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Otro grave capítulo en la escalada del gobierno contra Clarín

Allanan oficinas de Cablevisión

El juez federal de Mendoza Walter Bento ordenó una intervención a la empresa Cablevisión en el marco de una acción de amparo presentada por el grupo Supercanal ante los tribunales de la provincia cuyana. Actuó Gendarmería y hubo incidentes.

 

De la redacción de El Litoral

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Agencia DYN y Télam

El juez Bento designó como interventor al síndico local Enrique Anzoise, quien tendrá “funciones específicas detalladas en la resolución”, y que consisten básicamente en contralor y veeduría. Las fuentes indicaron que la intervención fue decidida “sin desplazamiento del directorio” de Cablevisión, cuyos abogados tienen previsto apelar la medida.

La disposición judicial se implementó esta mañana en el marco de un operativo que llevaron a cabo efectivos de la Gendarmería Nacional que “impidieron el ingreso y egreso de personal de la compañía”, según denunció la compañía.

Los trabajadores aguardaban este mediodía en las escalinatas de la sede de la compañía recibir información sobre su situación laboral. “Es un hecho sin precedentes que se inscribe dentro de la sistemática campaña de hostigamiento que el gobierno nacional realiza a las empresas del Grupo Clarín”, advirtió la compañía de cable.

La decisión judicial fue emitida por el juzgado federal número dos, cuya titular es Olga Pura Arrabal, quien está excusada para intervenir en expedientes vinculados directa o indirectamente con la ley de medios audiovisuales. Por esa razón, en esta causa subroga el titular del juzgado federal número uno, es decir Bento.

Según fuentes de Cablevisión, los gendarmes que apoyaban a los funcionarios judiciales que realizan el allanamiento, llegaron acompañados por las cámaras de “6,7,8”, programa de Canal 7 que se dedica a hostigar a medios y periodistas que no piensan como el gobierno nacional. En un comunicado, la empresa explicó que la Gendarmería “tomó” el edificio central de la empresa ubicado en el barrio de Barracas, que comparte con Fibertel, con unos 50 efectivos, quienes “revisan los bolsos de todo el personal de la compañía”.

Vila-Manzano

Como responsable de la denuncia, Cablevisión apuntó al Grupo Vila-Manzano, titular de Supercanal en la provincia de Mendoza, “uno de los multimedios aliados al gobierno nacional”, quien habría realizado la denuncia. Según señaló la empresa, se trata de “una maniobra con el auxilio de un juez mendocino para intentar intervenir Cablevisión”.

El mismo Grupo de medios mendocinos, que en el día de ayer salió a avalar la ley de Control de Papel, “ahora apela a un Forum Shopping (elección de un juzgado de modo arbitrario), en una provincia donde Cablevisión no tiene operaciones”, agregó.

Según la empresa, lo que pretende el Grupo periodístico mendocino es “cumplir la tarea que el gobierno nacional no pudo”, ya que “intenta avanzar sobre el patrimonio de una compañía privada e independiente que brinda servicio de televisión por cable e Internet a millones de argentinos”.

El Grupo Vila-Manzano es uno de los “principales beneficiarios” de la publicidad oficial, finalizó. Los medios de ese Grupo saltaron de $ 1,9 millones recibidos del gobierno en 2010 a percibir una cifra de $ 16,6 millones durante este año.

Papel Prensa

La Secretaría de Derechos Humanos pidió hoy al juez federal Julián Ercolini que “sin más trámite cite a prestar declaración indagatoria a los imputados Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, en el marco de la causa en la que se investiga la apropiación ilegal de Papel Prensa por los diarios Clarín y La Nación”.

En su rol de querellante, la Secretaría pidió también “la indagatoria de Raymundo Juan Pío Podestá, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos, Hugo Fernando Peralta Ramos y Reinaldo Gregorio Bandini.

El escrito, firmado por el secretario Eduardo Luis Duhalde y el subsecretario de Protección Luis Alén, acompaña un disco compacto con la totalidad de los documentos entregados al Archivo Nacional de la Memoria por Carlos Osorio, Director de la organización estadounidense “National Security Archives”, encargada de la desclasificación de los mismos”, se informó.

“Los elementos ya acompañados a la causa, que motivaron que tanto la Fiscalía Federal de La Plata, como el juez Corazza, luego el juez Rafecas y últimamente la Sala I de la Cámara Federal porteña coincidieran en el carácter de crímenes de lesa humanidad que corresponde a los hechos denunciados, cometidos en el marco del plan sistemático de la dictadura cívico militar de 1976/1983, hacen necesario el llamado a indagatoria”, dice el escrito.



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