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Para eliminar la categoría del “adjunto” 05 -11-2020
Jueces rosarinos respaldaron el reclamo de defensores y fiscales

La magistratura se solidarizó con el pedido que afecta a 164 funcionarios judiciales provinciales, que desde que comenzó a funcionar el nuevo sistema penal cobran bajo la categoría de secretarios, pero realizan tareas idénticas a las de los titulares. El tema tendrá nuevo tratamiento en la legislatura

 



Fiscales y Defensores del Nuevo Sistema Penal de la provincia enviaron una nota a la Honorable Cámara de Senadores de Santa Fe, para la aprobación de un proyecto -con preferencia para este jueves- mediante el cual se suprime la figura del fiscal y defensor “adjunto”.

 

El pedido, que se reedita cada año en la Legislatura provincial, tiene por finalidad lograr un reconocimiento y equiparación salarial para aquellos trabajadores del Poder Judicial que, incluso realizando idénticas tareas, perciben remuneraciones diferentes a la de quienes asumieron sus cargos como titulares.

 

La misiva no sólo cuenta con la firma de los más de 160 adjuntos que forman parte de la planta del Estado, sino que adhirieron sus pares titulares, que en su mayoría respaldan el reclamo como justo. Pero ésta vez la nota contó también con el aval de una decena de jueces penales rosarinos, que día a día ven el desempeño por igual de titulares y adjuntos en los estrados provinciales. Ésto último, se encuentra en línea con lo expresado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios, que se mostró a favor de esta equiparación.

 

En números

 

El planteo es común entre las cinco circunscripciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) santafesinos, conformadas por sus sedes Santa Fe (N°1), Rosario (N°2), Venado Tuerto (N°3), Reconquista (N°4) y Rafaela (N°5).

 

Sin contar Fiscales y Defensores Regionales, en la provincial trabajan 31 Defensores Públicos titulares y 60 adjuntos; en tanto en el MPA los Fiscales titulares son 66, contra 104 adjuntos, según datos obtenidos de las páginas oficiales de cada organismo.

 

Para poner por caso, en la Circunscripción Nº 1 que se corresponde con la capital provincial y sus aledaños, existen cinco fiscalías satélite, en las ciudades de San Jorge, San Javier, San Justo, Coronda y Esperanza y en ninguna de ellas el mando está a cargo de un fiscal titular, sino que la dirigen adjuntos, con igual responsabilidad y dedicación que sus pares titulares.

 

En porcentaje

 

Ahora bien, cuál es la diferencia entre unos y otros en términos reales. Que los titulares perciben un salario equiparable a la categoría de jueces de primera instancia, mientras que los adjuntos cobran bajo la categoría de secretario de primera instancia de distrito, lo que equivale a un 25 % menos.

 

En la nota dirigida a los senadores, los reclamantes consideran ese desfasaje una “flagrante y prolongada violación a los derechos constitucionales de los defensores adjuntos, quienes desempeñan igual tarea que los públicos pero percibiendo remuneraciones diferentes”, según lo normado por la Constitución de la Provincia de Santa Fe arts. 6,7,8, 20 y Constitución Nacional arts. 14 y 16.

 

Por eso mismo apuestan a que “con esta ley no solo se eliminaría la figura del defensor y fiscal adjunto que en la práctica no existe sino que ademas, vendría a subsanar una notoria injusticia”.

 

Amparo y mensaje

 

En tal sentido, interpelan al Estado para que “corrija”, “a través de una reforma legislativa, la injusticia que se viene produciendo desde que entró en vigencia el Nuevo Sistema de enjuiciamiento penal” el 10 de febrero de 2014.

 

Asimismo, destacaron el fallo del juzgado Civil y Comercial Nº 3, en relación al amparo presentado el año pasado, donde el magistrado además de resolver a favor de los amparistas pronunciándose por la inconstitucionalidad, dedicó un párrafo a los legisladores que dice: “Que la solución del conflicto llegare por la sanción de los proyectos mencionados (Senadores y Diputados) hubiese sido positivo para resolver un conflicto cargado de gravedad institucional”.



 




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