Más allá del escándalo político y mediático, la renuncia del presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia puso sobre el tapete una serie de cuestiones vinculadas con el funcionamiento de las instituciones y las concepciones que presiden el accionar de quienes las integran.

En este caso en particular, se trató del cobro doble de remuneraciones por parte del funcionario cuestionado, que percibía el sueldo correspondiente al cargo de vocal en el organismo de control, en forma simultánea con sus haberes jubilatorios generados en el ámbito municipal. Sin ser la base del conflicto, el monto de tales haberes otorgó mayor amplificación a la polémica.

Al decir de voceros del organismo, la doble percepción era conocida por sus pares desde que el vocal beneficiario se incorporó a él. Pero que, alegando la inexistencia de cláusula legal alguna que torne incompatibles ambos ingresos -por ser uno del ámbito municipal y el otro correspondiente a un órgano provincial autónomo-, se avaló su opción de donar a instituciones de bien público el monto percibido en concepto jubilatorio.

Este razonamiento no evitó que, desde la Legislatura, se haya pensado en motorizar su remoción por la vía del juicio político, invocando la carencia de ética que involucra la situación consignada. Esto es, aun cuando se verificase la efectiva destinación de la totalidad del monto a la finalidad benéfica enunciada, eso no convalida someter al arbitrio particular las rentas generales -o la porción de ellas aplicable a este caso-.

La situación particular del ex presidente, sin embargo, quedó subsumida en múltiples lecturas y derivaciones del episodio. Mientras él mismo atribuyó la maniobra a una reacción por los recortes de prebendas introducidos en su gestión, otros la pusieron en el marco de una confrontación política, que no tardaría en tener otras expresiones. En el medio, la disparidad de criterios sobre la propia regulación del organismo -actualmente a consideración de la Legislatura en el proyecto de Ley de Administración y Control-, se tradujo a través de nuevos manejos internos de dudosa raigambre, referidos a la manera en que esa información se canalizó públicamente.

Días atrás, en la Legislatura se planteó que los sueldos del Tribunal de Cuentas están entre los más altos de la provincia. Si básicamente se equiparan a los de un camarista del Poder Judicial, a eso hay que sumar una serie de adicionales y franquicias para el uso de teléfonos, combustible y reparación de vehículos. Como mínimo, las remuneraciones duplican el sueldo del gobernador de la provincia, que en algún momento se planteó como el tope a tomar en cuenta dentro de la administración pública.

Lo apetecible del puesto desde el punto de vista económico y su valor estratégico en términos políticos, han convertido al Tribunal de Cuentas en un espacio codiciado por los sectores de poder partidario y, a menudo, utilizado como pago de favores, ejercicio del "amiguismo" o sometido a intentos de manipulación.

La complicada convivencia de integrantes "técnicos" y "políticos" -según una división que algunos pretenden formular en términos absolutos y probablemente no sea tal- ha constituido otro factor de inestabilidad, generando conmociones internas que, en este caso, han tenido directa traducción hacia la opinión pública.

Independientemente de a quien se asigne la razón en cada uno de los aspectos controvertidos, el cuadro expuesto no se condice con la confiabilidad que debe investir un órgano como el Tribunal de Cuentas y la alta responsabilidad que le compete. Las prebendas, las intrigas, las especulaciones internas y la vinculación con intereses políticos, no se condicen con la naturaleza de un organismo técnico y de control. Nada menos que uno de los encargados de garantizar la juridicidad de los actos administrativos del Estado y que, por lo mismo, no puede dilapidar la confianza y los dineros públicos en objetivos subalternos.