'Se está encorsetando a la educación privada'

De la Redacción de El Litoral

[email protected] El Arzobispado de Santa Fe expresó sus reparos con relación al proyecto de ley que dispone la quita de subsidios a las escuelas privadas cuando éstas despidan a docentes sin invocación de causa. “Se está encorsetando a la educación privada con una medida que es inconstitucional”, consideró el presbítero José Luis Ayala, delegado Episcopal para la Educación del Arzobispado. Hace cerca de un mes, la Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción a un proyecto del legislador Luis Rubeo que apunta a modificar los artículos 30 y 31 de la Ley 6.427 del Servicio Provincial de Enseñanza Privada. Esa iniciativa dispone que ante todo despido sin causa, la escuela recibirá una sanción del director del Servicio Provincial de Enseñanza Privada que consiste en la suspensión del aporte estatal para el cargo que ocupaba el docente despedido. Establece, además, que el director provincial no podrá aumentar ni el porcentaje ni el monto total del subsidio del Estado a esa escuela durante la vigencia de la quita del aporte -que puede ser de hasta 30 meses-, con excepción de aquellos en los que se produjera un crecimiento de cursos. El texto, que busca proteger la estabilidad docente evitando que los colegios puedan despedir a los trabajadores en forma arbitraria, pasó a la Cámara de Senadores, aunque ese cuerpo legislativo dio por culminado su período anual de sesiones ordinarias sin darle tratamiento. El Pbro. Ayala señaló que se está imponiendo “otro castigo más” a los colegios, aparte del que prevé la Ley de Contrato de Trabajo que obliga a pagar una indemnización al trabajador despedido sin causa. En ese sentido, el delegado del Arzobispado advirtió que “algunos juristas consideran que el proyecto es inconstitucional, por cuanto el Estado provincial estaría metiéndose y condicionando la relación entre dos privados” que ya está regulada por una normativa de jerarquía superior como es la Ley Nacional de Contrato de Trabajo. Añadió que “esta reforma a la ley además encorseta las posibilidades de ser fiel al objetivo por el cual nació la educación privada -no sólo católica sino de otros credos y asociaciones civiles- y que es garantizar el principio de la libertad de enseñanza. El Estado hace el aporte de los sueldos para que en el país pueda haber diversidad de formas de educar”, argumentó. Perjuicio Por otro lado, Ayala señaló que una medida sancionatoria de este tipo atentaría contra la supervivencia de un colegio, porque si se quita el subsidio por un cargo de maestro o profesor, la escuela deberá cubrir igual ese puesto. “Presupuestariamente, esto sería terrible porque nuestras escuelas no tienen fondos propios para afrontar un sueldo durante 30 meses”, manifestó. “Cuando uno entra en la parte jurídica, se olvida de lo que es la realidad de la educación privada. El Arzobispado de Santa Fe tiene casi 75 u 80 % de sus escuelas en barrios marginales, donde se cobran cuotas de 25 pesos o se pide 3 ó 5 pesos de colaboración. En muchos casos son los propios docentes los que generosamente ponen dinero de su bolsillo para cubrir gastos. Desde la perspectiva de la Iglesia, una escuela privada es una obra de evangelización que nos excede a todos y por la cual todos aportamos nuestro granito de arena”, explicó Ayala. “No somos una empresa privada” El delegado episcopal para la Educación también respondió a los planteos que se escucharon de parte de quienes defienden el proyecto de ley. “No somos una empresa como se nos acusó. En mi caso particular, soy apoderado legal de una escuela que tiene el 80 % de subsidio estatal y tengo que destinar el 50 % del cobro de los aranceles al pago de sueldos. Es decir, hay topes, está todo medido, no hay un fin recaudatorio de dinero para despedir gente con esa plata, como se dijo por ahí”, explicó. Recordó que el aporte estatal solamente cubre los sueldos, ya que los gastos de funcionamiento -luz, teléfono- y de mantenimiento del edificio escolar, se solventan con fondos propios. Si bien admitió que se producen despidos, consideró que éstos siempre están comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo que obliga a pagar indemnización en el caso de despido sin causa o a iniciar un sumario administrativo para despedir a una persona con causa. “En Santa Fe, se produjo un solo despido sin causa en 2011 y fue porque ese docente no pudo reorganizar el horario y entró en incompatibilidad”, aseguró.

Del Arzobispado de Santa Fe dependen 77 complejos educativos, con unos 150 niveles, dijo el padre José Luis Ayala. Foto: Guillermo Di Salvatore

70 despidos en tres años Según el informe que en su momento el director provincial de Enseñanza Privada remitió a la Cámara de Diputados, en 3 años hubo 70 despidos corroborados por el Ministerio de Educación y 6.524 ceses. “Esos ceses son por abandono de servicios, cesantías por exoneración, renuncias por causas particulares o por incompatibilidad horaria, por no reintegro de licencia sin goce de sueldo, por fallecimiento, por jubilación. Todas esas causas generan un telegrama pero de ninguna manera son despidos encubiertos”, manifestó el Pbro. José Luis Ayala. “Hay que tener en cuenta que esos 70 despidos en 3 años se hicieron sobre una población de 25.000 docentes”, indicó.

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