Proponen eliminar peajes en rutas

El diputado santafesino Carlos Comi (CC-ARI) es autor de un proyecto de ley que apunta a declarar extinguido el sistema de financiación de obras públicas para la construcción, conservación y explotación de obras de infraestructura vial mediante el cobro de tarifas o mediante el sistema de pago de peajes en todo el territorio nacional. Prevé la extinción de los contratos al término de su finalización, la prohibición de aplicar nuevos aumentos de tarifas; el pase a planta de Vialidad Nacional de todos los trabajadores afectados y un relevamiento de la Dirección Nacional de Vialidad de los corredores para determinar el nivel de cumplimiento de los contratos.

El legislador pretende someter a debate un sistema con más de 20 años de historia al que considera “inadecuado” para nuestro país.

“Al no verificarse la adecuada realización de las obras de mantenimiento, mejoramiento y construcción de nuevas vías que ampliaran la red vial nacional -tal cual era el promocionado objetivo del instituto- el cobro del peaje se ha ido paulatinamente consumando como el pago que se realiza para poder obtener un derecho de paso, tal cual si fuera un verdadero impuesto al tránsito”, señaló.

Para el diputado santafesino “a pesar del objetivo proclamado por la administración menemista que dio origen a estas medidas, se verifica en los hechos, una realidad fáctica que dista en mucho del ideal originario, y que se encuentra claramente en pugna con el ejercicio del derecho constitucional de transitar libremente que proclama el Artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, y que rige sin excepción y distinción tanto para calles, como para rutas, autopistas y cualquier otra clase de vía de comunicación”.

Fracaso total

En los fundamentos del proyecto, habla del “fracaso de un sistema que ha dado exitosos resultados en otros países del mundo” y lo fundamenta “en los innumerables negociados entre el Estado a través de funcionarios negligentes y/o corruptos con empresas concesionarias, que se han visto evidentemente favorecidas por un cóctel que incluía un laxo control público de las concesiones otorgadas, y normas legales creadas a la medida para favorecer el enriquecimiento de determinados círculos cercanos al poder, en evidente desmedro de los derechos de los usuarios y de la ciudadanía en general”.

No deja de mencionar que a nivel nacional los usuarios ya contribuyen a la construcción de rutas a través del pago del impuesto a los combustibles y neumáticos y de la tasa que se paga sobre el gasoil, cuya recaudación se estima en más de 5.500 millones de pesos al año.

“No se advierte por lo tanto el motivo por el cual deban los usuarios contribuir con el pago de un peaje de mantenimiento de rutas que ya han sido construidas con el pago de sus propios tributos”.