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En la mira 25 -09-2020
La Argentina autodestructiva



La Argentina es un desquicio. Lo digo con tristeza. Cuando escribo, no lo hago con ánimo de atacar al gobierno por deporte, sino de contribuir a una reflexión que es necesaria si en verdad nos importan las próximas generaciones, a las que tantos arrumacos se les suelen hacer en los discursos del poder, tantos más cuanto mayor es su falsía.

 

Lo inconcebible hace unas décadas, está sucediendo. Como impelido por Tanatos, nuestro país se hunde lenta y progresivamente en una ciénaga ya conocida. Y lo hace porque perdió el instinto vital. La tozudez política y la rigidez ideológica impulsan al gobierno a recorrer otra vez el sendero que conduce a la ciénaga. Ni los dogmas de la Iglesia son tan rígidos.

 

Entre tanto, cada día que pasa, la Argentina pierde vidas, ilusiones, ganas, confianza, puestos de trabajo, capitales, educación; en suma, las bases sobre las que todo país edifica su futuro.

 

Cada día se reduce, por falta de cumplimiento de las reglas técnicas de la amortización del capital invertido, el stock productivo de la nación. De modo que no sólo la mayoría de las empresas han congelado sus planes de inversión, sino que lo que está invertido en bienes de capital se deteriora sin previsiones de reposición. Y lo mismo ocurre con el capital laboral, traducido tanto en la pérdida de puestos de trabajo -formales e informales- como en el dispendio de saberes y habilidades acumulados en el transcurso del tiempo. La pérdida de trabajadores, máxime si son calificados, daña a las empresas tanto como la carencia de financiamiento, el deterioro de los bienes de capital y las restricciones del dólar oficial para comprar repuestos e insumos. Y también se proyecta sobre la potencial generación de trabajo, porque las expectativas negativas inducen la decisión de no tomar trabajadores. Será así mientras el país siga dando vueltas en círculos -o francamente para atrás- sin encontrar el rumbo.

 

Algo similar ocurre con el sector más dinámico y competitivo de nuestra economía. El campo padece una asfixiante carga tributaria que, en la suma de impuestos y tasas de orden nacional, provincial y municipal o comunal, orilla el 70 por ciento, porcentaje que duplica el considerado por el Principio de No Confiscatoriedad que ha orientado hasta ahora la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero, además, en el terreno práctico, el resultado es que los productores, para asegurarse una renta mínima recortan la necesaria reinversión en las tierras de labranza, empezando por la reposición de nutrientes. Esta es una cuestión clave, porque en la anterior etapa de agresión al campo, por la reducción del uso de fertilizantes, la proteína de la soja cayó bastante por debajo del promedio internacional, con los consiguientes castigos del precio por parte de los mercados compradores, cruda realidad que se traduce en una proporcional caída de los ingresos fiscales para el Estado.

 

Frente al problema de la frazada corta, las respuestas "innovadoras" del gobierno son las de prohibir los despidos, duplicar las indemnizaciones e inventar nuevos impuestos. Sus destinatarios: empresas semidestruidas o ya quebradas como consecuencia de las políticas de inactividad forzada establecidas por el gobierno como respuesta a la pandemia. Esta es una realidad incontrastable, pese al esfuerzo del gobierno por demostrar los enormes montos de ayuda distribuidos entre distintos segmentos de la población económicamente activa e inactiva.

 

 

No es novedad que los gobiernos en general tienden a exaltar sus logros y disimular sus fracasos. Pero en nuestro país, la reiterada y ostentosa exhibición de la cuantía de la ayuda se convierte en un bumerán. Es que el argumento revierte contra el que lo emplea por dos razones principales: porque no cubre ni por asomo los costos de funcionamiento, o de mera subsistencia de las empresas, y porque la asistencia se concreta mediante dinero impreso sin respaldo; por lo tanto, con poco de valor y mucho de papel pintado. En consecuencia, el precio final de este riesgoso recurso empleado por el Estado se conocerá en el futuro, cuando queden a la vista todos sus efectos e implicancias. Entre tanto, la prolongada decisión del gobierno ha destruido valor real, y lo ha compensado en parte con emisión monetaria sin valor real. El resultado no es para pavonearse.

 

Con la educación, presupuesto básico del desarrollo personal y social, pasa otro tanto. Lejos ha quedado la revolución inspirada por Domingo Sarmiento en la segunda mitad del siglo XIX, clave de integración social y evolución de los saberes para el desarrollo nacional y la competitividad internacional. Ahora, el eje del sistema educativo se ha desplazado del educando al sindicato, del derecho y el deber del aprendizaje, a una boca de salida laboral, cada vez más ideologizada. Por eso, como salido de las cavernas del paleolítico, aparece en el primer plano de la escena educativa un personaje como Roberto Baradel.

 

Por eso también, ante la objetivación del fracaso educativo medido a través de indicadores de aceptación internacional, se produce la pobre respuesta presidencial que intenta instalar un debate filosófico sobre el valor del mérito, al que confunde en su discurso con la meritocracia. Se trata de dos palabras que tienen la misma raíz, pero distinto sentido. El mérito, que aun en las prestidigitaciones populistas, no sólo se reconoce, sino que se reclama a los deportistas que visten la camiseta nacional, pretende ahora discutirse en el plano de los reconocimientos alcanzados con esfuerzo por los emprendedores, principalmente los que integran la innovadora economía del conocimiento.

 

Nada más legítimo que la recompensa del mérito, motor irremplazable del desarrollo. Distinto es el caso de la meritocracia, discutible como concepto, ya que representa una ideología que alienta el poder de los mejores con vistas al ejercicio del gobierno. Es, por consiguiente, una idea que ingresa en un terreno complejo, en el que el mérito, como ingrediente necesario, asume un valor desproporcionado dentro del plexo de valores políticos, en el que juegan con similar fuerza la voluntad, el carácter, el coraje cívico, el perfil psicológico, la astucia, la percepción y el reflejo rápido y adecuado, entre otras capacidades inherentes a esa función.

 

En análisis político, lo opuesto de la meritocracia es la kakistocracia (del griego, kàkistos, que significa lo peor, y kratos, poder), o gobierno de los peores, de los más cínicos e ineptos de una nación. Es también el vocablo que, con su contenido subyacente, debería preocuparle en serio al presidente Alberto Fernández.

 

La Argentina afronta una grave situación extendida (que es mucho más que una crisis temporaria) de impredecibles alcances. El origen del problema es que nuestro país gira en rojo desde hace años, y que la aspiradora de recursos tributarios, extraordinarios e inconstitucionales, está atascada por la caída en picada de la actividad económica y la resistencia de sus agobiados actores. De modo que hay dos salidas: o una drástica reducción del gasto público, con efectos sociales difíciles de pronosticar, o la liberación de las energías productivas a través de una batería de estímulos fiscales progresivos que multipliquen la generación de riqueza y la competitividad internacional de la Argentina. Según la respuesta que el gobierno de al problema, nos esperan el caos o la esperanza.



 




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