El gobierno provincial elaboró un proyecto de ley, que elevaría esta misma tarde a la Legislatura, con el propósito de destrabar el conflicto con los transportistas de granos, que desde hace una semana cumplen un paro de actividades en reclamo de tarifas indicativas para el transporte.

La iniciativa gubernamental surgió del ministro de la Producción, Miguel Angel Paulón, después de que el jueves pasado la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para garantizar dicha tarifa, que no trató Senadores y que, según se señaló, tampoco estaría decidido a hacerlo durante la sesión de la fecha.

El proyecto que sancionaron los diputados, según los senadores, el ministro y la totalidad de las entidades vinculadas con el agro, difiere de la postura del gobierno sobre desregulación de las tarifas de servicios, al fijar un piso al que estarán sujetos los dadores de carga.

La arremetida de los acopiadores y productores obligó a replantear el problema, ahora en el ámbito del Magic, ya que la continuidad de la medida de fuerza podría complicar el desenvolvimiento de las actividades vinculadas con la exportación granaria, ante la proximidad de la cosecha de trigo.

Como se informó, la Federación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Fatac) y Transportistas Rurales Argentinos (TRA), las dos entidades que lanzaron el reclamo, pretenden que la ley que fija tarifas mínimas tenga el respaldo legislativo, ya que aducen que de lo contrario los dadores de cargas cometen abusos y posibilita además la evasión impositiva.

Precisamente, por este tema, el proyecto de Paulón introduce modificaciones a la carta de porte, el documento donde se registra el movimiento de granos desde el productor hasta el lugar de acopio o puerto.

Con ello, según la iniciativa, se otorgará un trato equitativo a las partes, y se asegurará el cumplimiento de las tarifas que se pacten entre los sectores.

No obstante, la iniciativa era considerada extraoficialmente esta mañana por algunos senadores y diputados del oficialismo, tratando de avanzar en las cuestiones de fondo que originaron el conflicto.

El ministro Paulón dijo ayer que "hay -evidentemente- dos posiciones que están bastante distantes y tenemos que ver si se puede encontrar algún equilibrio, alguna posición que permita equilibrarlas".

Añadió que "hay que tratar de contemplar el aspecto más sensible, que es la transparencia entre lo retenido al productor y lo que se traslada al transporte. Es una situación que con la normativa actual no hay demasiados elementos como para obligar", apuntó el funcionario en declaraciones a la prensa, realizadas en la Bolsa de Comercio.

Entre tanto, los transportistas aguardaban pasado el mediodía una señal de sus dirigentes para saber si concretaban alguna movilización hasta la Legislatura, como sucedió la semana pasada, cuando un casi centenar de camiones fue estacionado en el playón frente al edificio legislativo.

Según pudo saber este diario, la modificación de la carta de porte no convence totalmente a los transportistas, por lo que ya ratificaron que mantendrán la medida de fuerza "hasta tanto no se apruebe la ley que ya logró la sanción en Diputados".

El bloque de Senadores Justicialistas mantuvo anoche una prolongada reunión con los representantes de la Fatac y TRA, en la que se comprometieron a instrumentar en el más breve plazo posible una ley que permita superar el paro que vienen manteniendo y amenaza con impedir el levantamiento de la cosecha de trigo que comenzaría en unos 15 días.

Quedó claro que en la sesión de hoy sería difícil alcanzar el consenso para un nuevo proyecto, porque el que llegó con media sanción de Diputados fue objetado por razones de técnica parlamentaria y los senadores aspiran a aprobar otro consensuado con el Poder Ejecutivo y las fuerzas de la producción, que en masa, hicieron llegar su protesta al Senado, por el proyecto que se aprobó en la otra Cámara.

Con la mente más serena, los transportistas y los legisladores intercambiaron información sobre el origen del conflicto, insistiendo los transportistas en denunciar el "saqueo" que producen, especialmente las multinacionales, cuando se quedan con parte de lo que cada productor paga en concepto de tarifas, para el traslado de las cosechas.

Los transportistas insistieron que "no quieren aumento, que una ley que fija un piso, no implica regulación, sino asegurar una tarifa mínima que pueda ser controlada por el Estado y exigida a todos los operadores de esta provincia".

Los transportistas plantearon la cruda realidad económica que viven, de carácter dramático; denostaron a las entidades agropecuarias que suscribieron el acta acuerdo de precio mínimo y hoy la desconocen; y acusaron en forma reiterada a las grandes multinacionales del sector como responsables de la concentración económica en perjuicio de la producción y de los transportistas.

Los senadores no comprometieron fechas, pero informaron que tomarán las medidas conducentes para sobre la base de la media sanción de diputados, introducir modificaciones para que "nadie se pueda quedar con parte de las tarifas, como ocurre ahora; darle carácter indicativo al acta de abril y establecer un comité arbitral con la participación de entidades del sector".