Proyecto de ley K contra piquetes y cacerolazos

A un mes y medio del pedido explícito de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el Congreso, cuando reclamó una legislación contra los piquetes callejeros, el oficialismo presentó finalmente un proyecto para regular los piquetes y permitir la libre circulación durante las manifestaciones, pero además, para regular todo tipo de protesta social: desde los acampes hasta los cacerolazos que se organizaron en 2012 mediante las redes sociales.

Todas las firmas del proyecto de ley para regular las manifestaciones públicas pertenecen al llamado núcleo duro del kirchnerismo: Carlos Kunkel, Diana Conti, María Teresa García, Juan Manuel Pedrini, Sandra Mendoza y Gustavo Campos.

El texto fue denominado Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas y, en su punto más controversial, propone distinguir entre protestas legítimas e ilegítimas.

Las segundas serían las que corten calles, afecten servicios esenciales o no cumplan los requisitos de avisar con 48 horas de anticipación, especificar horario, lugar y motivo, además de designar un delegado para dialogar con las autoridades.

En los casos de protestas consideradas ilegítimas, personal civil del Ministerio de Seguridad “deberá dialogar con los manifestantes, intentar disuadirlos e identificar las demandas para su canalización.

Esa instancia tendrá un plazo máximo de dos horas y, de fracasar, habilitará la acción de las fuerzas de seguridad para que dispersen la protesta”.

“Una manifestación ilegítima y que afecta derechos de terceros puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad”, con el objetivo de garantizar esos derechos, detalla el texto, que advierte que el uso de la fuerza pública deberá ser “gradual y limitado a su mínima expresión”. Además, establece expresamente que “ningún arma, letal o no, puede ser disparada directamente hacia los manifestantes”.

En cambio, sólo serán consideradas legítimas las manifestaciones que sean informadas con anterioridad al Ministerio de Seguridad y no impidan la circulación total de personas o vehículos ni el funcionamiento de servicios públicos. En esos casos, el proyecto establece que el Estado deberá “garantizar” el desarrollo de la protesta.

“No estamos en contra de la protesta social ni del derecho a peticionar. Nunca podríamos hacer eso porque somos peronistas. Queremos darle un ordenamiento para que no se produzcan hechos que afecten los derechos de los demás”, sostuvo ayer la secretaria parlamentaria del bloque oficialista en Diputados, Teresa García.

Para la Izquierda: “es reaccionario”

El diputado nacional del Frente de Izquierda, el mendocino Nicolás del Caño, también expresó su repudio al proyecto de ley contra las protestas sociales. “Vamos a rechazar con todas nuestras fuerzas este proyecto reaccionario, que intenta limitar y cercenar el derecho a la protesta de los trabajadores y sus métodos tradicionales de lucha”, subrayó Del Caño.

El legislador nacional subrayó en un comunicado que el Frente de Izquierda convocará a “distintas organizaciones obreras combativas para, con la movilización en las calles, evitar que se vote” en el Congreso de la Nación.

Del Caño sostuvo luego por Radio Continental que el proyecto kirchnerista “se parece a normas pinochetistas. Vulnera derechos básicos como el de manifestarse libremente”.

“Resulta increíble que los progresistas del gobierno ahora nos quieran decir qué movilización es legítima y cuál no. Ni (el jefe de Gobierno, Mauricio) Macri lo haría mejor”, ironizó el legislador nacional.

Por su parte, el diputado bonaerense Christian Castillo -dirigente nacional del PTS- planteó: “Pareciera haber un concurso entre el kirchnerismo y la oposición de derecha de Sergio Massa, que anunció un proyecto similar, para ver quién es más reaccionario”.

Críticas duras desde el Cels de Verbitsky

Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que preside Horacio Verbitsky, la medida “es un retroceso respecto de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años”.

En un comunicado de prensa, el organismo de derechos humanos que generalmente respalda las políticas del gobierno nacional, criticó aspectos del proyecto como que se clasifique “ciertas protestas como ilegítimas”, así como la necesidad de “exigir la notificación previa a la Policía” y el hecho de “establecer plazos exiguos para la mediación”.

Como antes con la designación de César Milani como jefe del Ejército, el Cels expresó nuevamente su rechazo ante una iniciativa oficial que contradice las posiciones históricas de esa organización de derechos humanos.

“El proyecto intenta ampliar los márgenes del control estatal sobre el derecho a la protesta mientras persisten casos de represión violenta de manifestaciones”, consideró el Cels.

Además, recordó que “aún no se ha hecho justicia por asesinatos cometidos en protestas sociales como el 19 y 20 de diciembre de 2001, el Parque Indoamericano, la represión a la comunidad qom en Formosa o los asesinatos en Ledesma”.