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EDITORIAL

Grave crisis institucional

A poco más de una semana de haberse iniciado el año, el país está sumergido en una crisis que incluye la política, la economía y las instituciones. El desenlace por el momento no es previsible, pero lo que queda claro es que con un mínimo de sensatez o de espíritu legalista, esta crisis podría haberse evitado. Los Kirchner en ese sentido han demostrado, una vez más, que por buenos o malos motivos necesitan promover una suerte de crisis permanente para ejercer las funciones de gobierno.

La señora presidenta -conviene recordar que llegó al cargo prometiendo mayor calidad institucional- pretendió resolver temas relacionados con el endeudamiento y la disponibilidad de las reservas por la vía de un decreto de necesidad y urgencia. Lo demás tuvo un desarrollo predecible. Como el titular del BCRA resistió estas órdenes, a la mandataria no se le ocurrió nada mejor que pretender resolver la crisis a través de otro decreto. En síntesis, con una diferencia de horas se dictaron dos DNU, ambos controvertidos políticamente y reñidos con lo que prescriben las normas legales.

El escándalo obligó a legisladores, jueces y políticos a suspender las vacaciones, para meterse de lleno en un problema de resolución imprevisible. Lo sucedido permite suponer, por otro lado, cuál será la modalidad preferida de los Kirchner para gobernar sin mayoría en el Congreso y en un escenario económico complejo. Asimismo, la crisis demuestra que el oficialismo ya no puede hacer lo que se le antoje en materia política; un dato fuerte de la realidad impuesta por los comicios del pasado 28 de junio que, a juzgar por la conducta presidencial, no parece preocuparle demasiado.

El conflicto en sus inicios se expresa en términos políticos y económicos. Desde el punto de vista político, las leyes han establecido límites, con el objetivo de proteger las reservas nacionales y el propio funcionamiento del BCRA. Es verdad, como dice el oficialismo, que el BCRA no es un cuarto poder institucional, pero su actividad está regulada con normas precisas. El Congreso de la Nación es de alguna manera el mediador que asegura por vía legal la autonomía de la institución financiera. Ese límite es el que los Kirchner no soportan o tratan de eludir con argumentos retóricos.

Desde el punto de vista económico, la autonomía del BCRA no es una carta abierta para la expansión del capital financiero, como sostienen los epígonos de los Kirchner. Por el contrario, lo que se pretende es asegurar la estabilidad y la credibilidad de la moneda nacional, un dato indispensable para el funcionamiento de cualquier economía.

El debate en este punto está abierto. Las relaciones entre el poder de la democracia y el poder económico merecen discutirse, pero no es ésa la preocupación del gobierno. Como en el tema de las jubilaciones de reparto, lo que importa de manera excluyente es el deseo de disponer de recursos para sostener su particular estructura de acumulación política. Las respuestas de la oposición deberían advertirles que una determinada manera de ejercer el poder está llegando a su fin.



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