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La Legislatura no resolvió el pedido de destitución

Sin definición sobre Ganón

La Comisión de Acuerdos no pudo avanzar en dictar un reglamento para analizar las denuncias contra fiscales y defensores del nuevo sistema penal. Respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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Los senadores entienden que el defensor incurrió en la figura de mal desempeño de sus funciones.

Foto: Archivo El Litoral

 

Mario Cáffaro

mcaffaro@ellitoral.com

A pocas semanas de terminar el año, la Legislatura no resolvió el pedido de remoción del Defensor provincial, Gabriel Ganón, solicitado por senadores de los tres bloques políticos que conforman la Cámara Alta, pero más grave aún, los plazos del pedido no empezaron a correr por la falta de reglamento en la Comisión Bicameral de Acuerdos para entender en los procesos contra los integrantes del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Provincial de la Defensa, institutos nacidos con el nuevo Código Procesal Penal que entró en vigencia plena el pasado 10 de febrero.

Los senadores entienden que el Defensor incurrió en la figura de mal desempeño de sus funciones, le recriminan peleas con jueces de la Corte Suprema de Justicia, interacciones indebidas en juicios particulares y poco interés en participar en el nuevo sistema.

En los últimos días, la Comisión de Acuerdos respondió oficialmente una nota elevada en octubre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), organismo que pidió información sobre el procedimiento a aplicar en el caso Ganón. En la nota, firmada por el presidente de la comisión, el diputado Avelino Lago (Producción y Trabajo) se recuerda que el proceso de remoción del Defensor está reglado en la propia ley de creación del Servicio Provincial de la Defensa. “Pero que ésta comisión entiende oportuno establecer el procedimiento que ha de llevarse a cabo”. Es precisamente en este punto donde se encuentra trabada la Comisión de Acuerdos ya que los senadores no asistieron a las reuniones convocadas para analizar el expediente abierto por una denuncia de ellos mismos.

El artículo 20 de la Ley 13.014 que organiza el Servicio de Defensa Provincial dice que el Defensor podrá ser removido de su cargo a solicitud del Poder Ejecutivo o de un legislador provincial por las causales de mal desempeño, o comisión de delito doloso. La remoción del cargo se decidirá por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara reunidas en sesión conjunta, previo debate y audiencia del interesado. En este caso entenderá la Comisión de Acuerdos, la que deberá emitir despacho sobre el particular, designando en su caso a quien actuará como acusador”.

A renglón seguido, dice la ley que “el procedimiento de remoción no podrá extenderse por un plazo mayor a tres meses contados desde su inicio hasta la decisión de la Legislatura sobre el fondo del asunto, en cuyo caso caducará de pleno derecho, no pudiendo iniciarse nuevamente un procedimiento por el mismo hecho”. Las desaveniencias entre diputados y senadores hizo que este plazo no se pusiera en marcha aún, pese a que la denuncia fue presentada en mayo de este año. Si bien los senadores tendrían el número requerido para destituir al Defensor, no ocurriría lo propio en Diputados donde las aguas están divididas.

Preocupación de la Cidh

La Cidh le recordó a la Legislatura santafesina que “los defensores públicos desempeñan un rol esencial para asegurar que el Estado cumpla con su obligación de garantizar un debido proceso a las personas que puedan ser afectadas en virtud del ejercicio del poder punitivo del Estado” y por ello la necesidad de la estabilidad que deben tener. En la nota, la Comisión solicita información sobre el procedimiento a seguir; copia de la solicitud de remoción presentada por 17 senadores; “indicar si el Defensor general contaría con algún recurso para cuestionar una eventual decisión de suspensión y señalar si existirían recursos en el ordenamiento jurídico argentino para cuestionar una eventual decisión de destitución y señalar cómo estaría compuesto el órgano que conocería de un eventual recurso”.

En la respuesta, el presidente de la Comisión de Acuerdos admite que falta el reglamento pero le aclara a la Cidh que “los parámetros que utiliza la comisión en la elaboración de dichos reglamentos están dentro de lo que el derecho local e internacional refieren como derecho a la defensa en juicio y debido proceso legal”.

Con respecto a los últimos puntos, recuerda que la Constitución provincial señala que todas las personas gozan en el territorio de todos los derechos reconocidos por la Constitución Nacional. Añade que además de lo actuado por la Legislatura, poseen derecho a ser oído por un juez natural, independiente e imparcial y que de no estar conforme por lo actuado por ellos, tiene recurso federal suficiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación además de tener siempre la posibilidad de recurrir ante los organismos internacionales.

 

El dato

Tribunal

La Corte Suprema de Justicia de la provincia dejó integrado el Tribunal Electoral para el 2015, año que Santa Fe renovará las autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo así como de municipios y comunas.

El cuerpo será presidido por Roberto Falistocco, quien encabezará la Corte en ese tiempo, y serán vocales titulares los camaristas Daniel Fernando Acosta y Norte Susana Echarte mientras que como suplentes fueron sorteados Ariel Ariza y Oscar Burtnik mientras que actuará como procurador fiscal, Jorge Barraguirre (h).

Reconocimiento a profesionales del Alassia

El presidente de la Comisión de Salud Pública de Diputados, Avelino Lago, fue al hospital de Niños Orlando Alassia a entregar el reconocimiento votado por el cuerpo a las doctoras Raquel Cosiglio, Diana López, Susana Savoré y Marisa Farri quienes estuvieron a cargo del efector así como una mención especial a Alicia Bártroli, asociada de Atención Pediátrica.

“Esta iniciativa reviste un pequeño gesto hacia quienes hicieron posible la concreción de tantas obras durante los cuatro años que estuvieron a cargo de la administración del Hospital de Niños referencial del centro norte de la provincia. Con más de 100.000 pacientes atendidos por año; 14.000 internaciones en sus 180 plazas y más de 3.500 intervenciones quirúrgicas anuales, el Alassia es sinónimo de salud para los vecinos de Santa Fe y también de otras provincias” afirmó el legislador.

En el reconocimiento mencionó entre los logros las ampliaciones edilicias, instalación de un archivo, mejoramiento de salas de traumatología, cirugías, oncología, atención de cardiopatías congénitas, sistema de imágenes on line, desarrollo de una página web institucional para una mejor comunicación y disposición de nuevos espacios de estacionamiento para vehículos de familiares y pacientes.



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