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Juntarán firmar para llevar al Congreso

Grupos católicos quieren derogar la ley de matrimonio igualitario

La Red Federal de Familia quiere presentar una iniciativa popular para que las cámaras revisen la ley dictada el año pasado. Se oponen a proyectos sobre aborto.

Guillermo Villarreal

politica@ellitoral.com

DyN

Un grupo de personas, que se autodefine no partidaria y plurirreligiosa, comenzó a desplegar una fuerte ofensiva para revertir leyes y frenar proyectos de ley por considerar que atentan contra la familia y la vida humana desde la concepción hasta su muerte natural. El primer paso de la Red Federal de Familia, tal su denominación, es conseguir 500 mil firmas para presentar una iniciativa popular ante el Congreso para exigir la anulación de la ley 26.618 de matrimonio igualitario, que auspició el ex presidente Néstor Kirchner.

El debate parlamentario de esa normativa enfrentó el año pasado al gobierno con la jerarquía de Iglesia Católica, sobre todo después del manifiesto apoyo del kirchnerismo y las denuncias eclesiásticas sobre presiones y compra de votos para sancionarla, aunque nunca comprobadas. “De aprobarse el proyecto de protección integral de la familia se deroga en todo el territorio nacional la llamada ley de matrimonio igualitario, volviendo la legislación a su estado anterior, es decir en matrimonio entre hombre y mujer”, anticipó Juan Pablo Berarducci, coordinador nacional de la iniciativa popular.

Pero ese no es el único objetivo de la Red, sino que también apunta a proteger a la mujer embarazada y a frenar la despenalización del aborto, cuyo avance parlamentario genera preocupación en ambientes eclesiásticos.

Luces amarillas

La Comisión Episcopal de Seguimiento Legislativo, cuyo responsable es ahora el obispo Oscar Ojea (coadjutor de San Isidro), ya encendió señales de alarma ante el conocimiento de que existe suficiente consenso en Diputados para discutir un proyecto de ley de aborto que permita a la mujer la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación. No obstante, hay otros en estudio. Uno que establece un límite de 14 semanas, aquel que sólo prevé reglamentar los casos no punibles ya contemplados en el Código Penal y hasta un tercero que prohibe el aborto en todos los casos.

La Red Federal de Familias sostiene, además, que “no alcanza” con que la presidenta Cristina Fernández se haya pronunciado en contra de la despenalización de esta práctica, que la Iglesia considera “jurídica y moralmente inaceptable”. Tampoco que la jefe de Estado haya extendido la Asignación Universal por Hijo (AUH) a las embarazadas a partir del tercer mes de gestación, beneficio que comenzará a cobrarse a partir de mayo próximo, o haya dicho en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso que esa política gubernamental es “una apuesta a la vida”. Por esto, el grupo va por más.

El proyecto de protección integral de la familia incluye otorgar la AUH desde el momento que se compruebe el estado de gravidez, porque estiman que es cuando la mujer necesita de más apoyo para no desprenderse del niño por nacer. La propuesta de iniciativa popular es amplia e incluye cuestiones sobre las cuales hoy existe cierto vacío legal, y en todos los casos pone al Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Alicia Kirchner, como autoridad de aplicación. Además de reclamar el reconocimiento de la maternidad como “bien social y personal”, sugiere que se realicen deducciones mayores en el Impuesto a las Ganancias para las familias numerosas, y que las adopciones sean más flexibles. También que se preste atención especial de la mujer, en particular en embarazo conflictivo o de riesgo, se fomente la apertura de establecimiento de Centros de Asistencia a la Mujer Embarazada, y se otorguen asignaciones especiales para casos de embarazos provenientes de delitos contra la libertad sexual y menores embarazadas en situación de riesgo.

La Red Federal de Familias comenzó, además, a tener ramificaciones eclesiásticas, con el acompañamiento del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina (Deplai), y el apoyo de varios obispos que crearon comisiones para juntar las 500 mil firmas necesarias para que la iniciativa popular sea tratada en Diputados y Senadores. También dicen contar con el aval del Defensor del Pueblo de la Nación.

Iniciativa

La iniciativa popular es una herramienta de participación, contemplada en la Constitución nacional a partir de la reforma sancionada en 1994 en Santa Fe y reglamentada luego por la ley 24.747.

La figura permite a los ciudadanos, reuniendo una cierta cantidad de firmas, presentar proyectos de ley que el Congreso tiene la obligación de tratar.

Para presentar un proyecto, se requiere la firma de un número de ciudadanos no menor al 1,5% del padrón electoral (aproximadamente 600.000 ciudadanos al 2010 para proyectos nacionales), y representar al menos 6 distritos electorales (sobre un total de 24).

 



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