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Por Juan Francisco Tinivella 08 -04-2020
Una ensalada de normas de emergencia

Se plasma la cantidad de normas que van a influir y cambiar el mundo del trabajo de los próximos tiempos en la Argentina producto de la emergencia sanitaria y ocupacional que estamos viviendo.



Por Juan Francisco Tinivella 

 

En el marco de esta pandemia mundial, la emergencia ocupacional y la emergencia sanitaria, con el fin de proteger las fuentes de trabajo, el gobierno mediante DNU determinó un sistema de estabilidad propia hasta el 29 de Mayo de 2020. 

 

Queda plasmada la cantidad de normas que van a influir y cambiar el mundo del trabajo de los próximos tiempos en la Argentina, producto de la emergencia sanitaria y ocupacional que estamos viviendo, evidenciando que se va a necesitar del apoyo y la contribución de todos los sectores económicos vinculados al mundo del trabajo.

 

La actual situación de emergencia inédita que estamos viviendo producto de la pandemia mundial producida por el Covid-19, lleva a la actualización y modificación constante de normas que repercuten directamente sobre el derecho laboral argentino y por ende sobre las empresas y trabajadores. 

 

La Argentina viene atravesando hace varios años una situación crítica a nivel ocupacional y productiva que hicieron que a fines del año pasado el Gobierno Nacional dictara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social mediante Ley 27.541 y mediante Decreto de Necesidad y Urgencia n° 34/19 se determinó la emergencia ocupacional y con ella el dictado de la famosa “doble indemnización” para los despidos sin causa producidos entre los meses de Diciembre 19 y Junio 20. Dicha norma tuvo por finalidad que las empresas “aguanten” un poco más a los trabajadores y que no sean ellos los que primeros sufran las consecuencias de la crisis económicas de los últimos tiempos. 

 

Sin embargo pareciera que de ese Diciembre de 2019 pasó una eternidad. Es porque poco tiempo después nos encontramos con una situación inédita producto de una pandemia mundial producida por un virus denominado “Covid-19” y llamado vulgarmente como “Coronavirus”, en relación a su categoría taxonómica semejante a la corona solar, que cambió el paradigma en el mundo del trabajo. La Organización Mundial de la Salud declaró que el brote del covid19 se había convertido en una pandemia el 11 de marzo de 2020, afectando hasta esa fecha a 110 países. 

 

Esta situación hizo que en un breve período de tiempo, y con el fin de resguardar la salud de la población, el Estado Nacional dictara una serie de normas que modificaron y alteraron el normal funcionamiento de las empresas en el país y con ello una serie de trastornos a las relaciones laborales. 

 

La primera de esas normas fue el dictado del DNU 297/20 que declaró el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” determinando que desde las 00.00 horas del día 20 de Marzo de 2020: “las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos...”. Por supuesto que dicha medida trajo aparejada una paralización casi total de las actividades, con excepción de algunas de ellas determinadas en el Art. 6 de dicho decreto (luego ampliadas por Resolución administrativa 429/20). 

 

A raíz de esta medida de gran afectación a nivel nacional, fue que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación dictó la resolución 219/20 en donde se reglamentó las nuevas formas para trabajar, con motivo de estas medidas preventivas, para las actividades exceptuadas, y también determinando en su Art. 1 que en las actividades que quedaran suspendidas, los salarios debían ser abonados con “carácter no remuneratorio excepto respecto de los aportes y contribuciones al sistema nacional del seguro de salud y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados...”. Seguirían siendo normal las remuneraciones de los trabajadores que prestaran sus servicios cumpliendo con el aislamiento a través de alguna modalidad a distancia (teletrabajo por ejemplo) y también los que efectivamente concurrían a su lugar de trabajo conforme las excepciones denominadas “personal esencial”. 

 

En esta norma también se determinó que los cambios de jornada organizados y dispuestos por el empleador para resguardar la salud “en consonancia con los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria, será considerado un ejercicio razonable de las facultades del empleador...” determinando mediante esta resolución un ius variandi válido mientras dure el aislamiento. 

