El traficante de armas sirio Monzer Al Kassar desafió hoy al ministro de Economía, Domingo Cavallo, a enfrentarlo en un programa televisivo "cara a cara" para refutar sus acusaciones, y aseguró no tener inconveniente en viajar "mañana" si el juez Jorge Urso, que investiga el caso de contrabando de armamentos, lo cita.

Cavallo había dicho que el sirio era en realidad el "jefe de la organización" que consumó el tráfico de armas y que Emir Yoma, detenido en esa causa, sólo trabajaba bajo sus órdenes.

Al Kassar reclamó que se "pregunte al señor Cavallo dónde están las pruebas de su afirmación; ésta es una pregunta para Cavallo, no para mí", y ratificó estar "dispuesto para ir a hablar cara a cara; desafío al señor Cavallo para un programa cara a cara".

Por otra parte, Al Kassar consideró como "normal" la ayuda que recibió en la Casa de Gobierno, durante la presidencia de Carlos Menem, para tomarse una fotografía y tramitar allí su pasaporte, cuya legalidad fue cuestionada.

"Fue un trámite muy normal: fui como residente dos años, después de ese tiempo pude pedir la ciudadanía, y también tengo un hijo, y la ley dice que el hombre que tiene un hijo argentino tiene derecho a la ciudadanía", prosiguió.

Respecto del caso de su presunta vinculación con la venta de armas argentinas a Ecuador y Croacia, sostuvo que "cuando vaya al juzgado voy a declarar toda la verdad. La prensa dice muchas tonterías. No quiero contestar, no tengo nada que ver con ese tema; es un invento de la prensa, no hay ninguna asociación comercial".

Cuando se le preguntó qué ocurriría en caso de ser citado por Urso, respondió sin vacilar: "Voy a viajar mañana. No tengo ninguna citación del señor Urso, y si el señor Urso me manda una citación viajo mañana".

"La gente siempre busca un nombre para su interés. Cada vez que hay problemas en la Argentina, busca la `cabeza de turco'. Cada vez que hay problemas siempre sale mi nombre, que es muy cómodo para la prensa, es un nombre muy famoso. Hace más de diez años que no trabajo en armas. Cuando trabajé en armas, siempre fue en forma legal", prosiguió.

Ayer, en una entrevista concedida a Canal 13, Al Kassar rechazó toda responsabilidad en la venta ilegal de material bélico argentino a Ecuador y Croacia, y salió a responder a Cavallo: "El es el jefe de la banda, no yo".

Por su parte, la diputada de la Alianza Graciela Ocaña se presentó ante el juez Jorge Urso para entregarle documentación referida a la curtiembre Yoma SA y la empresa uruguaya Elthan Trading, la propietaria de la mayoría accionaria de la curtiembre.

"Los documentos muestran sospechosos aportes de capital hechos a Yoma SA, donde no se aclara procedencia, y con fechas coincidentes a los últimos envíos de armas a Croacia y Ecuador", adelantó la legisladora.

Ocaña también le entregará al juez "documentación del acta constitutiva de la empresa donde describe que se había constituido con un capital social de 5 mil pesos, pero hasta diciembre de 1996 sólo se habían integrado 2.500. Es decir que Elthan le envió a Yoma SA más de 30 millones contando con un capital de 2.500 pesos".

Ayer el fiscal Carlos Stornelli solicitó el procesamiento y prisión preventiva del ex asesor presidencial Emir Yoma, como cabecilla u organizador de una asociación ilícita en la causa en la que se investiga la venta de armas al exterior.

Yoma fue indagado, en el marco de la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, como presunto cabecilla u organizador de una asociación ilícita y se dispuso su detención, que cumple en dependencias de Campo de Mayo.

La figura legal que se le imputa a Yoma, prevista en el artículo 210 del Código Penal, contempla severas penas que imposibilitan el otorgamiento del beneficio de la excarcelación, por lo que -de seguir el juez Urso el criterio sugerido por el fiscal- Yoma deberá continuar detenido. (Télam/DyN).

