Consenso Fiscal: la Casa Gris habla con los senadores del PJ

Luis Rodrigo
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Desde hace días se suceden los contactos entre los legisladores del oficialismo y la oposición con altos funcionarios de la Casa Gris. Hubo incluso una reunión que contó con la presencia del gobernador Miguel Lifschitz, además de los ministros de Gobierno, Pablo Farías y de Economía, Gonzalo Saglione.

El tema puesto sobre la mesa es cómo se saldará la discusión sobre un paquete de leyes que requiere la Casa Gris, que son clave para sus cuentas y para poder llevar adelante un ambicioso programa de obras públicas. Pero además, las partes discuten cómo seguirá la relación entre el gobierno y el bloque de los senadores del justicialismo, que con 11 de las 19 bancas, tienen la llave de varias de las puertas que quiere abrir el Ejecutivo. Una de ellas es resolver fondos y obras para 2018.

Una curiosidad: de ambos se discute cada vez más fuera del debate por la Ley de Presupuesto.

Dos niveles

En el paquete de las leyes económicas se distingue lo urgente de lo inmediato. En el primer grupo se encuentra la ratificación legislativa del llamado Consenso Fiscal, es decir, el acuerdo firmado por Miguel Lifischitz y por casi todos los gobiernos provinciales con la Nación para la distribución de los impuestos coparticipables.

En pocas palabras, la Legislatura debe hacer ley el nuevo pacto fiscal con la Nación, que se ha presentado como la salida posible -no la deseada- ante las apetencias de la provincia de Buenos Aires de quedarse con una tajada mucho mayor.

Senadores del PJ han hecho críticas de fondo a la decisión política de firmar ese acuerdo (que luego el gobierno de Mauricio Macri blandió como justificación para la reforma previsional), como algunas observaciones puntuales, que seguramente no pasarán por alto en la sesión que finalmente aprobará la ley de adhesión (resta saber si será o no esta semana).

Un ejemplo es que la letra de lo que se ha firmado dispone que haya “programas de retiros voluntarios” en los Estados provinciales, además de otros términos con los que los legisladores del peronismo santafesino no quieren quedar pegados, más allá de que saben que el gobierno de Lifschitz no tiene esos planes.

En cada reunión, la oposición exige que la ratificación del Consenso Fiscal “después no sea la justificación de algún tipo de reforma previsional en la provincia”, seguramente con la mirada puesta más allá del actual gobierno.

En otro nivel, se colocan las normas para tomar deuda fuera y dentro del país, y la reforma tributaria santafesina, que sin dudas despertará críticas del sector primario y renovará las de los sectores industriales que ya están alcanzados por los tributos a modificar.

Marco

En el oficialismo y en la oposición se sabe que no hay margen para que Santa Fe no tenga una ley que ratifique el Consenso Fiscal.

La ausencia de esa norma implica dejar a la Provincia en una situación de extrema desventaja porque han vencido pactos fiscales anteriores y porque se afectaría la percepción de fondos que provienen de la Nación: “sería insostenible el funcionamiento del Estado”, dicen desde el oficialismo.

“No podríamos posibilidad de cobrar la deuda de la Nación con Santa Fe que el gobernador logró incorporar al acuerdo, tampoco financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones, o recibir las compensaciones producto de la modificación del Impuesto al Cheque, ni el Fondo Sojero para que tenemos plazo hasta marzo para no perder lo que no ha llegado”, enumeran en el Senado, desde la bancada del Frente Progresista, Cívico y Social.

Hasta aquí, desde que al PJ le toca ser oposición, en diciembre de 2007, siempre existieron las condiciones económicas para que se construya el consenso para la gobernabilidad.

¿El jueves?

Las Cámaras fueron convocadas para el jueves. Hasta esa fecha, el ministro de Gobierno Farías va a dar más argumentos políticos a los senadores para reforzar los que -desde el punto de vista económico- ya brindó su par Saglione.

El oficialismo quiere tratar ya mismo la adhesión a la Ley de Consenso Fiscal, a la Ley Nacional para las Pyme y una parte de las normas para el endeudamiento. Sabe que la reforma fiscal llevará más tiempo.

La Casa Gris pide autorización para dos formas de financiamiento: una por 300 millones de dólares de un crédito para beneficiar con obras a las municipalidades y comunas del interior (ya acordado con el BID luego de un viaje del gobernador con legisladores del oficialismo y la oposición a los Estados Unidos) y otra por 500 millones de dólares, para llevar a cabo el segundo tramo de las obras ya aprobadas por la Legislatura dos años atrás, más otro listado a elaborar.

Además, otros mil millones de pesos para financiar el aeropuerto de Rosario y dotar de más equipamiento a la Dirección Provincial de Vialidad.

De todas estas normas para tomar deudas se descuenta que la primera (por U$S 300 millones) debería salir sin demoras. En la Legislatura se sabe que esa es la ley de endeudamiento con la que el gobierno esperaba contar antes de que terminara 2017. Además, lo mismo esperan los jefes comunales y los intendentes.