho más allá de asegurar la imparcialidad de los jueces intervinientes, para transformarse en una suerte de sanción que carece de sustento fáctico y normativo”.

Gravedad

“Es indudable que el uso de la recusación, tal como lo plantea el organismo previsional, crea un problema institucional que no cabe minimizar, pues el fuero se encuentra abrumado por la litigiosidad y el efecto nocivo derivado de estos planteos afecta el apropiado funcionamiento del sistema de justicia, además de causar perjuicios a los demandantes en proceso en que se debaten cuestiones de naturaleza alimentaria”, indicó.

Y añadió: “La gravedad de estas secuelas surge con claridad desde el momento mismo en que se aborda el tema y no puede soslayársela sobre la base de argumentos genéricos o conjeturales acerca de la neutralidad de los magistrados, máxime cuando el margen de discrecionalidad a que alude la recurrente se encuentra acotado tanto por el carácter colegiado de los tribunales de alzada, como por las doctrinas elaboradas por esta Corte en materia de seguridad social”.

En su voto en disidencia, Zaffaroni se limitó a decir que “los agravios de la demandada han sido objeto de adecuado tratamiento en el dictamen del señor Procurador General, a cuyos fundamentos corresponde remitirse por razones de brevedad” y por lo tanto correspondía hacer lugar al planteo de la Anses y revocar la sentencia apelada.

Publicidad para Perfil

La Corte Suprema ratificó que el gobierno deberá suministrarle publicidad oficial a tres publicaciones de la editorial Perfil, para lo cual deberá presentar un esquema de distribución, de acuerdo a las analogías entre los medios.

El tribunal declaró “inadmisible” la apelación planteada por el Estado en contra de la ejecución de un fallo que, sobre la base de una decisión anterior de la propia Corte, ordenaba darle publicidad oficial al diario Perfil y a las revistas Noticias y Fortuna.

El seguimiento de ese esquema de publicidad que debe suministrar el Estado estará sujeto al “control judicial”.

La Corte ya había ordenado en marzo de 2011 al gobierno otorgar a la editorial Perfil publicidad oficial, pero cuando ese expediente pasó a la etapa de ejecución en el fuero en lo Contencioso Administrativo surgieron nuevas diferencias entre las partes.

Perfil pidió que la publicidad asignada al diario homónimo fuera similar a la de los periódicos Página 12, Tiempo Argentino y Miradas al Sur; que la de la revista Noticias se equiparara con Veintitrés, Debate, Newsweek y El Guardián, y la de la revista Fortuna, a Apertura, Gestión y Mercado.

Pero el Estado, basado sobre un informe de la agencia Télam -que canaliza la publicidad oficial- sostuvo que el criterio de asignación de avisos debía contemplar analogías en materia de “extensión, contenido, frecuencia, precio de tapa, zona de influencia, público y porcentaje de incidencia en la publicidad total”.

En las dos instancias anteriores la Justicia le dio la razón a la Editorial Perfil, pero el gobierno recurrió a la Corte Suprema. En su acuerdo de ayer, el máximo tribunal resolvió rechazar un recurso extraordinario contra el fallo de la Sala Cuarta de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que ordenaba al Estado presentar un esquema de distribución de publicidad con un criterio de “proporcionalidad y equidad” y evitando una situación de “discriminación”. Ese esquema debe ser “susceptible del control judicial”, indicaba el fallo, ahora ratificado por la Corte.

PAMI

La Corte Suprema de Justicia le ordenó hoy al Pami, la obra social de los jubilados, que suministre a una organización no gubernamental información sobre la distribución de su publicidad en dos períodos. El máximo tribunal hizo lugar al pedido de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que había reclamado esos datos basada en el acceso a la información pública consagrado en la Constitución Nacional. “Aun cuando no posea naturaleza estatal, dadas sus especiales características y los importantes y trascendentes intereses públicos involucrados, la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática”, sentenció la Corte.

Abuso intolerable

“La pretensión de la demandada (Anses) de efectuar un ejercicio masivo del instituto de la recusación sin expresión de causa desnaturaliza los propósitos y fines para los que fue concebido y ocasiona múltiples perjuicios a los justiciables. Se configura así un abuso del proceso que los jueces no deben tolerar”, alertó la Corte.

Oportunidad

El fallo fue emitido poco días después de que la presidenta Cristina Kirchner cuestionara la “catarata de juicios” contra la Anses y asimilara a los jubilados con los “caranchos”. También, el mismo día que Clarín reveló en tapa que el gobierno frenaba 10 mil juicios de jubilados a través del recurso de la recusación del juez.