Política: POLI-04

Política


Soborno: El juez pregunta quién
cobró los 6 millones de la SIDE

Los investigadores creen que las supuestas coimas pudieron haber sido financiadas con fondos de la SIDE. Mañana el juez comienza a indagar a los senadores sospechados. "Palito" Ortega será el primero.

El juez federal Carlos Liporaci, que investiga el presunto pago de coimas a senadores, solicitó al Banco Nación los comprobantes de pagos por 6,2 millones de pesos efectuados por ventanilla y con fondos de la SIDE en abril pasado, cuando aún se debatía en el Congreso el proyecto de ley del gobierno para la modificación del régimen laboral.

La información fue suministrada a DyN por fuentes judiciales que recordaron que una de las hipótesis que maneja el juez atribuye a la SIDE el posible aporte de fondos para solventar las supuestas coimas en el Senado.

El juez había fijado para hoy la inspección ocular que ordenó realizar en los despachos de los once senadores nacionales imputados en el caso, pero anoche aplazó el operativo porque espera que el Senado en pleno autorice la diligencia.

Inteligencia sospechosa

En el proceso que conduce Liporaci, los investigadores presumen que las supuestas coimas pudieron haber sido financiadas con fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que es uno de los cuatro organismos con asignaciones federales para "gastos reservados".

Por ese concepto, recibe 168 millones de pesos al año. Liporaci recibió el viernes último documentación sobre las tres cuentas que la SIDE posee en el Banco Nación y así detectó dos pagos que totalizan 6,2 millones, efectuados por ventanilla entre el 11 y el 13 de abril, dijeron fuentes judiciales.

El magistrado ya había requerido explicaciones al director de Finanzas de la SIDE, Juan Gallea, sobre el destino que la Secretaría dio a los fondos reservados que recibió entre enero y agosto de este año. Pero el funcionario se amparó en el secreto de Estado que rige sobre las cuentas del organismo.

En consecuencia, el juez comenzó a analizar la posibilidad de pedir al presidente Fernando de la Rúa el levantamiento del secreto que protege los fondos reservados; pero este fin de semana el propio gobierno decidió liberar esa sensible información antes de que Liporaci lo requiera.

Los datos sobre las operaciones efectuadas con los cheques librados por la SIDE en abril, requeridos ayer por el juez al banco, también están bajo el paraguas del "secreto de Estado" que protege cierta información para "no comprometer la seguridad nacional", indicaron las fuentes judiciales.

El juez considera acreditado, a través de documentos aportados por el Banco Nación y por la propia SIDE, que en las arcas del organismo hubo un faltante por 6,2 millones de pesos en los días en que el gobierno obtuvo apoyo para la sanción de la ley de reforma laboral.

"Santibañes deberá declarar ante el juez y para una testimonial ya no está", confió a DyN una calificada fuente judicial que sugirió que el jefe de los espías sería convocado en calidad de imputado.

Por este motivo, el gobierno decidió liberar la información sobre los fondos reservados que administra la SIDE, cuyo titular ya ha admitido la merma de 6,2 millones en el mes de abril, que justificó en un "agotamiento del efectivo" en una de las cuentas del organismo y en una baja de 2 millones en las partidas que le envió el Ministerio de Economía.

Mañana el juez iniciará la ronda de indagatorias a los senadores acusados de posible cohecho, la cual quedará formalmente inaugurada a las 10.30 con la audiencia en la que deberá declarar el justicialista Ramón "Palito" Ortega.

Remedio interno

Los senadores radicales Horacio Usandizaga (Santa Fe) y Luis Molinari Romero (Córdoba) solicitaron, ante sus pares, la formación de una comisión de tres miembros, a los efectos de que analicen la conducta del justicialista salteño Emilio Cantarero y propongan las medidas pertinentes.

Los autores del proyecto entienden que las declaraciones de Cantarero tanto al diario La Nación como a su par Silvia Sapag, en caso de comprobarse, darían lugar a aplicar las facultades disciplinarias previstas tanto en el cuerpo como en la Constitución Nacional.

Mencionan en los fundamentos del proyecto que la Constitución otorga a cada una de las cámaras del Congreso la facultad de corregir y aplicar medidas disciplinarias contra sus miembros en casos de desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones. También el Congreso tiene la facultad de remover a sus integrantes por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación.

Usandizaga y Molinari Romero señalan que estas facultades que exigen mayorías especiales para ser aplicadas "se otorgan para garantizar a los cuerpos legislativos los medios legales idóneos, para mantener el nivel de decoro indispensable para su correcto funcionamiento".

Tras referirse a la crisis del Senado, los radicales recuerdan que el "senador Cantarero formuló escandalosas declaraciones a una cronista del diario La Nación en las que habría admitido la existencia de sobornos en el caso de la ley de flexibilización laboral. A ello se suman sus presuntas expresiones con relación a la existencia de dinero, para agilizar la aprobación de la ley de hidrocarburos".