Procesaron a la mujer que facilitó la prostitución de una chica de 16 años

Juliano Salierno

El juez de Instrucción Segunda, Nicolás Falkenberg, procesó el 29 de julio a Silvia Alejandra Ibarra Sánchez, de 43 años, por el presunto delito de “facilitamiento de la prostitución y explotación económica del ejercicio de la prostitución” en ambos casos “agravado por mediar una situación de vulnerabilidad de la víctima”. A su vez, confirmó la prisión preventiva que viene sufriendo desde el 14 de junio, “la cual será cumplida de manera domiciliaria”, indicó el magistrado.

La causa penal comenzó el 11 de junio, cuando una madre y su hija de 16 años se presentaron en la Subcomisaría 1ra. de barrio Centenario, para dejar sin efecto un pedido de localización de la chica. En esa oportunidad, la joven dijo que había estado en un bar nocturno de Córdoba, donde la obligaron a trabajar como prostituta y que pudo escapar gracias a la ayuda de un “cliente”, que la llevó a la terminal de colectivos, desde donde se comunicó con su familia.

Ante semejante declaración, los policías se contactaron con la Dirección Especial de Trata de Personas de la provincia, que inició una exhaustiva labor, que los llevó a conocer los verdaderos motivos que alejaron a la joven de su casa.

Cómo fue captada

La adolescente contó que estaba de novio desde hacía tres meses con un muchacho de unos 24 años, que frecuentaba su barrio y que conoció a través de la red social Facebook. El 6 de junio salió de su casa para ir a la escuela, pero cambió de rumbo y se fue a la casa del novio, que esa misma tarde le propuso trabajar como prostituta en Rafaela, para una amiga llamada Silvia.

Una vez que logró convencerla la llevó en moto hasta Santo Tomé y la embarcó en un micro de la empresa Ruta 70 con destino a la cabecera del departamento Castellanos. En Rafaela tomó un remís y le pidió al chofer que la llevara hasta una casa de calle Lavalle al 1305. Al llegar al lugar Silvia la estaba esperando para pagar el viaje, y una vez allí le proporcionó casa, ropa y comida durante los seis días siguientes.

Esa misma noche, la mujer puso a la “chica nueva” a trabajar. Le dio una calza, una remera ajustada y le sacó el celular. La rutina de explotación sexual a la que fue sometida se repitió durante casi una semana. Sólo descansaba para comer y dormir y en esos ratos de ocio la madama le devolvía el celular, con el que se mensajeaba con Maxi, su novio.

Una descripción exacta

En esos contactos, ella le reprochaba haberla enviado a ese lugar y le pedía que la dejara volver a su casa; hasta que un día el muchacho le dijo que la madre había hecho la denuncia y que tenía que regresar. Silvia le dio un sobre con plata a modo de remuneración y la puso de nuevo en un micro directo a Santa Fe.

La víctima hizo una descripción detallada de las cosas que hacía, quién le daba las órdenes y cómo era el lugar donde estaba alojada. Dijo que habitualmente trabajaban cuatro chicas por turno (mañana, tarde y noche); que Silvia era la encargada de cobrar los pases y que había otra mujer llamada Verónica que también daba órdenes.

Aseguró no saber si había otras menores, pero sí confirmó que con ella trabajaban chicas de Venezuela, Bolivia y Paraguay, además de otras mujeres de la provincia de Córdoba.

Allanamientos

El 13 de junio, la Justicia ordenó allanar la casa de Lavalle al 1305 de Rafaela, en busca de pruebas que confirmaran lo dicho por la víctima. Como regía un pedido de arresto de las mujeres imputadas, la orden se cumplió al día siguiente bajo el mandato del juez rafaelino Alejandro Mognaschi y el fiscal Martín Castellano.

Al momento del desembarco policial, dos mujeres trabajaban como prostitutas, según dijeron en sus declaraciones. Ambas eran mayores de edad, una del barrio Los Troncos de Santa Fe y la otra de nacionalidad paraguaya pero radicada en Córdoba. También estaba Verónica, de 26 años, que era una de las encargadas del lugar y que según consta en el expediente intentó impedir el ingreso de los uniformados, protagonizando una escaramuza.

Una vez adentro, la policía revisó la casa contigua a la que era utilizada para el ejercicio de la prostitución, donde se encontraron con la buscada Silvia Ibarra Sánchez, con quien cohabitaban otras diez personas, la mayoría de ellas menores, todos miembros del mismo grupo familiar.

Además de los cuadernos de pases, la policía secuestró 3 consoladores, 300 preservativos y 50 gel íntimos. Y se constató la existencia de un timbre interno que utilizaban las mujeres explotadas para avisar a la proxeneta que el turno había finalizado y entonces ésta iba en busca de la plata.

Prófugos

De las dos mujeres implicadas sólo Silvia Ibarra Sánchez fue remitida a Santa Fe para prestar declaración indagatoria. Verónica Oliva en cambio conservó su libertad por el avanzado estado de gravidez y actualmente se encuentra prófuga. Otro que cuenta con pedido de captura vigente es Maximiliano Gómez, quien habría sido el primer eslabón, a cargo de la captación de la joven.

Ya en tribunales, Ibarra Sánchez “reconoce que tiene una casa de citas”, pero se defendió diciendo que alquila las habitaciones y que cobraba por ese concepto a las muchachas. También aseguró que pide documentos y que no permite el ingreso de menores a la casa.

En cuanto a sus coimputados, dijo no conocer a Maxi Gómez y despegó a Verónica Oliva del asunto diciendo que estaba casualmente en su casa porque había viajado a Rafaela para hacerse unos estudios médicos y a comprar ropa para el futuro bebé, pero que vive en Devoto, en la provincia de Córdoba. Tampoco reconoció a la menor que ingresó con el nombre falso de “Estefanía”.

Sin embargo, para la Justicia “está probado que la imputada ha asumido la función de administrar y regentear lo que comúnmente se denomina una casa de tolerancia”. Es más, Silvia Ibarra Sánchez “facilitó el ejercicio de la prostitución de la chica mediante una situación de vulnerabilidad”, aseveró el juez Falkenberg.