¿Quién le pondrá el cascabel al gato?

Juliano Salierno

[email protected] Siete jueces provinciales intervinieron hasta ahora en el voluminoso expediente denominado “Causa Inundaciones/03”. Dos durante la etapa de instrucción y cinco desde que se elevó a Sentencia. Actualmente el caso está a cargo del Dr. Gustavo Martín Urdiales, quien cumple una subrogancia en uno de los juzgados de Sentencia de los tribunales santafesinos. Pero la aprobación de su pliego como fiscal del Ministerio Público de la Acusación para el nuevo sistema, hace que tenga los días contados en la vieja estructura. La historia del caso habilita la pregunta: ¿Quién va a dictar sentencia antes de que la acción penal prescriba? Una lectura ajustada a derecho indica que mientras alguno de los tres imputados siga en el ejercicio de la función pública, la acción penal no prescribe para ninguno de ellos. La referencia alcanza al ex intendente de Santa Fe, Marcelo Álvarez; al ex ministro de Obras Públicas de la provincia, Edgardo Berli; y al ex director de Hidráulica de la provincia, Ricardo Fratti, únicos procesados por el delito de “estrago culposo, agravado por la muerte de 18 personas”. Aunque esta segunda cuestión estaría saldada -no prescribirá en lo inmediato-, resta determinar si acaso por fin se cierra una etapa con el dictado de una sentencia antes de que comience a correr la segunda década del juicio. Juez jubilado Después de un largo derrotero la causa llegó al Juzgado de Sentencia Nº 6, donde lleva ya dos años. Desde el 27 de abril de 2011 el expediente, de 15 cuerpos y parvas enteras de documental, estuvo a cargo del juez Dardo Rosciani, que debió lidiar con formalidades y plazos excesivos que sólo dilataron la apertura de la causa a prueba. La jubilación de Rosciani, que dejó su puesto en noviembre de 2012, obligó a la institución a reordenar el mapa judicial y asignar un reemplazante. Por eso el 13 de diciembre del año pasado se avocó al conocimiento de la causa inundaciones el juez subrogante Gustavo Urdiales. Una semana más tarde -el 20 de diciembre- se realizó la primera reunión para alcanzar un acuerdo con las partes sobre cómo iba a proseguir la causa. En esa oportunidad faltaron los representantes legales de la provincia y Municipalidad de Santa Fe, que son los actores sobre los que pesa la demanda civil. Fiscal e inundado Estaba previsto para el 1º de marzo de 2013 una nueva audiencia para formalizar los acuerdos alcanzados en diciembre, pero el 21 de febrero de 2013 el fiscal Nº 2, Gerardo Alesso, se excusó por haber resultado víctima de la inundación, planteo que fue debidamente documentado, ya que el funcionario cobró indemnización a través del Enress. Por ende el 28 de febrero hubo que volver a notificar a las partes de la suspensión de la audiencia prevista para el 1º de marzo y a su vez se solicitó la designación de un reemplazante, que recayó en la fiscal Nº 3, Mariela Jiménez. El 22 de marzo, tras imponerse del voluminoso expediente, la fiscal Jiménez pide nueva fecha de audiencia para el acuerdo probatorio, que fue fijada para los primeros días de abril. Y el 26 de marzo el procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre, designó al fiscal Nº 7, Jorge Andrés, para que “en forma conjunta o alternativa” actúe junto con la fiscal Nº 3. En el medio, el 8 de abril el matrimonio Demiryi y Castro, que junto con sus hijos son actores civiles que reclaman resarcimiento del Estado, le otorgaron poder a un grupo de abogados que encabeza María Georgina Stratta y Manuel Eduardo Cechini. Impulso renovado Para evitar mayores dilaciones, el 10 de abril los fiscales pidieron al juez Gustavo Urdiales que realice “traslados simultáneos y no sucesivos” a los involucrados en el proceso. Y el lunes pasado -22 de abril- comenzaron a enviar las notificaciones para la producción de prueba, con un plazo estimado de 30 días prorrogables. Una vez finalizada esta etapa que acaba de tomar renovado impulso tendrá lugar la clausura del expediente a prueba; más tarde será el momento de las conclusiones y finalmente pasará a fallo. La misión del Ministerio Público Fiscal era lograr que la clausura de período probatorio no se extendiera a más de mitad de este año, sin embargo, por una cuestión de orden las primeras audiencias testimoniales están fijadas para junio. En cualquier caso, “el objetivo nuestro es que este año se logre que el expediente quede a fallo; es lo mínimo que se puede pedir a 10 años de la apertura de una causa”, dijo la fiscal Jiménez ante la consulta.

“Juntáronse los ratones para librarse del gato; y después de largo rato de disputas y opiniones, dijeron que acertarían en ponerle un cascabel... Lope de Vega

2005 el 4 de noviembre se realiza el pedido de indagatoria para diez funcionarios públicos de la época. Finalizaron el 31 de enero de 2006.

Pilas y pilas. Los 15 cuerpos de expedientes de la causa Inundaciones se amontonan en el Juzgado de Sentencia Nº 6, aguardando el cierre de una etapa que se prolonga más de la cuenta. Foto: Amancio Alem

2006 el 19 de abril el juez de Instrucción Octava, Jorge Patrizi -De la Torre fue apartado-, procesó a tres de los diez acusados por “estrago culposo”.

2008 el 17 de abril se eleva la causa a juicio. La requisitoria fue redactada por Norberto Nisnevich que reemplazó a Favaretto en la fiscalía y luego fue juez de sentencia.

2011 el 27 de abril el expediente pasó a Sentencia Nº 6, de Dardo Rosciani. Antes estuvo casi 2 años en Sentencia Nº 4 de Mauricio Frois. Luego se excusaron Nisnevich y Enrique Álvarez.

“Falta de mérito”

• Siete ex funcionarios que fueron indagados por “estrago culposo” en la etapa de instrucción alcanzaron la “falta de mérito”. Ellos son: Carlos Gómez Galissier, José D’Ambrosio, Carlos Filomena, Juan Carlos Caffaratti, Juan José Maspons, Jorge Bounous y Alejandro Álvarez Oporto. La resolución judicial afirmaba entonces que “no existen elementos suficientes como para sospechar que Carlos Alberto Reutemann ha participado en los hechos” y por lo tanto el ex gobernador nunca fue citado a declarar como imputado.

2003 el 5 de mayo tres damnificados radicaron la denuncia en la Fiscalía Nº 2, de Ricardo Favaretto (hoy juez Correccional). Requerimiento de Instrucción al juez Diego De la Torre.