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Entrevista con Lucía Martelotte 21 -03-2019
"Los temas de género tienen que estar en la agenda pública"

El reparto desigual de las tareas de cuidado y la necesidad de políticas públicas que reduzcan esa brecha. El acoso y la violencia como barreras que impiden la participación o permanencia en espacios de decisión, y la necesaria visibilización de las estadísticas, en este diálogo.



En el país, la participación de las mujeres en ámbitos de decisión fue del 15,2 % en 2010, según el relevamiento realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) sobre 13.627 puestos de máxima autoridad en 4.281 instituciones de orden nacional, provincial y municipal. La conclusión fue, entonces, que “Argentina presenta un estado crítico en términos de equidad de género: de cada 10 puestos de máxima autoridad relevados, menos de 2 son ocupados por mujeres”.


El detalle de ese relevamiento y algunas actualizaciones, que no modifican demasiado aquel resultado, fueron presentados en Santa Fe por la directora adjunta de ese organismo, Lucía Martelotte, en el marco de una sesión especial del Consejo Económico y Social en el que se presentó el IPM en la provincia.


En su exposición, Martelotte evaluó que en política, tomando en cuenta los tres poderes del Estado y partidos políticos, la participación era en 2010 del 18,7 % promedio, siempre mayor en el Poder Legislativo (30,6 %) por imperio de la ley de Cupos. Mientras que en la sociedad civil y sindicatos era de un 8,1 %, y en Economía y negocios, 4,1 %. Sobre estos datos dialogó con El Litoral.


- De acuerdo con los resultados que presentaste, está claro que estamos lejos de la paridad; más lejos en algunos espacios que en otros.


- Hemos avanzado en algunos ámbitos, sobre todo en los más tradicionales o de la política, en el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En algunos tenemos más presencia de mujeres a nivel nacional, en otros a nivel provincial y en otros a nivel local. Pero todavía hay muchos obstáculos para acceder a lugares de poder en ámbitos de la economía, en los sindicatos y el mundo del trabajo. Ahí vemos que estamos muy lejos de la paridad y que es necesario transformar las condiciones estructurales que habilitan la participación de las mujeres.


- ¿Cuáles son esas condiciones estructurales?


- Es un abanico amplio: hay obstáculos que tienen que ver con las desiguales tareas de cuidado que enfrentamos varones y mujeres. Eso está presente en todos los ámbitos y para resolverlo son necesarias políticas públicas que ofrezcan servicios e infraestructura de cuidado. Cuando hicimos el análisis en 2010, el Congreso de la Nación no tenía un centro de cuidado infantil y ahora sí lo tiene. Pero las diputadas tampoco tenían licencia por maternidad y tenían que tomar licencia por enfermedad. Entonces, hay que generar desde el Estado las condiciones para que mujeres y varones podamos acceder en igualdad de condiciones, con tiempos para cuidar, licencias, espacios e infraestructura. Y también, dado el fenómeno de envejecimiento de nuestra población, es interesante pensar que generalmente somos las mujeres quienes cuidamos a nuestros padres, suegros, suegras.


Otra de las barreras que encontramos es la del acoso y la violencia, no sólo al interior de los partidos políticos, o el recinto, sino también hacia quienes participan en sindicatos, cooperativas y otros espacios.


- ¿Hasta qué punto ése es un obstáculo para llegar a ocupar un cargo?


- En nuestras investigaciones vemos que el acoso y la violencia funcionan como un obstáculo para acceder y después para ejercer esas posiciones. Y también vemos que muchos más varones fueron reelegidos y hay mujeres que viven o atraviesan esas situaciones o padecimientos con mucha violencia, no solo física sino también simbólica. Ésto va minando sus ganas de permanecer en esos ámbitos. Y así es como, en el trabajo que hicimos el año pasado -sobre acoso y violencia política-, una de las diputadas contaba que las mujeres dicen “gracias a Dios” cuando llegan a la banca, y los varones siempre están pensando en la reelección.


- La visibilización de los datos permite que trasciendan fuera de los ámbitos de los estudios de género.


