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Dos comisiones de Diputados con la Cámara Argentina de la Construcción 13 -02-2020
Contratistas de Santa Fe buscan cómo salir de una "situación de quebranto"

Quejas por vidrioso término “resolver”, que no existe para la obra pública en el mensaje de Necesidad Pública. Los números de un sector que hoy se sostiene solo por la edificación privada. Prudente posición de los empresarios respecto de la Casa Gris.



Hubo unos términos dentro de la reunión y otros en las declaraciones a la prensa. Los directivos de la Cámara Argentina de la Construcción que conversaron con los integrantes de las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de Santa Fe describieron -puertas adentro- con crudeza la situación que vive el sector ante la paralización de la inversión en el Estado Provincial. Y luego fuera, para los medios, con algunas palabras más cuidadas, lo que ocurre desde que dejaron de percibir las certificaciones de obras, que en algunos casos “no saben a quién ir a reclamarles”, según lo que les expresaron a los legisladores, porque aún no están formados los cuerpos de colaboradores en los distintos ministerios.


“Hoy el sector laboral de la construcción, los trabajadores de la UOCRA, tienen como único sostén a la actividad privada. Las obras públicas están muy lentas o directamente paralizadas. Son los inversores privados, sus emprendimientos los que le dan algo de vida a la actividad”, resumió Renato Franzoni, el titular en Santa Fe de la CAC.


Ante los periodistas, pidió que los poderes del Estado busquen la forma de pagar su deuda con el sector que ya suma entre 3.500 y 4.000 millones de pesos, para que “solucionado este tema ya podamos pensar en la futura obra pública y los proyectos de 2020, que haya más licitaciones e inversiones”.


Los empresarios llevaron números respecto del impacto de la obra pública en la nota, dentro y fuera del Estado. Estiman que la Provincia invirtió casi 27.000 millones de pesos y que para la economía santafesina significó una inyección de 14.000 millones para el consumo, y otros 4.000 millones para la recaudación impositiva de los tres niveles del sector público, entre otros beneficios que van más allá de la infraestructura.
Ante los micrófonos, Franzoni expresó que les preocupa “la salud de nuestras empresas”, aunque ante los legisladores se habló de una “situación de quebranto”.


Recordó que habitualmente los empresarios del ramo dialogan con el Ejecutivo, “que es nuestro comitente”, y destacó la predisposición de las Comisiones. Les llevó el mensaje habitual: “Queremos tener reglas claras”, cuando en la reunión se habló en detalle del texto del proyecto del gobierno para tener facultades extraordinarias que le permitan “resolver” los contratos vigentes en materia de obras públicas, es decir, las ejecuciones en marcha, heredadas de la gestión anterior, que ya sufrían demoras en los pagos.


En este punto, el vocero de las contratististas fue tan claro como preciso. Dijo que no existe en la obra pública la palabra “resolver” para los contratos con el Estado. Y aclaró: “Es una expresión propia de los contratos entre privados, donde las partes en igualdad de condiciones pueden resolver sus problemas contractuales”.


Indicó que el Estado, a través de cualquier gobierno puede en cambio, “rescindir” o “renegociar” los contratos, lo que le da a los afectados la chance de ir a tribunales.


El esquema planteado en la Ley de Necesidad Pública parece poder facultar al gobierno a darlos por caídos bajo la idea de que existe una emergencia a nivel nacional que sí lo permite.


Así lo entendieron los titulares de ambas comisiones, Clara García de Obras Públicas y Fabián Bastía de Presupuesto y Hacienda. Ambos se extendieron sobre los riesgos de que se den por caídos los contratos vigentes. La diputada socialista habló de reivindicar el Compre Santafesino y subrayó que tienen esa condición la mayoría de las obras que quedaron en marcha, con empresas y trabajadores que son del mapa de la bota, mientras que su par del radicalismo no dudó en advertir que “el proyecto del gobernador Omar Perotti pone en riesgo la seguridad jurídica y la calidad institucional de Santa Fe”, al pretender hacer borrón y cuenta nueva con los contratos en marcha, lo que podría resultar -en el largo plazo- más gravoso para el sector público.


Por el oficialismo, el diputado Leandro Busatto reclamó a la mayoría opositora de la Cámara baja que se brinden al gobierno las herramientas pedidas para enfrentar una crisis y un déficit fiscal heredados que requieren de estas medidas. Subrayó que no se violentarán contratos ni dañará el interés de las empresas de Santa Fe, sino todo lo contrario. Y subrayó que lo hecho en Santa Fe en materia de obras públicas para volver a poner en marcha estas inversiones va “en sintonía” con el gobierno nacional.

 

Por el Senado

 

El mensaje del Poder Ejecutivo Provincial, para la Declaración de Necesidad Pública en varias materias para el Estado santafesino, ingresó este viernes al Senado, que tiene mayoría del PJ.


Se sabe que el expediente irá a no menos de cinco comisiones y la expectativa del equipo de Perotti y de los senadores peronistas más afines al gobernador es que al menos cuente con una preferencia para su tratamiento.


Entre los opositores en minoría y los senadores del NES del justicialismo negocian para ver si se acuerda una preferencia. De las reuniones y contactos participan también funcionarios del gobierno y diputados del Frente Progresista, Cívico y Social



 




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