La diputada radical disidente, Elisa Carrió, advirtió que "ni al presidente de la República, Fernando de la Rúa, ni al ministro de Economía, Domingo Cavallo, les importa que un funcionario haya cometido un delito o no", al referirse a la posibilidad que desde la presidencia no se tome en cuenta el dictamen de la Comisión Bicameral que podría aconsejar la remoción del titular del Banco Central, Pedro Pou.

Cabe señalar que la Bicameral tenía previsto reunirse a partir de las 13 de hoy y producir el dictamen, el que, según las versiones, no sería favorable al titular del Central.

"En la Argentina me parece que hay cómplices y que hay gente que busca la verdad. Yo tengo claro desde hace bastante tiempo que el presidente de la República no busca la verdad", agregó la diputada.

De esta manera, Carrió consideró una falta de voluntad política del gobierno para colaborar con la investigación por lavado de dinero en el país que llevó a cabo el Senado de los Estados Unidos y en la que estaría mencionado el titular del Banco Central.

La legisladora advirtió que en el caso de que el presidente De la Rúa no tenga en cuenta el dictamen del Senado para resolver sobre esa situación, sería "grave desde el punto de vista institucional".

Si la Justicia considera finalmente probado que el detenido empresario Emir Yoma fue el "organizador" de una presunta asociación ilícita que traficó armamento a Ecuador y Croacia, entonces quedará pendiente determinar quién fue el jefe de esa organización delictiva.

El 7 de abril pasado Emir fue detenido y el juez federal Jorge Urso le atribuyó el rol de "organizador" del grupo que exportó material bélico a países en guerra, en forma clandestina.

Desde entonces, ha habido silencio en los Tribunales federales ante la obvia pregunta: ¿quién es el jefe?

El fiscal Carlos Stornelli pidió el procesamiento y la prisión preventiva de Emir como presunto "organizador" de una asociación ilícita.

En el sistema penal argentino rige una sanción mínima de cinco años de prisión (no excarcelable) "para los jefes u organizadores" de toda "asociación o banda de tres o más personas, destinada a cometer delitos".

Es decir que en el Código Penal, que se ocupa de ese ilícito en su artículo 210, jefes y organizadores parecen sinónimos. Sin embargo, en la práctica penal se diferencian los roles de unos y otros.

Para la Justicia, por ejemplo, el destituido juez federal Hernán Bernasconi fue el jefe de una banda que fabricó evidencias para encarcelar a ricos y famosos por supuesto tráfico de drogas. Es decir, el entonces magistrado tendría la responsabilidad máxima de lo ocurrido.

El "organizador" de ese grupo fue, según se consideró probado en un juicio oral, el ex secretario federal Roberto Schlagel, que purgó varios años de cárcel por haber cumplido ese rol en la banda que habría comandando Bernasconi.

En el expediente de las armas parece definirse que Emir actuó como "organizador" de las maniobras. Pero no es posible representarse, en esa hipótesis, que Yoma obedecía órdenes del ex interventor de Fabricaciones Militares (FM) Luis Sarlenga. El jefe, necesariamente, debió ser alguien con autoridad sobre el ahora detenido empresario.

El ex jefe del Ejército, Martín Balza, reiteró hoy que no firmó "nada ni ilegal ni legal relacionado con la venta de armas"; sostuvo que está "muy tranquilo" y que todo el que tenga que responder a la Justicia debe hacerlo "sin excepción".

"No firmé nada ni ilegal ni legal relacionado con venta de armas", dijo Balza, en relación con su procesamiento en la causa en la que se investiga la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.

El ex jefe del Ejército explicó que ni él ni el jefe actual, general Ricardo Brinzoni, "tenemos autoridad como para disponer de los bienes del Estado, del Ejército".

Asimismo sostuvo: "Estoy muy tranquilo, y a la Justicia no debe temerle nadie que tenga su conciencia tranquila". (Télam).