Los ocho condenados por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas estudian pedir a la Justicia la excarcelación antes de fin de año, amparados en el ahora cuestionado principio legal según el cual un preso no puede estar más de tres años en la cárcel sin sentencia firme.

Las defensas de los sentenciados tienen previsto efectuar en conjunto un pedido de libertad temporaria -hasta que las condenas queden firmes- ante la Cámara de Casación de La Plata, porque consideran que así el planteo tendrá más fuerza, reveló a Télam el abogado de dos de los policías condenados, Horacio Lanza.

Es que el tribunal bonaerense tiene en lista de espera, desde marzo del 2000, el estudio de las penas impuestas a Gustavo Prellezo, Sergio Camaratta, Aníbal Luna, al jefe de custodia del fallecido Alfredo Yabrán, Gregorio Ríos, y a los cuatro "horneros" Horacio Braga, José Luis Auge, Héctor Retana y Sergio González.

Según comentaron fuentes que conocen bien el funcionamiento de ese cuerpo, los camaristas de la Sala I no planean analizar hasta el 2001 el fallo dictado en Dolores el 2 de febrero de este año, después de un juicio oral que demandó dos meses de maratónicas audiencias.

Esta demora en el estudio del abultado expediente obviamente no les quita el sueño a los defensores de los imputados. Por el contrario: ellos saben que cuanto más tiempo pase, mejor, porque con esa carta bajo la manga tienen pensado decirle a los jueces de Casación, antes de fin de año, que sus clientes ya pasaron demasiado tiempo tras las rejas sin un fallo confirmado.

Si los defensores no hicieron hasta ahora el pedido es porque esperan -dijeron a Télam allegados a los abogados- que las aguas se aquieten un poco.

Saben que las aguas se enturbiaron cuando hace menos de tres meses la misma sala de Casación que tendría que estudiar el caso Cabezas dejó libre, por haber pasado más de tres años sin sentencia firme, a Roberto Labonia, el hombre de 34 años condenado por violar y matar a la adolescente Valeria Servadío, en 1992, en Las Toninas.

Casualmente, Labonia fue enviado a la cárcel por el mismo tribunal que castigó con perpetua a los autores del crimen del fotógrafo y, como su condena no fue confirmada después del juicio oral al que se lo sometió en 1997, los magistrados entendieron que había que dar lugar a su pedido de libertad.

Los defensores consideran que el caso Labonia es un aliciente para que su solicitud no sea rechazada. Entienden también que, incluso, es un incentivo un pedido en ese sentido presentado por el abogado de Prellezo, Jorge Freire, que fue denegado por Casación, pero sólo por una cuestión formal.

La sala de Casación que liberó a Labonia se inclina por otorgar excarcelaciones pese a las críticas que señalan que ese tribunal no fue creado para analizar planteos de ese tipo, sino para revisar cuestiones más de fondo; es decir, la esencia de los fallos, sean condenatorios o absolutorios.

Pero para aceptar que sea considerada una excarcelación, el recurso en el que se reclama una libertad por no estar fija la sentencia debe ser impecable. Un error ínfimo en la redacción es suficiente para que la solicitud sea rechazada.

Uno de los jueces que integra la cuestionada sala del tribunal penal bonaerense, Horacio Piombo, admitió que está en desacuerdo con la ley que otorga la libertad pasados los tres años de prisión, pero adhirió al viejo principio según el cual la ley se hizo para respetarla y no para cuestionarla.

"La ley dice que no hay que valorar si la persona tiene un pronunciamiento en contra, sino que hay que anteponer la presunción de inocencia", expresó Piombo.

Consultado por Télam, Lanza no ignoró los puntos en contra que implica beneficiar a sus defendidos con la libertad temporaria. Entre ellos, mencionó el temor lógico de que el detenido viole las reglas y se fugue.

"Pero hay formas -dijo- de impedir esto, si se implementan mecanismos de control seguros, que posibiliten un seguimiento minucioso del recluso en libertad".

Está claro, además, que otra de las cuestiones que puede jugar en contra es que el caso Cabezas no será seguramente analizado por Casación como un asesinato más en la historia penal argentina.

El crimen que, según la Justicia, se cometió mediante "un complot" para beneficiar "los intereses" del magnate telepostal Alfredo Yabrán, se convirtió en un emblema de la lucha por la libertad de prensa frente a los sectores de poder. (Télam).