Trabajo intervino en el conflicto por los contratados de Santo Tomé

El Ministerio de Trabajo de la provincia intervino en el conflicto desatado por estos días en la Municipalidad de Santo Tomé, por la situación de los contratados, fijando fecha a una audiencia de conciliación para el jueves, a las 10.30 horas.

Por tal motivo, Asteom -el gremio de los trabajadores de ese municipio- anunció la suspensión del paro previsto para los días 3 y 4 del corriente mes. "Una vez más ratificamos nuestro compromiso con el diálogo social", dice el sindicato en un comunicado.

Qué pasó

Antes de que finalice el 2023, la Municipalidad de Santo Tomé fue el escenario de una situación poco habitual. A través de una se sus redes sociales personales, el propio intendente de la ciudad, Miguel Weiss Ackerley, dio cuenta del ingreso de unas 30 personas a su despacho, en el cual se desarrollaba una reunión, donde le reclamaron por la decisión tomada con respecto al futuro laboral de 53 contratados.

En el video, el mandatario explicó que las personas ingresaron con violencia, lo amenazaron y hasta se llevaron objetos personales, por lo que debió radicar la denuncia. Aprovechó el momento para explicar que el municipio no "despidió trabajadores ni echó a nadie".

"El 31 de diciembre se terminaba el contrato de 53 trabajadores y decidimos no renovarlos. Eso fue lo que pasó. Entendimos que llegó la fecha de finalización y nuestra decisión política fue darlos por terminados", dijo.

Para que los trabajadores no recibieran la notificación el último día del año, el municipio se los comunicó unos días antes y ahí fue que aconteció el episodio en la sede del palacio.

Diálogo

Lejos de apaciguarse las aguas, en la mañana de este martes hubo una asamblea de trabajadores frente a la Municipalidad. En ella se decidió un paro por 48 horas, el que iba a desarrollarse a partir de este miércoles. Sin embargo, en horas de la tarde, Asteom informó la suspensión de la medida de fuerza dado que se pautó una reunión conciliatoria.

Según trascendió, los trabajadores afectados cumplían funciones en calidad de contratados y en muchos casos con una antigüedad superior a los tres años y estaban en condiciones de ser incorporados a la planta permanente del municipio.