El doctor Aldo Marelli consideró hoy "imposible de materializar" la defraudación que denunció el titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Fernando Bondesío, por el cobro indebido de un monto cercano a los 12 millones de pesos.

Marelli, ex presidente del Banco de Santa Fe Sapem -hoy residual- en la primera gestión de Carlos Reutemann (1991-95), y que se desempeñaba como vicepresidente en la fecha en que supuestamente se produjo dicho ilícito, fue categórico al indicar que la supuesta maniobra no se pudo haber concretado de la manera que se denunció.

"Por normas específicas del Banco Central, nuestro banco llevaba balances mensuales y trimestrales, y hubiese sido imposible justificar un faltante de ese monto sin que el mismo se denunciara. En todo caso se podría consultar en el banco residual, porque todas las operaciones estaban microfilmadas", apuntó.

Ante una consulta de este diario, Marelli expuso los argumentos según los cuales quedaría desvirtuada la denuncia de Bondesío:

El interventor de la Caja de Jubilaciones, Fernando Bondesío, ratificó hoy en Rosario la denuncia penal por defraudación a la administración pública, que desde el año 1990 a 1998 se realizó utilizando la identidad de una persona fallecida.

"El caso está en manos de quienes corresponde, y no fue allí ni por equivocación ni apresuramiento", indicó el funcionario, saliendo al cruce de las críticas que se le formulan. Bondesío remarcó que cumplió con la obligación legal de denunciar un posible ilícito, y que corresponde a la Justicia hacer las evaluaciones "así como los pormenores de éste y otros casos que hemos presentado".

"No tengo ningún comentario para hacer" indicó, a su vez, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Mercier.

Abordado por la prensa en el marco del seminario sobre Juego en Internet: posibles estrategias de las loterías de Estado, el funcionario se excusó de opinar sobre la presunta estafa y, a pesar de la insistencia periodística, reiteró sistemáticamente que "no tengo ningún comentario para hacer".

Rosario (C).- El edificio está en el corazón de la peatonal San Martín. Tiene trece pisos y un total de ochenta departamentos. Los vecinos más antiguos no recuerdan a nadie que se llamara Matilde Josefina Russo, el nombre de la pensionada a cuyo supuesto beneficio se cobraron casi 12 millones de dólares en el ex Banco Provincial de Santa Fe, en diciembre de 1992. Tampoco la administradora del consorcio reconoce a nadie con ese nombre.

Matilde Russo murió en 1990 y dos años después, según la denuncia judicial de la Caja de Jubilaciones de la provincia, se perpetró una estafa con un recibo de haberes a su nombre. La última dirección de esta persona que consta en el padrón nacional electoral es San Martín 786. El número corresponde a un edificio voluminoso, en cuyo noveno piso tenía su estudio jurídico el fallecido diputado nacional Guillermo Estévez Boero. Por indicación del encargado del predio, un periodista de este diario visitó esta mañana a cinco de los propietarios con mayor antigüedad allí. El resultado fue idéntico ante cada pregunta: nadie conocía a Matilde Russo.

En los registros de la administradora del edificio, ubicada en Mitre 846, una empleada que atendió a este diario confirmó que "ni antes ni durante 1990" (año del fallecimiento de la mujer en cuestión) hay constancia de alguna persona que se llame Matilde Russo: no figura ni como propietaria, ni como inquilina, ni tampoco en los pagos de expensas documentados de aquella época.