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Apuran los tiempos legislativos sobre el instituto 13 -09-2015
Definen los alcances legales del futuro programa de protección de testigos

El proyecto del diputado Busatto incorpora en el texto un fondo provincial de recompensas. Dependería del ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



 
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Busatto discutió el proyecto con Lewis, De Olazábal y Marcucci. Foto: El Litoral

 

 

Mario Cáffaro

mcaffaro@ellitoral.com

 

El diputado kirchnerista Leandro Busatto ingresará en las próximas horas al debate del cuerpo el proyecto para darle forma legal a un programa provincial de acompañamiento y protección de víctimas y testigos que también incluirá un fondo provincial de recompensas. El programa para procesos penales viene siendo reclamado insistentemente por los operadores del nuevo sistema penal santafesino y ha motivado reuniones y foros para definir sus alcances. El diputado le dijo a El Litoral que la iniciativa la fue elaborando en consulta con el senador Hugo Marcucci quien tiene un proyecto sobre el tema; con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, y con el titular del Ministerio Público de la Acusación, Julio de Olazábal. “En un 90% del texto tenemos acuerdos” acotó admitiendo que el resto de la letra formará parte de la discusión parlamentaria.

 

El marco legal de un programa de protección de víctimas y testigos viene demorado desde 2009 cuando se dictaron las leyes orgánicas del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio de la Defensa, más el ordenamiento del Colegio de Jueces y la transición entre los dos sistemas penales. La Legislatura logró amplio acuerdo para las cuatro leyes no así para el programa que también había propiciado el Poder Ejecutivo con su respectivo mensaje.

 

Ahora, con el sistema penal en marcha, los fiscales vienen reclamando tener un marco legal para poder usar herramientas que ayuden a esclarecer hechos.

 

Para Busatto, el programa debe amparar “a toda persona que verosímilmente se encuentra en riesgo cierto de sufrir un atentado contra su vida, integridad, libertad o en sus bienes, por haber sido víctima o testigo de un delito, o bien por haber colaborado en su investigación o participado en un proceso penal, sea en carácter de juez, fiscal, defensor o funcionario judicial”. En el texto se establecen derechos y obligaciones de los incluidos en el programa así como las características que definen el ingreso que “debe ser resuelto con la mayor celeridad posible, eliminándose los obstáculos burocráticos que entorpecieran la adopción efectiva e inmediata de las medidas pertinentes”. Contiene además características de confidencialidad, proporcionalidad, temporalidad, gratuidad, solidaridad, provisionalidad y subsidiariedad.

 

El programa prevé medidas de acompañamiento y asistencia, por un lado o de protección por otro.

 

Busatto ubica al programa dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con un director (civil) y dos subdirectores, uno para el caso de medidas de protección y el otro para asistencia y acompañamiento. Además prevé crear en el Ministerio de Seguridad la Unidad Especial de Acompañamiento y Protección facultada para intervenir en forma preventiva, disuasiva y/o mediante el uso efectivo de la fuerza a los efectos de proteger a la persona en situación de peligro bajo su cuidado.

 

La otra característica del programa es la asignación de fondos reservados del presupuesto para afrontar los gastos operativos.

 

Recompensas

 

La otra parte del proyecto crea el Fondo Provincial de Recompensas “destinado a abonar una compensación dineraria a aquellas personas que brinden datos útiles para esclarecer y/o individualizar autores, cómplices, encubridores o instigadores de la comisión de delitos, con la finalidad de lograr la aprehensión de quien o quienes hubiesen tomado parte en la comisión de delitos que por su gravedad, complejidad o alarma social causada justifiquen dicha recompensa, los cuales serán determinados por la autoridad de aplicación”.

 

Actualmente en la provincia se dictan leyes especiales cuando se pretende ayudar a esclarecer un hecho como por ejemplo, el caso Paula Perassi. Este fondo, en caso de aprobarse la ley, se lo usaría a requerimiento del Ministerio Público de la Acusación.

 

Por último, el proyecto guarda el control y seguimiento del programa a una comisión bicameral que, entre otras atribuciones, podrá tener acceso a lo relacionado con el fondo de recompensas.

 

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El gobernador, en las Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos. Foto: Archivo El Litoral

 

La confianza de Bonfatti

 

  • “Si trabajamos en forma común, transformando desde el Poder Ejecutivo las cuestiones que nos competen y el Poder Judicial poniendo todo el énfasis en las propias, los resultados del nuevo Sistema de Justicia Penal en la provincia de Santa Fe se van a ver en corto plazo. Debemos ser conscientes de que todos los frutos y resultados de esta instancia servirán para mejorar los derechos de la ciudadanía”. La frase la pronunció el gobernador Antonio Bonfatti en la apertura de las Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos que se realizaron días atrás en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.

 

En su discurso, detalló que desde el 10 de febrero de 2014 en que se puso en marcha el nuevo sistema, “se han celebrado más de 15.000 audiencias y alrededor de mil quinientos juicios abreviados; más de dos condenas diarias en promedio, lo que supera ampliamente los índices anteriores”. Acotó que en 1.500 casos se utilizaron medios alternativos de resolución de conflictos y hubo 26 juicios orales.

 

“Toda cosa nueva significa un aprendizaje para todos. Estos son procesos que con el tiempo irán dando mejores y más respuestas” acotó Bonfatti para finalizar instando a “preservar permanentemente el diálogo entre los poderes” como viene ocurriendo en la provincia.

 

Henn

  • El vicegobernador Jorge Henn recibió días atrás a representantes de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Inseguridad que pidieron el pronto tratamiento de una ley de protección de testigos. Les prometió convocar a una reunión con autores de proyectos sobre la temática para buscar un acuerdo.

 

Henn consideró “de suma importancia que Santa Fe cuente con esta herramienta legal. Un sistema de protección de testigos no sólo optimizará las investigaciones contando con valiosos testimonios, sino que resguardará a las víctimas y a todos aquellos que puedan aportar datos en caso de denuncias, dándole mayor eficacia al nuevo sistema de Justicia Penal”.

 

Rafaela

  • El fiscal de la regional con cabecera en Rafaela, Carlos Arietti, explicó días atrás en un foro en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL que ante la falta de una ley específica, ante la necesidad de proteger a un testigo ha librado oficios a la unidad regional o al jefe de comisaría de una localidad para que actúe la fuerza, o bien lo hagan en forma coordinada con otras agencias del Estado. También hubo órdenes verbales para rondas o en un caso debió recurrir a uno de los sistemas de protección que hoy tiene el Ejecutivo para casos muy específicos.


 




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