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 Prohibido preguntar

La Argentina actual sorprende. Desde hace prácticamente una semana, el país debate sobre las preguntas que el periodista Jorge Lanata realizó al canciller Héctor Timmerman en Angola, relacionadas con la posición del gobierno nacional sobre las violaciones a los derechos humanos en ese país africano.

Están los que se muestran a favor de la interpelación del periodista, por considerar que este vínculo con Angola contradice uno de los pilares fundamentales del discurso kirchnerista, ya que el presidente Eduardo dos Santos lleva 32 años ejerciendo el poder con mano dura y violando derechos humanos esenciales. Y también aparecen quienes se manifiestan llamativamente ofuscados por la actitud del periodista, con el tono y el contenido de las consultas.

Sin embargo, lo que más llama la atención es que el mero hecho de realizar tres preguntas a un funcionario nacional haya despertado un debate de tales proporciones. En realidad, lo que hizo que este tema alcanzara tanta repercusión es que, en la Argentina, hace años que las preguntas están prohibidas.

El contenido de las consultas realizadas a Timmerman debería representar una discusión menor. De hecho, en cualquier conferencia de prensa surgen preguntas más o menos atinadas, de diferente tenor o enfoque. Esas son las reglas del juego en cualquier conferencia abierta, donde los periodistas realizan sus consultas y los entrevistados responden o, simplemente, expresan su decisión de no realizar comentarios sobre determinados asuntos.

Lo que ocurre es que la sociedad argentina naturalizó durante los últimos años el hecho de que los funcionarios públicos establezcan sus reglas a la hora de rendir cuentas de los actos públicos. Y esto es lo preocupante.

En general, se limitan a brindar discursos. Si la que habla es Cristina Fernández, pues entonces habrá cadena nacional. Y si los elegidos para expresar la postura del gobierno son funcionarios de menor rango, se convocará a la prensa para que asista a monólogos en los que se impide cualquier clase de interpelación.

Existe una tercera alternativa: que los funcionarios accedan a ser entrevistados en algunos medios o programas específicos, donde saben que no deberán responder a preguntas incómodas.

Estas reglas del juego se han arraigado tanto, que incluso referentes políticos de la oposición evitan los medios, programas o periodistas donde sienten que pueden ser sometidos a interrogatorios inconvenientes.

Conociendo la lógica del kirchnerismo, difícilmente las reglas de juego cambien en el corto o mediano plazo. Las conferencias de prensa seguirán siendo una entelequia y las preguntas libres continuarán prohibidas.

Sin embargo, lo importante será que la ciudadanía y los medios no naturalicen esta situación.

Quien pregunta, no comete delito alguno. Sin embargo, no se puede afirmar lo mismo para quienes soslayando responsabilidades públicas, callan, distorsionan estadísticas o prohíben el libre intercambio de preguntas y respuestas; derechos, al cabo, que caracterizan a las modernas democracias republicanas.



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