 

Por supuesto que ya todas estas medidas adoptadas hasta aquí traían aparejados grandes interrogantes para el sector productivo de la economía a raíz que se establecía la obligación de un parate de actividades pero con la consiguiente obligación de no dejar de abonar los haberes a los trabajadores, lo que en muchos casos de Pymes y Microempresas se convertía en una tarea casi imposible. 

 

Sin embargo, si bien la Res. 219/20 determinaba en su Art. 1 el carácter “no remunerativo” de los salarios del personal afectado por el “aislamiento social preventivo y obligatorio”, días más tarde, el 30 de Marzo de 2020 se dictó la Res. 276/20 también del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación en donde derogó esa parte del Art. 1 donde determinaba el carácter “no remunerativo” de los salarios devengados durante la “no actividad”, fundamentado en que el Gobierno Nacional habría dictado otra batería de excepciones y contribuciones hacia las Pymes para la colaboración en la obligación del pago de los sueldos. 

 

En el día de hoy también el gobierno nos vuelve a sorprender con el dictado de un nuevo DNU, esta vez el 329/20 donde dispone en su Art. 2 y 3 la prohibición de suspensiones y despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60) días contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial, es decir hasta el 29 de Mayo de 2020. 

 

El Art. 4 del decreto dispone que los despidos o suspensiones dispuestos con esa causal y durante este período no producirán efecto alguno, manteniendo vigente las relaciones laborales y devengando los haberes correspondientes. En consecuencia dichos actos pasarían a ser actos ilícitos equiparando los mismos a las suspensiones o despidos de los representantes sindicales sin la acción de exclusión de tutela correspondiente. 

 

Es decir, en el marco de esta pandemia mundial, la emergencia ocupacional y la emergencia sanitaria, con el fin de proteger las fuentes de trabajo el gobierno mediante DNU determinó un sistema de estabilidad propia hasta el 29 de Mayo de 2020. 

 

Sin embargo el Art. 3 del DNU deja la puerta abierta para el posible acuerdo individual o colectivo de los empleadores con los trabajadores conforme el Art. 223 BIS de la Ley de Contrato de Trabajo. Dicho artículo determina que por acuerdo de partes o por homologación de la autoridad administrativa podrán pactarse los salarios con carácter no remunerativo durante el plazo de suspensión de actividades. 

 

Como mencionara más arriba, y a los fines de contribuir a la “establidad propia”, hace pocas horas se emitió un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia n° 332/20, creando el “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” poniendo a disposición de las Empresas diversas formas de ayuda a través de la Anses, y la AFIP a la hora de abonar los salarios. 
Las principales medidas determinadas por el DNU 332/20 consistirán en la obtención de uno o más de los siguientes beneficios para los trabajadores y las empresas afectadas:

 

a. Postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al SIPA. 

 

b. Asignación Compensatoria al Salario: Asignación abonada por el Estado para todos los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, comprendidos en el régimen de negociación colectiva para empresas de hasta CIEN (100) trabajadoras y trabajadores. 

 

c. REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria: Suma no contributiva respecto al Sistema Integrado Previsional Argentino abonada por el Estado para las y los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, comprendidos y comprendidas en el régimen de negociación colectiva en empleadores y empleadoras que superen los CIEN (100) trabajadores y trabajadoras. 

 

d. Sistema integral de prestaciones por desempleo: las y los trabajadores que reúnan los requisitos previstos en las Leyes Nros. 24.013 y 25.371 accederán a una prestación económica por desempleo conforme las consideraciones estipuladas en el artículo 11 del presente decreto. 

 

Queda aquí plasmada la cantidad de normas que van a influir y cambiar el mundo del trabajo de los próximos tiempos en la Argentina producto de la emergencia sanitaria y ocupacional que estamos viviendo, evidenciando además que se va a necesitar del apoyo y la contribución de todos los sectores económicos vinculados con el mundo del trabajo para poder paliar semejante crisis, pero sin lugar a dudas la situación va a requerir un fuerte apoyo e intervención estatal o supraestatal para poder sostener a las empresas en pie en estos momentos de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. 

 

(NOTA) Panorama normativo laboral al día 01 de Abril de 2020, en virtud que estamos ante una situación que cambia hora tras hora.

 



 




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