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Requerimiento fiscal 02 -01-2020
Tres policías federales acusados por encubrir a narcos camino a juicio oral

“Sin querer pude enterarme que funcionarios de la delegación de Policía Federal están cobrando a personas conocidas como narcos para brindarles protección”, decía una carta anónima, en la que se descubrió la trama de corrupción. Tres videos confirman la presencia de los esbirros “transando” con delincuentes.



El fiscal federal N° 1, Jorge Gustavo Onel, solicitó la elevación a juicio la semana pasada, para tres miembros de la delegación local de Policía Federal (PFA), acusados de brindar cobertura a narcos de la zona norte de la ciudad capital. El requerimiento presentado ante el juez federal N° 1 Reinaldo Rodríguez, da por concluida la investigación en la que se encuentran procesados el inspector Cristian Pablo Bogetti (41), el cabo Darío Alberto Duarte (44) y el cabo 1° Lucas Leonel Bustos (35) como coautores de los delitos de “encubrimiento triplemente agravado” (por ser el hecho precedente un delito especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por ser funcionarios policiales), e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.


Los tres policías cordobeses -pasados a disponibilidad en abril de 2017 cuando se desempeñaban en la delegación de Villa María de la misma fuerza y devueltos a la actividad en marzo de 2018 en Santa Fe-, enfrentan dos procesos penales por los cuales el 9 de mayo del año pasado fueron detenidos, junto a quien por entonces era su jefe, el comisario Marcelo Lepwalts y otros dos compañeros, Michael Juan Arbildo y Carlos Fernando Gómez Navarro.


En cuanto a Bogetti, Duarte y Bustos, miembros de la brigada de calle de la PFA, estaban a cargo de realizar tareas de inteligencia sobre un grupo de personas de barrio Nuevo Horizonte, de los que se presumía, estaban vinculados al tráfico de estupefacientes. El fiscal Onel hizo un recorrido desde el comienzo de la causa, cuando el cabo 1° Bustos dijo haber hallado debajo del portón de ingreso del edificio de calle San Martín 3381, una carta con una denuncia anónima. El 24 de septiembre de 2018 labran un acta, refrendada por el inspector Bogetti y el entonces jefe “lechuga” Lepwalts. Al día siguiente la denuncia fue remitida a la fiscalía y luego al juzgado; y una semana después la investigación fue delegada a la fiscalía, que encomendó a la misma fuerza las tareas de inteligencia a los fines de constatar los hechos denunciados.


La “Pulga” y la “Chancha”


A partir de entonces y durante cuatro meses, la labor investigativa se posó sobre la “Pulga” Casco, la “Chancha” Cardoso, una mujer de apellido Melgarejo y un hombre identificado como Santos Villa, entre otros. Uno de los datos surgidos daba cuenta que los supuestos narcos de barrio Nuevo Horizonte pagaban entre 5 y 10 mil pesos a distintas familias para que escondieran la droga en sus casas. Otra señal era la instalación de cámaras de seguridad en uno de los domicilios de los implicados, así como la presencia de personas cumpliendo tareas de seguridad en el perímetro dos de los implicados. 


Tal era el avance de la causa que la fiscalía dispuso la instalación de cámaras de videovigilancia en las inmediaciones y se ordenaron escuchas telefónicas, incluso bajo la modalidad de “escucha directa”, una herramienta reservada a los procedimientos de mayor importancia. También se supo a través de Migraciones, que Casco y su pareja Melgarejo, cruzaron 12 veces en 2017 las fronteras norte, con sucesivos ingresos a Bolivia, Paraguay y Brasil.


Pero al poco tiempo la hipótesis delictiva comenzó a perder fuerza. Se habló de que miembros de la banda se habían radicado en la provincia de Córdoba, pero las pesquisas dieron resultado negativo en tal sentido.


“Cobrando a narcos”


Según concluye la fiscalía, el escurrimiento de los resultados traducidos en un golpe exitoso, se debió a que fueron los propios policías quienes “vendieron” la información a los narcos. A esa conclusión llegaron cuando a principios de 2019 el propio jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, presentó ante las fiscalías otra denuncia anónima, pero que esta vez apuntaba a la cobertura de los propios miembros de la fuerza a los narcos locales. 


“Aquí ya funcionan mafias con la venta de drogas en distintos barrios” -decía la carta- y sigue “sin querer pude enterarme que funcionarios policiales de la delegación de Policía Federal están cobrando a personas conocidas como narcos para brindarles protección”.


La denuncia adjuntaba videos con imágenes reveladoras: los tres acusados estuvieron en la casa de calle Gollán al 10.200 -entre Damianovich y Doldán-, donde se los puede ver mezclados con los narcos del barrio. Para el fiscal Onel, dichas imágenes son contundentes en cuanto a la finalidad de los encuentros, que era “darle cobertura a aquella actividad presuntamente ilícita, con un evidente ánimo de lucro y respecto de un delito especialmente grave”. Para la fiscalía, “los agentes policiales ayudaron a Cardoso y el resto a mantenerse al margen de la ley y de las investigaciones que se estaban desarrollando”.


Causa cruzadas


El 9 de mayo del año pasado se se dispusieron una decena de allanamientos en los domicilios de seis miembros de delegación Santa Fe de la Policía Federal, entre ellos el entonces jefe Marcelo Lepwalts. Fue a raíz de graves acusaciones formuladas por el comisario Néstor Roncaglia, quien se desempeñó como jefe máximo de la fuerza. 


Por las graves acusaciones se abrieron dos investigaciones en forma conjunta. Una emprendida por la fiscalía 1° de Gustavo Onel y otra por su par N° 2 Walter Rodríguez -que investigaba otro hecho delictivo bajo la misma modalidad-. 


En cada uno de los lugares se secuestraron celulares, tarjetas de memoria, notebooks, etc. pero sin dudas la mayor sorpresa se produjo cuando al requisar el baño privado de la brigada, dentro de la delegación, fueron halladas 88 bochas con cocaína, que no formaban parte de ningún secuestro legal y se presume, eran separados para “embagallar” a otros investigados.


En el caso de los cordobeses Bogetti, Duarte y Bustos, fueron procesados el 24 de mayo por el juez Reinaldo Rodríguez, quien les impuso embargos de $ 300.000 cada uno. Además, el 30 de mayo fueron procesados por el juez federal N° 2, Francisco Miño en otra causa, junto a Lepwalts, Arbildo y Gómez Navarro.


Y como si esto fuera poco, una tercera investigación se abrió el mes pasado en la justicia federal (causa Coirón) cuando nuevamente un anónimo habló de la supuesta corrupción estructural dentro de la institución. Es por el delito de “asociación ilícita” y está encabezada por el ex jefe Lepwalts y los cinco policías presos, por sus respectivos desempeños desde el 23 de marzo de 2018 -cuando asumió Lepwalts- y el 9 de mayo de 2019 -cuando las detenciones-. 



 




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