El gobierno provincial no consiguió aún que la totalidad de los 189 jueces nucleados en el amparo "Abalos" se avenga al acuerdo de pago para dar por cerrado así el reclamo por diferencias salariales atrasadas, que llevó a los magistrados a embargar las cuentas públicas por 8,3 millones de pesos. Sin embargo, el principal obstáculo estaría dado por el pago de los honorarios de los apoderados de los jueces.

Si bien la gran mayoría de los jueces aceptó la última oferta oficial, que es la de pagar 4,3 millones de pesos por todo concepto, la pretensión del gobierno es que lo haga el ciento por ciento de los reclamantes, para evitar que queden flancos abiertos a futuras presentaciones que reabran el conflicto. Ese objetivo estaría muy cerca de lograrse, incluso merced a los buenos oficios de una comisión "ad hoc" formada por un grupo de los propios amparistas.

La idea del Ejecutivo es completar de una vez por todas los pasos formales y comenzar la próxima semana con los pagos. Sin embargo, la formalización del arreglo estaría chocando con otro frente de conflicto, ya que los abogados de los jueces no aceptarían llevarlo a cabo si no se satisfacen sus expectativas en materia de honorarios. El tema fue discutido entre los profesionales y sus representados en una reunión celebrada en Rosario sobre el fin de semana y, tras arduas negociaciones, aquéllos habrían aceptado reducir sus pretensiones iniciales y establecerlas en el cobro de 570 mil pesos. Pero el problema es que se pretende que sea la provincia quien pague esa suma, por encima de los 4,3 millones que constituyeron la oferta definitiva e integral (elevando los 3,7 originales). El gobierno rechazó anoche ese pago adicional, y fuentes oficiales aclararon que ya no hay margen para seguir negociando. Al cierre de esta edición se desconoce si los jueces y sus apoderados encontrarán otra fórmula para zafar del embrollo, si habrá una resolución traumática o si el pretendido y trabajoso acuerdo está destinado al fracaso.

En este último caso, habrá llegado a su fin la vigilia de la Corte Suprema de Justicia, que lleva semanas demorando su pronunciamiento en el recurso de "per saltum" presentado por la provincia, a la espera de que se llegue a un arreglo extrajudicial.

Después de rechazar los sucesivos planteos de pronto despacho presentados por los apoderados de los jueces, la Corte giró la semana pasada el expediente al Procurador General, Jorge Bof, quien todavía no se expidió.

En privado, algunos de los ministros no habrían ocultado su fastidio por las demoras a las que se ve sometido el asunto y las trabas de último momento, cuando se había logrado llegar a una síntesis entre las pretensiones de los amparistas y las posibilidades de pago de la provincia.

La Corte debe definir si el embargo dictado por el conjuez José Luis Lemoine tiene validez y si, por lo tanto, los 8,3 millones que permanecen indisponibles pueden ser cobrados por los jueces reclamantes o deben retornar a las arcas públicas.

En tanto, el titular del juzgado en lo penal correccional No. 8, Roberto Reyes, todavía no ha tomado ninguna medida en la denuncia por prevaricato y abuso de autoridad motorizada por el Ministerio de Gobierno contra Lemoine. Si bien esta mañana trascendidos periodísticos daban cuenta de que el magistrado se excusaría de intervenir, todavía no ha sucedido tal cosa.

La denuncia oficial se basa en que el abogado -sorteado para entender en la causa de los amparistas luego de que todos los jueces se hubieron excusado- infringió la ley al desconocer la emergencia económica y pronunciarse sobre ella cuando es actor en una causa con la misma temática.

El presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Gustavo Lo Celso, se quejó de la "absoluta inacción del Poder Ejecutivo" para cubrir vacantes en cargos judiciales, y anunció la realización de una asamblea que podría disponer medidas de protesta, entre las que no descartó un paro simbólico. El subsecretario de Justicia, Carlos Carranza, consideró "infundado y exagerado" el planteo de los abogados rosarinos, dando cuenta de que las vacantes objeto de la queja son recientes o están en condiciones de ser cubiertas.

"El servicio de Justicia se ve reducido actualmente en forma notoria en el fuero civil y comercial" por la existencia de vacantes que no son cubiertas, se quejó Lo Celso en declaraciones a La Capital. El titular del Colegio indicó que a los abogados les preocupa la falta de respuestas del gobierno, y que "esto no tiene más que una lectura: no hay voluntad del Poder Ejecutivo para cubrir las vacantes judiciales".

Los cargos a los que el profesional se refiere corresponden a tres juzgados civiles y comerciales de Rosario, uno del fuero laboral y el restante de Casilda. Lo Celso añadió que si no se llama al Consejo de la Magistratura para que se reúna rápidamente, "en el mejor de los casos las vacantes se cubrirían en mayo del año próximo, y esto es inaudito e inadmisible".

Consultado por El Litoral, el subsecretario de Justicia consideró "infundado y exagerado" el planteo de Lo Celso, ya que tres de las vacantes a que se hace referencia no tienen más de 30 o 45 días de producidas. Otras dos ya tienen pliegos aprobados por la Asamblea Legislativa y sólo falta que la Corte ponga en funciones a los designados (se trata de una jueza de Casilda, que pasa a Rosario, y su actual secretario de juzgado, que fue aprobado para desempeñarse como magistrado en ese fuero).

Por lo demás, Carranza hizo notar que, si el Poder Ejecutivo lo considera necesario, no es necesario esperar a mayo para cubrir las otras vacantes, ya que el Consejo de la Magistratura puede reunirse apenas se hayan producido las inscripciones de interesados y la Asamblea Legislativa ser convocada durante el período extraordinario de sesiones.