- Esta investigación sobre violencia política se hizo en el Congreso de la Nación, tanto en Diputados como en el Senado, y para muchas mujeres fue la primera vez que pudieron poner en palabras lo que les pasaba. Cuando les preguntamos si habían sufrido situaciones de violencia o acoso, un 70 % dijo que sí. Y después ese indicador subió más del 10 %, porque ni siquiera eran conscientes hasta ese momento de la situación. Es necesario ponerle números, ponerle nombres, visibilizarlo y, como sucedió con la violencia doméstica, que las mujeres comprendan que no es un problema individual o algo que les pasa sólo a ellas. Es una barrera estructural para la participación y por eso es tan importante hacer campañas de difusión y que ésto se conozca, porque una vez que se pone en la agenda pública se pueden buscar soluciones.

 

- En la actividad política, vemos que una cosa es la participación de mujeres en las listas por aplicación de la ley de cupo o la ley de paridad, según el caso, pero otra es al interior de los partidos políticos.


- Analizamos el dato y esa participación es bastante baja, de menos del 15 %. También es un desafío pendiente ocupar esas estructuras de poder y ser quienes tomamos las decisiones, no solamente desde las listas sino también en el funcionamiento de los partidos, el acceso a los recursos económicos, materiales y simbólicos. En parte va a ser subsanado por la ley de paridad, que tiene algunos artículos sobre la composición de los cargos partidarios. Las mujeres vamos a estar en esos espacios que ahora no ocupamos.


- Desde ELA, ¿lograron incidir en políticas públicas?


- Tenemos más llegada al Poder Legislativo que al Ejecutivo. Desde 2015 monitoreamos el presupuesto desde una perspectiva de género y siempre identificamos que hay muchos obstáculos, falta desagregación, hay partidas que no se encuentran, o que se destina una suma ínfima a garantizar los derechos de las mujeres. En tres ocasiones tuvimos la oportunidad de identificar que el Consejo Nacional de las Mujeres (ahora Inam) y el plan nacional de acción no tenían destinado dinero o era muy poco o menos que el año anterior. Elevamos cartas a las comisiones correspondientes y en las tres ocasiones logramos que aumentaran las partidas. Así que tenemos posibilidades de incidir y, en ese sentido, el movimiento feminista tiene que hacer más uso de la economía feminista y del análisis presupuestario, porque es una forma efectiva de garantizar derechos.


Roles que no son juego


- ¿Cómo interpretás los datos en ciencia y técnica, área en que se repite la baja participación de mujeres tanto a nivel provincial como nacional?


- Es un dato que se repite también a nivel de América Latina y del mundo, y tiene que ver con la socialización que recibimos las mujeres, con los modelos de rol que tenemos desde la primera infancia. Por eso insistimos en que es tan importante el enfoque de género desde ese momento, porque son modelos que se transmiten de generación y generación con juegos, cuentos, juguetes que van marcando nuestras elecciones. Además, cuando hay mujeres que ocupan esos roles habilitan a otras a que los ocupen: en mi generación, cuando jugábamos probablemente no se nos pasaba por la cabeza ser presidentas. Que haya mujeres que estén en esos lugares hace que muchas chicas piensen, imaginen o habiliten que eso es posible para ellas. Soy optimista y veo que las nuevas generaciones están haciendo ese cambio cultural y probablemente muchas chicas vayan a ser matemáticas, científicas o ingenieras.


Qué es ELA


El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ela.org.ar) es una organización de la sociedad civil que trabaja desde hace más de 15 años por la igualdad de género y los derechos de las mujeres, tratando de documentar la brecha que existe entre la norma y su efectivo cumplimiento. “Para eso es necesario generar información que nos permita ver en qué lugar estamos y cuál es la brecha que estamos midiendo”, explica Lucía Martelotte. Violencias, Derechos sexuales y reproductivos, Participación social y política; Trabajo/cuidado; Observatorio de sentencias, y Observatorio de medios, son algunos de los tópicos que se abordan para llegar a ese resultado.

 

Perfil


Lucía Martelotte es Lic. en Sociología y en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Salamanca (USAL), magíster en Democracia y Buen Gobierno de la Universidad de Salamanca (USAL). Es directora Ejecutiva Adjunta del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), y se ha desempeñado como consultora para Cepal, Flacso y ONU Mujeres. Es asesora para América Latina y el Caribe de Frida (Fondo Feminista Joven).



 




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